No caeré en la tentación de los astrólogos, mucho menos de los aspirantes a consejeros áulicos de recomendar qué se debiese hacer, pero como ciudadano manifiesto mi sorpresa por el desarrollo de los asuntos nacionales. De la Constitución disponen como si fueran sus sandalias y en vez de mandar un mensaje de serenidad, tenemos a una mayoría que no sabe bien lo que quiere y modifica las reglas y las instituciones solamente para su provecho, con una actitud cada vez peor disimulada.
Veo con inquietud que el Banco Central, que ha tenido esa mirada complaciente con el gobierno, rebaje su pronóstico de crecimiento a niveles ligeramente superiores al 1%. No hay manera de decir que, considerando los contextos nacional e internacional, la economía mexicana no podría tener un mejor desempeño. Incertidumbre la hay y la habrá siempre. Pero también existe la posibilidad de ordenar las prioridades, particularmente cuando se tiene el control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y además un amplio poder extendido en todo el territorio nacional.
No es fácil explicar que en un contexto como el que tenemos el gobierno opte, como prioridad política, por reformas constitucionales que corrigen otra reforma constitucional hecha por ellos mismos. Corregir lo reformado habla de la enorme ligereza con la que trata la Carta Magna, que se ha convertido en una especie de cuaderno de notas de la presidenta en la que las sucesivas versiones del texto van desplazando a las anteriores, generando así una enorme zozobra. Además de esta reforma, no se les ha ocurrido mejor cosa que agregar dos modificaciones electorales que despiertan todo tipo de sospecha. Asimismo, aprovechan para darle vida (casi) eterna a los magistrados del muy maleable Tribunal Electoral. Normas abiertas y tribunales a modo es la mejor receta para crear incertidumbre. Claramente, la prioridad está en consolidar su hegemonía y no en apostar por la agenda de desarrollo y crecimiento económico.
Si esta fuese la prioridad, la presidenta debería destrabar la tramitología que impide el crecimiento. Buena parte de lo que no ocurre en este país es por el árbol regulatorio y la cadena de trámites que parten de lo federal y terminan en lo local. En México el Estado casi nunca ayuda. Aparece siempre reglamentando todo: fichas, aduanas, permisos, revisiones. Vamos, hasta para pedir un libro por Amazon te piden credenciales y te cobran impuestos. Es muy raro que tengas un gobierno que te diga que puedes desarrollar tu actividad sin interferencias y cobros. Si la jefa de la administración pública llamara a las dos grandes cabezas regulatorias que son la Agencia Digital y la Secretaría de la Función Pública (hoy llamada Anticorrupción), podría usar todo su poder para meter una lavativa a la estructura burocrática del país. Gobernación podría, en acuerdo con los dúctiles gobernadores, trabajar en una agenda de simplificación administrativa que desatascara esa tubería indigesta que impide al país crecer. Tenemos una selva burocrática, un funcionario en cada rama.
Una buena herencia sería transformar administrativamente este país y no seguir con sueños guajiros de controlarlo electoralmente. Muchos y muy poderosos regímenes, como el boliviano o el húngaro, han visto sus días pasar y lo que queda es aquello que deja un gobierno en obras públicas, servicios públicos, rigor y solidez administrativa.
Si yo fuese su consejero, que no soy, le diría: presidenta, su mejor legado sería que este país funcione mejor y no que su partido sueñe con perpetuarse en el poder por las malas.
Analista. @leonardocurzio