En México, el peso de la ley no se mide por la gravedad del delito, sino por la clase social y la posición del infractor ante el fisco. El aparato punitivo del Estado padece de una alarmante ceguera selectiva: mientras que a las redes de criminalidad como los esquemas de factureros el sistema les otorga cierto nivel de presunción de inocencia solo por estar dados de alta en el RFC; para las vagoneras del Metro de la CDMX, la presunción de inocencia no existe; para ellas existe el tolete. Ellas no cometen delitos, hacen lo que pueden con lo que tienen al son de “10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta…”
El testimonio de Patricia Martínez Rentería, fundadora de la colectiva Leonas en Manada, es una radiografía brutal de lo que significa “ganarse la vida con honradez” bajo el acoso policial. Las detenciones no solo quitan la mercancía; quiebran la psique de las infancias de esta ciudad. Al preguntarle sobre el impacto de los operativos en los niños hijos de las vagoneras, Patricia describe: “Primero es traumático: lloran, gritan ‘no se lleven a mi mamá’, se abrazan a sus piernas. Eso pasa las primeras veces; después se vuelve coraje. Los niños les pegan a los policías tratando de defender a sus madres”.
Para las madres vagoneras, la experiencia es de “impotencia, dolor y coraje”, atrapadas en un sistema que las empuja a los vagones al no ofrecerles alternativas reales de cuidado. El caso de su compañera Edith, separada un año de sus hijos bajo la acusación de “omisión de cuidados”, evidencia el modus operandi de una cacería humana en el subsuelo: policías y personal del DIF bajan a los vagones a cazar madres.
La narrativa oficial suele tachar el comercio informal en el Metro como un “problema de seguridad” o un capricho de grupos fácticos, ignorando que es el síntoma de una economía fracturada que no genera empleo digno ni provee sistemas públicos de cuidado.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, la tasa de informalidad laboral en México se ubica en un aplastante 54.8%, lo que se traduce en más de 32.9 millones de personas que trabajan fuera de los esquemas de seguridad social tradicionales. En este universo, las mujeres de las clases populares son las más vulnerables, obligadas a resolver de forma simultánea la subsistencia y la crianza: “Cuando son pequeñitos trabajamos cargándolos o llevándolos de la mano”.
Frente a esta realidad, la propuesta de las Leonas en Manada es implementar un plan piloto autogestivo para formalizar el trabajo en los vagones del Metro, pero ha chocado contra la pared de la “falta de voluntad política” en el Palacio de Ayuntamiento.
El Gobierno de la Ciudad de México debe asumir la responsabilidad de los discursos de odio que propaga desde las instituciones. Al exhibir a estas mujeres esposadas, el Estado manipula la percepción pública: “Cuando atrás hay jóvenes estudiantes que también el Metro es un empujón para terminar su carrera, madres que trabajan para darles estudios a sus hijos, madres de la tercera edad que no tienen quien las mantenga”.
Mientras el Gobierno de la CDMX despliega su cara más amable y fotogénica a través de la «ajolotización» urbana –revistiendo muros, transportes y propaganda con la tierna silueta del anfibio nativo como un fetiche de identidad y orgullo chilango–, bajo el asfalto se despliega una paradoja de crueldad absoluta. La estética oficial santifica al ajolote en los murales, pero persigue con toletes, esposas y despojo a las verdaderas ajolotes del metro: aquellas madres de las clases populares que, en una analogía viviente de la criatura que carga a sus crías a cuestas y se regenera ante la adversidad, resisten en los vagones para defender el pan de sus hijos.
Es urgente que el gobierno de la CDMX atienda a las vagoneras y, de una vez por todas, busque una solución para que puedan trabajar con seguridad.
@MaiteAzuela
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