Es imposible divorciar república de democracia. La concentración del poder siempre termina promoviendo sociedades con poca inclusión, ya que no se toman en cuenta los intereses de las mayorías; con mayor corrupción, porque la querencia los lleva al otorgamiento de privilegios y a regímenes concesionarios para mantener el poder; y con menores libertades ciudadanas y de minorías, al despreciarse el derecho y favorecerse la “justicia” definida por el líder en turno.
En la historia de México, la concentración del poder en el Ejecutivo ha sido utilizada como pretexto para favorecer la gobernabilidad o para aspirar a la transformación sin necesidad de molestarse con la opinión de los gobernados y la garantía de los derechos por medio de la división de poderes. Pocas veces se ha logrado un sano equilibrio entre ellos y por extensos periodos se ha abusado de la figura presidencial.
Los gobiernos del PRI hasta hace pocas décadas encarnaban precisamente este modelo de concentración y de derechos metaconstitucionales en manos del presidente en turno. Siempre en beneficio de los “intereses superiores de la Nación” y la defensa de la “soberanía”.
Ahora se aprecia que la cuarta transformación consiste en un regreso al PRI rancio en el cual se tenía control pleno del poder legislativo y del poder judicial por medio del nombramiento y manipulación de jueces y magistrados y con la complicidad de gobiernos estatales y municipales cuyas finanzas públicas dependen de las transferencias federales decididas en Palacio Nacional.
El regreso a ese modelo no es una teoría, sino que ha sido expresado como el Plan C por el presidente López Obrador y ahora también por la doctora Sheinbaum, que se ha pronunciado a favor de que los ministros de la Corte sean destituidos para ser reemplazados mediante el voto popular. El gobierno federal parece estar dispuesto a utilizar todos los medios posibles para lograr mayorías calificadas en ambas cámaras, diputados y senadores, con el objeto de cambiar la Constitución para alterar el equilibrio de poderes y para el regreso de la rectoría económica del Estado.
El nivel de ambición del gobierno ha ido creciendo conforme el peso se ha ido apreciando. Durante la campaña electoral para 2018, el candidato Andrés Manuel López Obrador moderó discurso y propuestas con el fin de allegarse votos de las clases medias y por el temor de que resultaran en devaluaciones del peso. Sus asesores más cercanos le argumentaban que era mejor no presentar ideas radicales para evitar la reacción en el mercado de cambios.
La gran prueba vino con la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. El anuncio tuvo un doble impacto negativo en la inversión: una devaluación inmediata y una caída significativa en la inversión en activos fijos. El efecto inmediato, sin embargo, fue de corta duración ya que en diciembre de 2018 el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció un cambio en su postura monetaria hacia una política otra vez laxa y sin más incrementos en la tasa de interés. Posteriormente, con el arribo de Covid, la política monetaria inyectaría mucha mayor liquidez. Este cambio y el posterior incremento preventivo de tasas de interés del Banco de México, aunado a una percepción de finanzas públicas relativamente sanas y flujos de dólares hacia México, siguieron fortaleciendo el peso durante el resto del sexenio hasta hace poco.
La caída en inversión real después de la cancelación tuvo un impacto más duradero, durante 2019 y luego un colapso en 2020 por el confinamiento en el contexto del Covid. En los últimos dos años la recuperación de la inversión privada ha sido muy fuerte impulsada por la necesidad de mayor capacidad por el incremento del consumo y del poder adquisitivo por salarios reales más altos y por el importante beneficio del nearshoring.
Esta apreciación del peso ha permitido la radicalización. A inicios del sexenio el compromiso era no modificar el cuerpo jurídico del mercado de energía. Con el tiempo se optó por endurecer el ámbito reglamentario y la actuación de reguladores antes autónomos, luego por modificar leyes federales en la materia (aunque fuesen violatorias de la Constitución) y después proponer reformas constitucionales, sin tener mayorías para ello (aunque fuesen violatorias de compromisos internacionales de México). En estos casos, y en otros sectores o relativos a las facultades reglamentarias y concesiones, no hubo reacción negativa del tipo de cambio por las políticas monetarias mencionadas. El impacto de la propuesta reciente de modificaciones a tarifas aeroportuarias en el tipo de cambio es la primera señal de que los mercados, ahora con tasas de interés más altas, podrían ser menos pacientes si se deteriora el ambiente de inversión.
El propósito del Plan C es, a todas luces, contar con total libertad para poder hacer los cambios que desee Palacio Nacional sin los contrapesos de la democracia, ni de la división de poderes, ni del estado de Derecho. El problema es que la concentración del poder que este plan implica resultará, sin lugar a dudas, en abuso de poder: una vez que se tiene, se vuelve impensable no usarlo.
Este gobierno no ha tenido empacho en enviar al Congreso iniciativas de ley violatorias de la Constitución a sabiendas que lo eran, para luego culpar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de corrupta, conservadora y otros apelativos y con la esperanza de que los cambios quedasen firmes aun perdiendo las votaciones en el pleno 7-4, por el absurdo voto calificado que requiere de ocho ministros votando en el mismo sentido. Por ello, era tan importante para el Ejecutivo que cuatro de los ministros fuesen incondicionales, así como los ataques ad hominem a los que no lo han sido y ahora al Poder Judicial en su conjunto bajo el pretexto de los fideicomisos.
Las posibilidades de implementación del Plan C son más amplias de lo que se piensa. Por un lado, lo puede lograr Morena sin problema si consigue dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado y gana la ciudad de México. El triunfo en esta última es muy importante ya que el mecanismo para presionar políticamente, incluida a una presidenta de Morena, pasa por manifestaciones en la capital que sólo puede financiar el ayuntamiento con asiento en el Zócalo.
Sin embargo, la combinación de mayorías simples en ambas cámaras con cuatro o más ministros dóciles en la SCJN bastaría para enmendar la Constitución a través de modificaciones a leyes federales que ya no podrían ser revertidas en el máximo tribunal en controversias constitucionales. Más aún, un segundo gobierno al hilo garantizaría, no sólo la mayoría calificada, sino la simple en la SCJN con el paso del tiempo.
Así, el país requiere (también la futura presidenta cualquiera que ella sea) de una elección que sea al tiempo competida, para que las propuestas de transformación tengan que ser ampliamente discutidas y sean respetuosas de los derechos ciudadanos, como respetada. Ambas cosas, competencia y respeto al resultado electoral, sólo se lograrán si el día de la elección vota una gran mayoría. El objetivo inmediato del gobierno parece ser dar a entender que la elección ya está decidida para impulsar el C. De los ciudadanos dependerá el resultado.
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