Aunque esperada, la decisión del gobierno norteamericano de no ratificar el T-MEC y de optar por la ruta de las revisiones anuales por los próximos diez años, no deja de ser un duro golpe para el clima de inversiones y, con ello, del principal elemento del desarrollo económico de nuestro país.
En efecto, aunque el Tratado perdura en los términos en los que fue originalmente negociado, las revisiones anuales abren un escenario de negociación permanente en el que México queda a expensas de las veleidosas condiciones que el gobierno de Estados Unidos decida poner sobre la mesa año tras año.
De nada van a servirnos, en el periodo que ahora se abre, los llamados a la racionalidad y a la sensatez a los que el gobierno mexicano ha venido desde hace meses invocando —y que, en el fondo, tienen razón— en el sentido de que el Tratado es un acuerdo ampliamente favorable para la economía de los tres países; que todos somos beneficiarios directos de la integración comercial y de las cadenas de suministros que se han construido en la región; que en términos geopolíticos y geoeconómicos es a todas luces conveniente la persistencia del mayor bloque comercial que se ha construido, no obstante el desfavorable déficit comercial que EU tiene con su vecinos y que es reiteradamente invocado por la administración Trump para alegar que se trata de un acuerdo desfavorable para ellos.
La estrategia de Trump se ha centrado en el capricho, en el chantaje permanente, en plantear cada vez nuevas condiciones y exigencias para compensar lo que, según él, son condiciones estructurales desfavorables para su país y eso continuará durante la próxima década, pretendiendo cada vez, revisión anual tras revisión anual, arreglos específicos en los que pretenderá siempre salir ganando.
La consecuencia es que México estará expuesto a tener que ceder —como ha venido ocurriendo sistemáticamente a lo largo del último año y medio— a todas sus exigencias que se nos planteen (con excepción, claro, de la entrega de las cabezas de los políticos morenistas que los estadounidenses demandan y que el gobierno de Sheinbaum ha decidido proteger y cubrir con un manto de impunidad).
Eso va a generar, se quiera o no, un contexto de gran incertidumbre para las inversiones en nuestro país.
Si a ello se suma el hecho de que los gobiernos de la sedicente “4T” han venido dinamitando todos los asideros políticos y jurídicos de la certidumbre en su afán de concentrar el poder de manera discrecional y arbitraria, primero con la reforma judicial que les sirvió para capturar políticamente a las y los jueces del país, luego con la reforma que desapareció a los órganos autónomos que servían de contrapeso a las arbitrariedades del gobierno (en materia de transparencia, de competencia económica y de telecomunicaciones, entre otras), más tarde con la captura de los órganos electorales y de los ajustes a las reglas del juego democrático con la clara intención de perpetuarse en el poder y, además, con el permanente desprecio por el respeto a la ley y a las reglas establecidas bajo el muy morenista dogma de que “no me vengan con que la ley es la ley”, pues la mesa está servida para que ocurra lo que ya ha venido pasando a pesar del intento por manipular las cifras y vender un panorama “color de rosa” que el gobierno hace todos los días: que la inversión no fluya y que, con ello, la economía se adentre en un escenario de estancamiento permanente —cuando no de un riesgo latente—, tal como lo evidencia la consistente baja en las notas que han venido haciendo de nuestra perspectiva económica todas las calificadoras internacionales.
Así, las ínfulas autoritarias que distinguen a los gobiernos de Morena en nada ayudan a generar la certeza que invariable y naturalmente pretende todo inversionista.
Entre la incertidumbre que viene de fuera y la que se ha generado desde adentro, se antoja muy difícil salir del atolladero en el que nos encontramos.
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