Cada vez que una ciudad se prepara para albergar un megaevento deportivo, se suele insistir en las mismas promesas: desarrollo, modernización, turismo, inversión y prestigio internacional. La Copa del Mundo de futbol —quizá el espectáculo deportivo más importante del planeta— condensa como pocos acontecimientos esa narrativa.
El futbol es una experiencia humana compleja. Como juego, constituye una práctica vinculada con la convivencia y la construcción de comunidad. Desde las reflexiones de Johan Huizinga sobre el homo ludens hasta las múltiples tradiciones de juegos de pelota que han existido en distintas culturas, el acto de jugar se presenta como una necesidad humana fundamental. En una cancha improvisada, en un parque o en cualquier colonia, el futbol genera memorias compartidas y fortalece el sentido de pertenencia.
Precisamente por ello, resulta paradójico que un deporte capaz de reunir a las personas pueda también convertirse en un factor de exclusión. La historia reciente de los mundiales ofrece ejemplos que invitan a la reflexión. En distintas sedes se han documentado desalojos, desplazamientos de comunidades, incrementos en el costo de la vivienda, privatización temporal de espacios públicos y obras de infraestructura diseñadas más para responder a exigencias de los organizadores que a necesidades de la población local. En estos casos, la ciudad deja de ser un espacio compartido para convertirse en un escaparate destinado al consumo.
Frente a este panorama, el concepto de derecho a la ciudad adquiere una relevancia fundamental. Formulado por el filósofo Henri Lefebvre —y desarrollado posteriormente por diversos movimientos sociales y académicos—, este derecho afirma que las personas no deben ser simples espectadoras de las transformaciones urbanas. Quienes habitan una ciudad deben tener las puertas abiertas para participar en las decisiones que afectan su entorno y beneficiarse de los espacios y oportunidades que esta ofrece.
Defender el derecho a la ciudad significa afirmar que ningún proyecto urbano —por espectacular que parezca— puede justificarse si implica la vulneración de derechos o la exclusión de comunidades enteras. Significa también reconocer que las calles, plazas, parques y barrios poseen un valor social que no puede reducirse a criterios de rentabilidad económica o de imagen internacional.
En el contexto de la Copa del Mundo que organizan México, Estados Unidos y Canadá, esta discusión resulta especialmente pertinente. Las autoridades y los organizadores tienen la responsabilidad de garantizar que las inversiones asociadas al torneo beneficien realmente a la población, y no únicamente a exigencias temporales del evento. Los recursos públicos deben administrarse con transparencia. Y, sobre todo, cualquier intervención urbana debe considerar los derechos de quienes habitan los territorios involucrados.
En México —donde amplios sectores de la población enfrentan problemas relacionados con la vivienda, la movilidad, la inseguridad y el acceso a servicios urbanos básicos—, el Mundial no puede convertirse en una excusa para invisibilizar demandas legítimas. Al contrario: debería ser una oportunidad para preguntarnos qué tipo de ciudades queremos construir.
Celebrar el futbol y defender el derecho a la ciudad no son objetivos incompatibles. El problema no radica en el deporte ni en la alegría colectiva que genera, sino en la manera en que se organizan y gestionan los grandes eventos. Es posible disfrutar la fiesta deportiva y, al mismo tiempo, señalar riesgos para los derechos humanos.
El verdadero legado de un Mundial no es ni la cantidad de turistas recibidos ni las ganancias obtenidas durante unas cuantas semanas. Su valor precisa evaluarse también a partir de la calidad de vida que deja a quienes permanecen cuando los reflectores se apagan. Ciudades más habitables, más justas e incluyentes, representan un triunfo mucho más importante que cualquier marcador.
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