Para quienes hemos tenido experiencias desagradables, por poner un calificativo no tan drástico, con policías de tránsito, municipales, locales o incluso federales, la generalización del gremio y la distancia que deseamos mantener con ellos parece irremediable. Después de ver y sentir, Una película de Policías, de Alonso Ruizpalacios, no volverá a sucederme. Porque esta película no sólo se ve, sino que remueve prejuicios, ilustra la realidad en la que las y los policías mexicanos están inmersos.
El desprecio que buena parte de la ciudadanía tiene por la policía del tipo y del nivel que sea, no es gratuito. La institución está levantada sobre andamiajes de complicidad con la delincuencia y abuso de la fuerza. México es el segundo país de Latinoamérica donde los ciudadanos se sienten menos seguros y desconfían más de la policía, el primero es Venezuela; de acuerdo con datos de la encuesta realizada por Gallup –una empresa estadounidense de datos y análisis–.
Es la experiencia la que marca esta percepción degradante. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana estima que el 45.6% de los ciudadanos que estuvieron en contacto con la policía en lo que va del año ha sido víctima de un acto de corrupción por parte de las autoridades.
No es exageración, revisemos algunas de las groseras condiciones con las que laboran: De acuerdo con el primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (Enecap) 2017, las policías municipales trabajan, en promedio, 67.5 horas a la semana; 5% no tiene comida suficiente todos los días; sólo un policía de cada diez tiene lo suficiente para pagar la renta; tres policías de cada diez no pueden pagar las medicinas y atención médica suya y de sus dependientes económicos ni cubrir las necesidades escolares de sus hijos; casi una cuarta parte pagan cuotas de su bolsillo para tener equipo de protección y conseguir al menos una prenda de su uniforme por cuenta propia; hay policías con responsabilidades altas que reciben 1,500 pesos semanales de salario.
Por lo menos 95% de las carpetas de investigación que se inician al año deben ser atendidas por las autoridades municipales y estatales. De acuerdo con la encuesta a población general que realizó el World Justice Project (WJP) para su Índice de Estado de Derecho en México 2017. El 60% de las personas que buscan ayuda son atendidas por integrantes de una policía municipal, seguido de las policías estatales con 9.15 % de este tipo de contactos voluntarios. La Policía Federal, cuyo lugar ocupa la Guardia Nacional, no alcanza ni 5 % de las interacciones con víctimas o testigos. Esto puede explicar también que el desprestigio de la Guardia Nacional no sea todavía el de las policías.
Una película de policías nos muestra a dos seres humanos que te pudiste haber cruzado en un puente peatonal, en una patrulla, en una oficina policial. Su historia y su auténtico interés de compartir lo que atravesaron siendo policías, los hace entrañables y cercanos. Vivir su experiencia a través de la pantalla incomoda, al grado de querer cambiar ahora mismo y de fondo las condiciones paupérrimas con las que son entrenados, contratados y controlados.
El deliberado descuido en el que la estrategia de seguridad nacional ha colocado a las y los policías, puede ser una de las múltiples explicaciones del fortalecimiento del crimen organizado. La precariedad laboral de los agentes de la seguridad debe ser considerada la principal causa de la corrupción en la institución.
México tiene la urgencia de que haya una mayor atención a la formación de policías profesionales. Que sepan cosas básicas como primeros auxilios, entrenados correctamente, hasta que sean retribuidos de manera justa por su labor.
Su tarea es protegernos, así que definitivamente tendríamos que garantizarles condiciones dignas y ofrecer los suficientes incentivos para que formar parte de un cuerpo de policías signifique una honrada retribución al respeto y orgullo que deben representarnos.
@MaiteAzuela