(In)equidad en la contienda

El crear condiciones de equidad en la contienda que le permitieran a todos los contendientes contar con elementos mínimos para competir electoralmente con posibilidades reales de triunfo, fue uno de los ejes sobre los cuales evolucionó en clave democrática nuestro sistema electoral.

Desde mediados de los años 90, inyectar equidad en las elecciones se convirtió en una de las preocupaciones prioritarias que conllevaron profundos cambios a las normas electorales.

Esas condiciones de equidad se consiguieron a través de cuatro grandes mecanismos:

Garantizar, mediante un financiamiento público generoso, que todos los partidos contaran con recursos para mantener una estructura permanente, así como para sufragar sus gastos de propaganda durante las contiendas electorales.

Permitir, mediante una profunda reforma al modelo de comunicación política, que los partidos políticos tuvieran acceso a los medios masivos de comunicación sin tener que depender de la compra de esos espacios. Ello se logró mediante un esquema en el que los partidos tuvieron acceso permanente y gratuito a la radio y la televisión a través del uso de los tiempos del Estado puesto a su disposición de manera gratuita, que sería administrado y garantizado por el INE.

Prohibir expresamente en la Constitución la indebida injerencia de los servidores públicos y el uso de los recursos del Estado para beneficiar alguna fuerza política, estableciendo en consecuencia que ningún funcionario pudiera pronunciarse en favor o en contra de cualquier partido político o candidatura, debiendo asumir un respeto al principio de neutralidad.

Finalmente se estableció que las actividades de proselitismo, tanto al interior de los partidos para alcanzar una candidatura, como en la contienda electoral entre candidaturas, debían respetar los plazos y tiempos establecidos en los periodos de precampañas, en el primer caso, y de campañas, en el segundo, evitando anticiparse a los plazos legalmente fijados.

Para mediados de la década pasada, no sin dificultades, el conjunto de reglas para propiciar una “cancha pareja” en la contienda electoral permitieron que ocurrieran niveles inéditos de competitividad y que la alternancia en el poder por la vía de las urnas se multiplicara, convirtiéndose auténticamente en parte de la normalidad de la vida política del país.

Sin embargo, la irresponsabilidad de Andrés Manuel López Obrador como gobernante (quien como opositor exigió enérgicamente muchas de esas reglas de equidad y también fue el principal beneficiario de las mismas) y la condescendencia y permisividad con la que actuaron las autoridades electorales, implicaron que se transgredieran sistemáticamente las normas en esta materia en la elección 2024 a través de una intervención reiterada y sistemática en favor de las candidaturas de la coalición gobernante y en contra de la oposición.

También las decisiones del INE y del TEPJF permitieron y legitimaron que Morena, primero, y la oposición, después, violaran flagrantemente las reglas temporales de promoción electoral, anticipando las actividades de proselitismo más de medio año antes del inicio formal de las precampañas.

El daño provocado por la condescendencia de las autoridades que debían garantizar el cumplimiento de las reglas de equidad, aunado al relajamiento de la fiscalización de los recursos y el ablandamiento de las sanciones a las infracciones cometidas en esta materia, dieron al traste en las condiciones de equidad en la pasada elección federal. Nunca, en la historia reciente del país, habíamos tenido elecciones tan inequitativas producto de la impunidad que propiciaron tanto el INE como el TEPJF.

Ese es el contexto que aún prevalece de cara a las elecciones de 2027, como lo evidencia el hecho de que ya hay candidaturas designadas (aunque con otras denominaciones) por Morena (y pronto por el resto de los partidos) frente a la indolencia de los órganos electorales para hacer cumplir la ley.

Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav

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