Para mí no hay derecho anterior a la libertad. Y como audiencia, mi derecho fundamental es uno solo: elegir lo que quiero, cuando lo quiero. Lo demás —por bien intencionado que se anuncie— tiende a la tutela, y la violencia tutelada, puede ser muchas cosas menos libertad.
Ya lo advirtieron quienes pensaron el poder antes que nosotros. Tocqueville, al final de La democracia en América, describió el despotismo que temía en los pueblos democráticos: no el del tirano que atormenta, sino "un poder inmenso y tutelar", encargado de asegurar las satisfacciones de los ciudadanos y de velar por su destino, "absoluto, minucioso, regular, providente y benévolo". Un poder que no prepara a los hombres para la adultez, sino que "busca mantenerlos en una infancia perpetua": se conforma con que el pueblo se divierta, siempre que no piense en otra cosa que en divertirse. Esa es la tiranía más difícil de combatir, porque llega vestida de bienestar. El país será una tiranía y la gente estará feliz, la fantasía de los totalitarios esculpida en la realidad cotidiana.
A esa estirpe, de violencia tutelada, es que pertenecen los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que esta semana presentó el gobierno federal.
El mecanismo es el que se ha señalado hasta el cansancio: el derecho de réplica.
Cualquiera —incluido el poder— podrá presentar una queja alegando que se difundió sobre su persona algo inexacto o falso. La estación deberá tener un Código de Ética y designar a un defensor de las audiencias; la defensoría recibirá la queja, pedirá informes y emitirá recomendaciones. Y si el medio no las atiende, entra la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con facultades para sancionar. Ahí está la figura jurídica nueva: la que crea dependencia, la que obliga al concesionario a aplicar la réplica y que, de no hacerlo, lo expone a la multa y quizá, más tarde, al peor castigo posible: el retiro de concesiones.
Nos dirán que hay una consulta pública, abierta del 27 de julio al 21 de agosto, y que participen ciudadanos, academia y concesionarios pero ya conocemos el guión, ¿de qué sirvió la consulta pública para la Reforma al Poder Judicial?
Resulta curioso que esto se presente justo ahora, en el momento en que la crítica de los medios al gobierno es más ácida y más dura por el tema del narcogobierno y las acusaciones que llegan desde Estados Unidos. Cuando más incómoda se vuelve la prensa, aparece el instrumento para tutelarla.
Por desgracia, a diferencia de los intentos pasados entorno al “derecho de las audiencias”, esta iniciativa contará con un gran respaldo, pasará rápidamente en el Congreso y muy pronto será aplicada como una guadaña de información.
La imparcialidad, la veracidad, la pluralidad o cualquier otro principio del periodismo y la comunicación, es una decisión libre y de carácter personalísimo, editorial y hasta comercial, no debería de ser jamás una obligación legal.
Calificar “algo” como información sesgada, imparcial o cualquier otro adjetivo, siempre tendrá una pesada carga preponderantemente subjetiva, existen mecanismos legales en las democracias para solucionar controversias de conductas relativas a la fama pública o incluso a la información usada para fines ligados al odio o el terrorismo.
Derecho de las audiencias es tratar a las audiencias como mayores de edad.
Derecho de las audiencias es dar a las audiencias más libertad con más opciones.
Derecho de las audiencias no es hacer que todos digan lo mismo con distintos tonos de voz.
Y, a todo esto, ¿a usted le preocupa más el derecho de las audiencias o la narcopolítica?
@LuisCardenasMX