El T‑MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 como la modernización del viejo TLCAN, con el objetivo de integrar más profundamente las cadenas productivas de América del Norte bajo reglas más estrictas y transparentes. A seis años de su arranque, el tratado enfrenta su primera revisión formal obligatoria, un ejercicio que ya no es solo técnico-comercial sino político, en un contexto radicalmente distinto al de su firma. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca convirtió lo que debía ser una evaluación de rutina en una negociación ríspida, donde aranceles sectoriales contrarios al libre comercio, el origen de los componentes e insumos, la presión sobre las cadenas de suministro y aspectos extracomerciales redefinen ampliamente los términos del acuerdo.
El mensaje más relevante de las reuniones preliminares no fue el calendario, sino la claridad que Greer transmitió a líderes empresariales: los aranceles impuestos por Trump no desaparecerán, independientemente del resultado de la renegociación. La Sección 232, que grava acero y aluminio con tarifas de hasta el 50% sobre productos primarios y 25% sobre derivados, seguirá operando en paralelo al T‑MEC, incluso para bienes que cumplen reglas de origen. La única concesión parcial anunciada es la reducción del arancel de 50 a 25% para el acero y aluminio mexicano destinado a la industria automotriz, condicionada al cumplimiento estricto del esquema melted and poured dentro de la región. La puerta se entreabrió, pero los requisitos para cruzarla son exigentes: las empresas deberán demostrar un origen norteamericano integral o presentar planes de relocalización.
El sector automotriz es el frente obligado en las negociaciones. México importa una proporción significativa de autopartes de China, en torno a 35% en algunos segmentos clave, y Washington busca elevar las exigencias de contenido regional para excluir insumos de origen asiático. Las reglas actuales exigen 75% de valor de contenido regional para vehículos ligeros, una meta que se elevó gradualmente desde 62.5% pactado en el TLCAN hasta llegar a 75% en 2023, con niveles similares para autopartes esenciales. Todo parece indicar que se buscarán umbrales aún más altos en la nueva versión del acuerdo. En este contexto, las exportaciones mexicanas de material de transporte cayeron alrededor de 7% en 2025 y se desplomaron cerca de 17% en el primer bimestre de 2026 frente al año anterior, en un escenario de ajustes logísticos y presión arancelaria.
Con todo, el balance del primer año de aranceles de Trump desmiente los peores pronósticos. En marzo de 2026, México exportó bienes a Estados Unidos por 70 mil 727 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico y un crecimiento anual de 27.7%, según datos del Inegi. La clave detrás de esta fortaleza es el empuje en el cumplimiento de las reglas de origen: un ejercicio de cálculo sectorial estima que se pasó de 48.6% existente antes de la aplicación de aranceles a 75.1% al cierre de 2025, una ganancia de 26.5 puntos porcentuales en apenas un año. El dinamismo también se reflejó en la balanza comercial, que en marzo de 2026 registró un superávit de 5 mil 932 millones de dólares, frente al déficit de 463 millones de febrero. En el primer trimestre del año, además, las exportaciones acumularon un crecimiento de 17.3% anual.
Si las partes alcanzan consenso en la revisión de julio, el T‑MEC se prolonga hasta 2042; de no hacerlo, el acuerdo podría quedar sujeto a revisiones anuales entre 2027 y 2035 y, en última instancia, extinguirse en 2036. Washington llegará a esa mesa buscando mayores restricciones sobre componentes asiáticos, umbrales más altos de contenido regional y posiblemente compromisos en temas no comerciales como migración y seguridad. Incluso no se puede descartar un renovado intento de establecer acuerdos bilaterales. México, con una economía que necesita certidumbre para atraer inversión de nearshoring, no tiene el lujo de apostarlo todo a la confrontación. La pregunta no es si nuestros negociadores aceptarán condiciones más gravosas, sino cuánto se cederá y a cambio de qué garantías reales.
Aun en el escenario de no renovación, el comercio bilateral no se detendría. Desde 2023, México es el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos, desplazando a China por primera vez en dos décadas, y cerca de 65% de esas importaciones provienen de empresas estadounidenses instaladas en territorio mexicano. Sin el T‑MEC, las exportaciones mexicanas enfrentarían los aranceles de la OMC, que en muchos sectores oscilan entre 3.5% y 25%, encareciendo costos y reduciendo márgenes, pero sin destruir por completo las cadenas integradas. La interdependencia y complementariedad comercial entre México y Estados Unidos es hoy tan profunda y multifuncional que ningún tratado, ni su ausencia, puede deshacerla de un golpe; lo que sí está en juego es quién fija las condiciones y bajo qué reglas se distribuyen sus beneficios.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
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