En días pasados el presidente López Obrado anuncio su intención de emitir un decreto mediante el cual la Guardia Nacional dejará de reportar a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, - un mando civil como obliga la constitución – para pasar a depender formalmente de la Secretaria de la Defensa Nacional, esto es, del mando militar.
Este anuncio pone en evidencia varios hechos, cada uno más preocupante que el otro. El primero es la aceptación explícita por parte del presidente de que sus anunciadas y anheladas reformas constitucionales no tiene cabida ni futuro, al menos no en su sexenio. El segundo, como lo ha demostrado ya en forma recurrente, que las leyes no son ni deben ser un obstáculo para el alcance de los objetivos políticos. Una de sus máximas, que seguramente pasará a la historia, es que la justicia debe estar por encima de las leyes, lo que en la práctica significa que el jefe del ejecutivo puede hacer caso omiso de los poderes legislativo y judicial si lo que él propone se contrapone a las leyes, pero lo considera justo.
El tercero, que el ejército es el custodio del poder del pueblo, que viene a sustituir a la constitución, los órganos electorales, el poder judicial y, lo más preocupante, a cualquier instancia de gobierno civil. Lo dijo expresamente: esta decisión lo que busca es hacer más difícil que gobiernos posteriores den marcha atrás a nuestras decisiones o “al menos que les cueste más trabajo”. ¿Debemos entender por esto que los militares habrán de defender con las armas lo que no se pueda defender con las leyes? Si un nuevo gobierno constitucional decide dar marcha atrás a estas decisiones ¿el ejército pondrá las armas por delante para “proteger los intereses del pueblo”?
El presidente López Obrador ha asignado a las fuerzas armadas funciones, recursos y poder de decisión como nunca lo habían tenido en el México moderno. Ha puesto en sus manos la construcción de obras de infraestructura: aeropuertos, trenes, sucursales bancaria, etc.; el manejo de los puertos marítimos y la administración de las aduanas y, lo más delicado, la seguridad pública del país.
¿Cuáles han sido los resultados? Un nuevo aeropuerto que ni los prestadores de servicios ni los usuarios tienen interés alguno en utilizar. Un tren turístico multimillonario, con serios efectos ecológicos y muy dudosa viabilidad económica. Lo más preocupante: desastrosos resultados en materia de seguridad pública, el problema que más aqueja a los mexicanos y al país en su conjunto.
El secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval parece haber recibido con beneplácito la notica, tanto así que ya anunció que será en el desfile del 16 de septiembre cuando se realice la ceremonia formal en la que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez, le hará entrega del mando de la Guardia Nacional a los militares.
¿En dónde dejan todas estas decisiones a nuestras fuerzas armadas? ¿En dónde quedará su credibilidad y su legitimidad cuando ya no este López Obrador para defender todos los despropósitos que han provocado sus decisiones y que nuestras instituciones armadas han acatado?
Todo parece indicar que el desfile del 16 de septiembre será un evento fuera de lo común. En su momento anunció el presidente que será también ese día cuando anunciará su respuesta a las demandas de los socios comerciales de America del Norte. ¿Qué nos espera para esa celebración? ¿militarismo y nacionalismo a ultranza?
Como espectador de la vida política del país no deja de sorprender como tanto los militares como los seguidores del líder de Morena han avalado y han sido corresponsables de sus decisiones. Son decisiones que no solo van en contra de la institucionalidad democrática del país, sino que amenazan con dejar un caos una vez terminado el sexenio ¿Realmente pensarán que la 4T llegó para quedarse y que ya nada es reversible? ¿Serán ahora los militares los directamente responsables de sostener en el poder a quien suceda en la presidencia a López Obrador?
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