Una de las características distintivas de todo régimen autoritario es su concepción patrimonialista del Estado y de sus recursos. La idea de que “el Estado soy yo” (que suele atribuírsele a Luis XIV), y que encarna la expresión más pura y simbólica de las monarquías absolutas con las que surgieron los Estados modernos en Europa y que son la expresión más acabada de los regímenes autocráticos a lo largo de la historia, es la lógica de fondo que subyace a la mentalidad de todos los gobernantes autoritarios. En efecto, si el Estado soy yo, pues entonces puedo hacer legítimamente lo que quiera con sus bienes y recursos porque son, al fin y al cabo, propiedad de lo que yo encarno y represento.
Desde esa perspectiva, la necesidad de una autorización presupuestaria por parte de los órganos representativos del pueblo (los órganos parlamentarios), la consecuente imposibilidad de ejercer recursos no contemplados en los presupuestos, los controles del ejercicio del gasto y la supervisión de los órganos de auditoría, propios de las democracias constitucionales, son todos fastidiosos estorbos que impiden la capacidad de gobernar adecuadamente.
Los gobernantes autoritarios se asumen, en consecuencia, no sólo como los gestores y administradores de los recursos públicos, sino como quienes tienen el derecho de disponer de ellos indiscriminadamente, incluso, si fuera el caso, para satisfacer sus intereses particulares. Desde su perspectiva, todo gasto que se realiza por el Estado para el beneficio colectivo es el resultado de la magnánima decisión de los gobernantes que, en consecuencia, les debería ser reconocida por la población como producto de su infinita generosidad. El gasto público se convierte así en una generosa dádiva y no, como debería ser, el resultado de una responsabilidad de quien gobierna.
Por eso es tan sintomático el que, hace unos días, Mario Delgado, secretario de Educación del actual gobierno, con un sorprendente desparpajo haya afirmado en un video oficial de la dependencia que encabeza: “A partir de hoy inicia el depósito de la beca ‘Rita Cetina’ a casi diez millones de niños y niñas en escuelas primarias públicas. $2,500.00 pesos que les manda la señora Presidenta como apoyo para útiles uniformes o, por qué no, un buen libro”.
¿Les manda la Presidenta? ¿Pues qué esa beca no es un programa de apoyo social presupuestado y autorizado por la Cámara de Diputados que representa a la entera Nación mexicana (aunque en su actual integración esté indebidamente representada, por cierto, porque a los partidos de la coalición gobernante les fueron inconstitucionalmente asignados más legisladores de los que les correspondían de acuerdo con los votos que obtuvieron como, machacona e insistentemente, debemos seguir subrayando)? ¿Se trata de dinero de la Presidenta?
Y no, no es un mero e insignificante desliz del secretario Delgado, como pretende vender la propaganda oficialista; es algo más profundo: es la convicción autoritaria de que si esa beca existe es por ellos y a ellos debe agradecérselos la población. Es un abierto ejercicio de memoria de la infinita generosidad de la Presidenta que encabeza el gobierno de Morena, hecho casualmente a unos días del inminente inicio del proceso electoral de 2027, para que la ciudadanía no vaya a olvidarlo al momento de emitir su voto.
Es el atento —y autoritario— recordatorio de que “amor con amor se paga” —como le encanta decir al morenismo—. El partido oficial y el gobierno entero ya están desde hace semanas y meses en “modo electoral” (de hecho, como suele ocurrir con los gobiernos populistas, en realidad éstos viven en una campaña electoral permanente) y por ello aprovechan para usar políticamente, en su beneficio, los recursos del Estado que, según su lógica, para eso están.
Patrimonialismo y clientelismo son, así, dos de los elementos adicionales que aderezan y sostienen la regresión autoritaria en la que estamos inmersos.
Investigador del IIJ-UNAM @lorenzocordovav
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