Solo creciendo más recuperaremos el espacio fiscal

El Paquete Económico 2027 cumple con una tarea inmediata: dar credibilidad a las cuentas públicas en un momento en que enfrentan un margen fiscal cada vez más estrecho y una creciente presión sobre la calificación de crédito soberano. Por eso fue relativamente bien recibido entre analistas, calificadoras y mercados financieros, que han apreciado su realismo, aunque enfatizando las limitadas opciones que tenía la Secretaría de Hacienda.

En esto último radica el problema de fondo que queda por resolver.

El planteamiento permite ganar tiempo y preservar la confianza en las finanzas públicas, pero no modifica las causas estructurales de su debilitamiento. Mientras no sean abordadas, la presión fiscal persistirá.

Desde el inicio del gobierno del partido Morena, en diciembre de 2018, hasta las metas de este Paquete Económico, los ingresos totales presupuestarios han crecido 16.5% en términos reales. En el mismo lapso, el gasto neto total ha aumentado 25.8% real. Esa brecha se traduce en más de 850 mil millones de pesos, casi 2.2% del PIB.

Como consecuencia, en el mismo lapso, la deuda neta total habrá crecido alrededor de 32% real y el costo financiero, 42 por ciento. Así llegamos a un déficit de 5.7% en 2024 —el mayor en cuatro décadas— y, pese a los esfuerzos para reducirlo, a una deuda que se acerca peligrosamente al 60% del PIB.

El objetivo de reducir el déficit de 4.1 a 3.9 por ciento es alentador para el propósito de estabilizar la deuda. Pero no podemos confundir esta contención urgente con la solución del problema fiscal fundamental: gastos con una dinámica creciente propia, muy por encima del crecimiento de los ingresos, limitados estructuralmente por el bajo crecimiento económico.

Tan solo los programas sociales, incluidos compromisos constitucionales como las pensiones no contributivas de los adultos mayores, pasaron de 1% del PIB en 2018 a 2.6%, y seguirán aumentando por razones demográficas. En cambio, la economía ha crecido apenas al 0.8% anual como promedio de siete años. A ello hay que añadir los apoyos a Pemex, CFE y proyectos no rentables del sexenio pasado. Eso es insostenible.

Ese es el problema detrás de la reducción del espacio fiscal, que también se traduce en menos recursos para seguridad, infraestructura, salud, educación e inversión productiva.

El Paquete Económico 2027 plantea un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento, esta vez cercano al promedio de las encuestas a analistas. Se espera que con ello y la miscelánea fiscal los ingresos tributarios crezcan 5.9% real y alcancen 15.9% del PIB, el nivel más alto registrado. Sin embargo, ese esfuerzo apenas alcanza para cuadrar las cifras sin alterar la enorme brecha estructural.

No hay nuevos impuestos ni aumento en las tasas. Sin embargo, los nuevos límites a deducciones y el tratamiento de pérdidas fiscales pueden elevar la carga efectiva de muchas empresas, como las que operan con márgenes reducidos de utilidades o aquellas inmersas en ciclos de inversiones intensivas. Pueden aumentar marginalmente la recaudación, pero también resultar contraproducentes en una economía con bajos niveles de inversión y crecimiento.

Estas medidas pueden afectar especialmente a las Pymes formales, que ya enfrentan un incremento en el costo laboral por trabajador de entre 40 y 50 por ciento desde fines de 2018, a lo que se añadirá el de la reducción de la jornada laboral desde el año próximo. Con más carga impositiva, menos deducibilidades y costos al alza, muchas empresas pueden verse orilladas a posponer inversiones o recortar costos, incluso su nómina. Por eso, muchas enfrentan mayores presiones para pasar total o parcialmente a la informalidad.

El aumento en los topes de ingresos del RESICO es una buena noticia, pero es insuficiente para paliar los altos costos de gestión en la formalidad. En la política pública no se están atendiendo las necesidades de las pequeñas empresas. Urgen medidas que les permitan optimizar costos y aumentar su productividad.

No se trata de negar la necesidad de recaudar más, sino de definir de dónde puede y debe venir en los niveles requeridos: de seguir aumentando la carga sobre los contribuyentes cautivos o de construir una economía más dinámica y productiva, con más empresas creciendo y más empleos formales.

Lo que se requiere es una ampliación de la base tributaria a la par que se revisa la calidad del gasto y el fondeo de las obligaciones que están absorbiendo cada vez más recursos públicos, además de tapar fugas innecesarias de dinero y corregir lo que las provoca, como el modelo de negocio de Pemex.

Después de las elecciones de 2027 será inevitable discutir una reforma hacendaria profunda, asociada a otra igualmente necesaria en materia de seguridad social. Pero desde ahora deben construirse condiciones para que México salga del estancamiento.

Ante este desafío, la propuesta de COPARMEX de crear un Consejo Fiscal Independiente cobra especial relevancia. No solo reforzaría la credibilidad de las cuentas públicas y contribuiría a detectar oportunamente riesgos y oportunidades; también podría favorecer una mayor alineación entre el sector público y el privado en torno al objetivo de que México crezca al ritmo que exigen sus necesidades.

Un Estado fuerte, con los recursos necesarios para propiciar el progreso nacional y el de cada mexicano, requiere de la multiplicación y el desarrollo de las empresas. La recuperación del espacio fiscal no va a darse con una economía estancada. #OpiniónCoparmex

Juan Pablo Castañón Castañón

Expresidente Nacional de COPARMEX

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