Pagar la deuda pública de México ya cuesta más que construir hospitales, escuelas o carreteras. El costo financiero de la deuda presupuestaria para 2026 asciende a 1.5 billones de pesos (4.1% del PIB y 9.4% más en términos reales que en 2025), el nivel más alto en dos décadas, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 presentados por la SHCP el 1 de abril de 2026. Visto desde la recaudación, el servicio de la deuda consume el 22.8% de los ingresos tributarios federales; casi uno de cada cuatro pesos que recauda el fisco se va en intereses antes de financiar un solo servicio público. Llevado a términos ciudadanos, eso equivale a 11 mil 696 pesos anuales por habitante en pago de intereses, el mayor monto desde 1991; y si el saldo total de la deuda (19.27 billones de pesos al primer trimestre de 2026) se distribuyera entre toda la población, cada mexicano cargaría con 151 mil pesos. La deuda pública no es un dato abstracto del balance del gobierno: es una transferencia entre generaciones que ya compite directamente con los servicios que los mexicanos necesitan hoy.
El SHRFSP cerró 2025 en 17.6 billones de pesos, equivalente al 52.6% del PIB, casi 10 puntos porcentuales por encima de 43.3% de 2019. Los Precriterios Generales de Política Económica 2027 proyectan que el saldo escalará a 54.7% del PIB al cierre de 2026 y a 55.0% en 2027, muy por encima de la trayectoria de 52.3% previamente contemplada. La consolidación fiscal gradual es la apuesta de Hacienda, pero su éxito depende de un crecimiento que los datos del primer trimestre de 2026 (contracción de 0.8% trimestral según Inegi) aún no garantizan.
La política de deuda del gobierno federal ha logrado reducir la exposición cambiaria, alcanzando una composición de 83.4% interna y 16.6% externa al cierre del primer semestre de 2025, con una estrategia centrada en instrumentos a tasa fija y largo plazo que deja el financiamiento externo como fuente complementaria diversificada. Sin embargo, esta mejora se ve contrarrestada por la situación de Petróleos Mexicanos: aunque su deuda financiera disminuyó en 10 mil millones de dólares durante 2025, ello se logró mediante transferencias directas del gobierno por 384.8 mil millones de pesos, transformando los pasivos de la paraestatal en deuda soberana de alto riesgo que comprometió recursos que podrían haberse destinado a inversión productiva o programas sociales. De cada peso que paga México en intereses y comisiones, 15 centavos corresponden a los pasivos de empresas públicas que aún requieren apoyos para operar: el costo de la deuda no es solo el precio del endeudamiento pasado, sino también el de mantener estructuras que no se han reformado.
El Banco de México concluyó en mayo de 2026 su ciclo de recortes al llevar la tasa objetivo a 6.50%, lo que reduce ligeramente el costo de la deuda nueva y los instrumentos a tasa variable. Los Precriterios 2027 estiman una tasa de Cetes a 28 días promedio de 6.6% para 2026, frente a 8.9% de 2025. Sin embargo, la autoridad monetaria descartó nuevos recortes ante la inflación subyacente persistente en 4.26%, limitando el alivio disponible. El margen de la política monetaria para reducir la carga financiera es, por tanto, acotado. Con un acervo de deuda de casi 20 billones de pesos ya contratado, la diferencia de unos cuantos puntos en la tasa apenas mueve la aguja del costo total. La carga financiera responderá más a la trayectoria del déficit y al ritmo de crecimiento económico que a los movimientos de tasa: sin más recaudación o menos gasto, los recortes de Banxico son alivio cosmético.
Las tres grandes agencias calificadoras mantienen a México dentro del grado de inversión, pero sus advertencias se vuelven cada vez más explícitas. Fitch Ratings ratificó en abril de 2026 la calificación en BBB- con perspectiva estable, alertando sobre el deterioro fiscal y los pasivos contingentes de Pemex. S&P Global confirmó en mayo de 2026 la calificación en BBB (BBB+ en moneda local) pero cambió su perspectiva de estable a negativa, citando resultados fiscales persistentemente débiles, niveles de deuda en aumento y un crecimiento económico débil. Moody's, por su parte, mantiene la calificación en Baa2 con perspectiva negativa, advirtiendo que la deuda pública podría alcanzar 55% del PIB al cierre de la década si persisten las presiones fiscales y el bajo dinamismo económico. Una eventual rebaja en la calificación colocaría a México a un solo escalón del límite del grado especulativo: el acceso al financiamiento externo se encarecería, el tipo de cambio enfrentaría presiones y la factura de la deuda crecería aún más.
El costo financiero de la deuda ya supera lo que el país invierte en salud e infraestructura física; pero el daño más profundo no aparece en el presupuesto: está en los servicios que no se prestan, las escuelas sin mantenimiento y la infraestructura pospuesta porque el gasto llega comprometido de antemano. La consolidación fiscal tiene un límite estructural claro: mientras Pemex siga requiriendo transferencias masivas y la economía no supere 2% de crecimiento, el cociente deuda/PIB seguirá creciendo independientemente del esfuerzo fiscal. El costo de no reformar la ecuación (más crecimiento, más recaudación, menos dependencia del erario) se acumula silenciosamente en cada presupuesto que llega con menos margen que el anterior, hasta que la restricción fiscal deja de ser manejable y se convierte en una crisis.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
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