A diferencia de lo que ocurrió en casi todos los procesos de transición a la democracia en América Latina en los que, viniendo de dictaduras militares, el papel que debería tener el Ejército en el nuevo orden democrático fue un elemento muy delicado del que dependía la estabilidad política de los nuevos regímenes, en México las fuerzas armadas nunca tuvieron un rol determinante ni mucho menos disruptivo en el proceso de cambio político. Al contrario, siempre fueron un ancla de estabilidad que, con independencia de las alternancias que trajo consigo la democratización, siempre fueron leales al gobierno en turno sin importar el partido político del que emanaban. Ello responde al menos a tres razones.
1. A diferencia de las fuerzas armadas latinoamericanas que casi sin excepción estaban encabezadas por élites militares autorreferenciales (auténticas castas aristocráticas) con intereses y privilegios que proteger, el ejército mexicano siempre procuró una renovación y rotación periódica de sus mandos impidiendo que se enquistaran intereses específicos en su cúpula.
2. Derivado de lo anterior, el ejército no tenía intereses políticos específicos. Su lealtad siempre se ha debido al gobierno y al Estado, no a una inclinación política o ideológica concreta.
Esto no siempre fue así; al contrario. La consecuencia inmediata de la Revolución fue que prácticamente todos los jefes revolucionarios triunfadores se convirtieron en actores políticos y que durante tres décadas todos los presidentes fueron generales. De hecho, el Partido Nacional Revolucionario nació impulsado por Calles en 1929 teniendo como propósito englobar a todos los jefes políticos (todos militares) bajo un mando unificado y dentro de una misma organización política. Más tarde, con Cárdenas, al transformarse en Partido de la Revolución Mexicana y asumir una estructura corporativa en 1938, las fuerzas armadas fueron incorporadas al “sector militar”. No sería sino hasta 1946 cuando, al constituir el PRI, Ávila Camacho desapareció el sector militar.
Lo importante de ese periplo es que, como parte del proceso de institucionalización del país, era indispensable sacar a los militares de la política. Paradójicamente, ello pasó primero por incorporarlos a esta para disciplinarlos e institucionalizarlos, sometiéndolos a los intereses del Estado y del gobierno, para después separarlos de aquella.
Siempre se les permitió a los militares tener alguna presencia en el Congreso, pero ello implicaba que esos legisladores legalmente tuvieran que separarse de las fuerzas armadas y casi siempre se trató de oficiales en retiro. Y eso nunca significó un aliciente para que el Ejército y la Marina volvieran a tener intereses políticos.
3. Las fuerzas armadas mexicanas tampoco tuvieron nunca, a diferencia de sus homólogas latinoamericanas, intereses económicos. Siempre recibieron presupuestos suficientes, contaron con seguridad social de primer nivel y tuvieron siempre condiciones muy dignas, pero nunca tuvieron negocios y, por lo tanto, necesidad de incidir en la política para mantenerlos o incrementarlos.
Se trató de un arreglo institucional virtuoso que permitió que, en su momento, cuando finalmente se democratizó el país y se dejó atrás el régimen autoritario que prevaleció durante casi todo el siglo pasado, las fuerzas armadas siempre fueran respetuosas de la vida pública y se mantuvieran al margen de las transformaciones políticas.
De ahí el error histórico de AMLO que implica que hasta en eso hemos sufrido una grave regresión: al hacer a las fuerzas armadas responsables de actividades ajenas a su función y eminentemente civiles como la gestión de aduanas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, distribución de combustible, hoteles, líneas aéreas, distribución de medicinas, y sígale usted, se les dieron responsabilidades que conllevan, inevitablemente, intereses políticos y económicos con todo el riesgo que ello implica.
Ahora, a ver quién y cómo los saca.
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav