Una de las cosas que la élite política debe entender mejor es que no se puede separar, de manera tajante, un proceso de integración económica y comercial de otras interacciones y agendas que transcurren de manera simultánea en la región.
Para México, es claro que su principal objetivo de política económica y exterior es mantener el T-MEC. Nuestra vinculación con Estados Unidos es hoy la mejor opción que tenemos. Yo celebro que hayamos puesto al día nuestro instrumento comercial con Europa, pero no perdamos de vista el mapa. Ojalá diversifiquemos nuestro comercio, pero hoy por hoy la prioridad es mantener abierta la puerta de América del Norte.
La negociación comercial se ha dado con un alto nivel de pragmatismo; mordiéndonos la lengua hemos aceptado que los aranceles han llegado para quedarse. Lo que ha hecho México es capear el temporal de la mejor manera.
Si esto es cierto para el comercio, a fortiori lo es para la seguridad y esto es algo en lo que el gobierno parece tener una confusión. Estados Unidos ha definido sus prioridades de seguridad en varios documentos públicos. El primero de ellos es la estrategia de seguridad nacional; también puede consultarse la estrategia de defensa, la contraterrorista y, por supuesto, la estrategia de combate a las drogas, cuya cabeza ha pospuesto su visita en México.
Con la misma claridad que se acepta, como un hecho consumado, el tema de los aranceles debería entenderse que cuando la potencia prioriza su interés nacional está mandando un mensaje diáfano. Si se ha establecido que las organizaciones criminales mexicanas son grupos terroristas (y para que lo entendiéramos mejor, el secretario del Tesoro equiparó a Hezbolá con el Cártel de Sinaloa), es evidente que utilizarán todos sus recursos para destruirlas.
Hace 20 años, cuando Estados Unidos desplegó la estrategia antiterrorista para enfrentar a las organizaciones islamistas, hizo todo lo que a su alcance estuviera para castigar a los gobiernos que las protegían, como por ejemplo Paquistán, y por supuesto Afganistán (al que acabó invadiendo) y desplegó una serie de restricciones financieras a Arabia Saudita por los vínculos de Bin Laden, para que no hubiese el menor resquicio para financiar el terrorismo o servir de santuario. Para cualquiera que lea los libros de historia, queda claro que cuando la potencia fija prioridades de seguridad nacional es poco práctico utilizar los argumentos tradicionales de la soberanía.
México y su gobierno deben persuadirse de que la convergencia en materia comercial implica, de manera creciente, la convergencia en materia de seguridad y la cooperación entre los países. Debe verse como una oportunidad de reforzar la interdependencia, de manera similar a como los europeos consiguieron, mediante la maduración institucional, que hubiese una reducción de los trámites para la extradición y así evitar que la soberanía de los países se convirtiera en un elemento de protección para los delincuentes y agilizar la cooperación de los socios para enfrentarlos (orden europea de detención y entrega).
De la misma manera, México debería pensar con el pragmatismo que la presidenta usó para desterrar a 92 criminales sentenciados, que la mejor manera de avanzar en la construcción regional es entender las prioridades del socio y adaptarse a ellas en la medida de lo posible, como lo han hecho en el ámbito comercial y en la cooperación para el control de las fronteras y los flujos migratorios.
No se puede tener todo. Si quieres convergencia es imposible separar la economía de la seguridad y menos cuando tu vecino te está acusando de algo tan grave como ser el santuario de los narcoterroristas.
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