Es bien conocido un refrán popular que advierte que en ocasiones resulta mucho más costoso un elemento que el conjunto que integra a dicho elemento; que es más oneroso el medio por el cual se obtendrá algún beneficio, antes que el propio beneficio a generar, es decir, cuando “el caldo sale más caro que las albóndigas”.
Desde que se dio a conocer que un Juez de Distrito, a través de un amparo, suspendió las posibles consecuencias de la reforma energética recién aprobada por Morena, lo cierto es que las reacciones desde el Ejecutivo Federal por reorientar a como de lugar su curso legal, simple y sencillamente, no han cesado en menoscabo de quienes integran al Poder Judicial.
Primero con sus incendiarios dichos en sus conferencias de prensa matutinas y luego con una carta dirigida al ministro Arturo Zaldívar , presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha encargado de hacer una lectura política del caso en cuestión, como si se tratara de una mera disputa entre simpatizantes y opositores, y no propiamente de un asunto jurídico en el que se ven involucradas varias instancias y diferentes operadores del sistema de justicia.
Así, cuando el Presidente de la República ha reducido algo tan complejo (que involucra aspectos procesales, derechos humanos, principios constitucionales, entre otras muchas particularidades técnicas) a una riña de bandos, tal parece que su estrategia ya no resulta tan estratégica, pues, como ya ha sido habitual durante este sexenio, los incesantes litigios y polémicas legales en contra de su proyecto político, además de mermar la legitimidad de sus iniciativas, queda en evidencia el desaliño y la premura por creer que para gobernar no es necesario estructurar un modelo normativo coherente.
Resulta paradójico que AMLO se sorprenda y vocifere en contra de la justicia expedita, de la forma tan “veloz” cómo procedió el juzgador para que (¡como lo exige la propia ley!) en menos de 24 horas pudiera resolver el caso provisionalmente; mientras, al mismo tiempo, guarda silencio sobre lo mal y al vapor que está legislada la reforma a la industria eléctrica, la cual, dicho sea de paso, se aprobó en fast track solo con el respaldo de Morena y sus aliados (el PES y el PT ), los cuales desdeñaron un sinfín de recomendaciones de expertos, así como también se negaron a realizar un ejercicio de parlamento abierto... Para usar otra expresión popular y adecuarla al caso concreto: “Hágase la separación de poderes en los bueyes de mis compadres”.
Lo más contradictorio es que tan solo hace unos días entró en vigor la afamada reforma judicial impulsada por el ministro Zaldívar y respaldada ciegamente por AMLO, una serie de profundos cambios a nivel constitucional y legal que, en palabras de sus protagonistas, “tiene como objetivo fundamental eliminar la corrupción y el tráfico de influencias en jueces, magistrados y ministros”.
En ese sentido, queda claro que el Presidente de México no tuvo la más mínima idea de lo que apoyó. O mejor dicho, si durante estos días tanto ha señalado a un juez como una persona “afín al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenía como modus operandi la corrupción y el influyentismo”, lo cierto es que las estrategias jurídicas de la “cuarta transformación” para combatir estos problemas resultan tan endebles como cuestionables.
De ahí que resulte preocupante que nadie le haya explicado a AMLO la naturaleza de una suspensión provisional, ni el funcionamiento básico del sistema de justicia. Se ha insistido, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es una pieza clave para indicarle al Presidente que el orden jurídico está para fijar el ejercicio del poder político a sus límites constitucionales.
Por eso, quizá, antes de seguir con la cantaleta de los corruptos del periodo neoliberal, de la mafia del poder, de la retórica de siempre..., además de la urgente necesidad por tomarse en serio los temas legales, López Obrador y su equipo deberían presentar pruebas, realizar señalamientos concretos, armar recursos sólidos y, sobre todo, preparar una buena defensa jurídica en las siguientes instancias.
La memoria selectiva del Presidente no basta para menoscabar un sistema de pesos y contrapesos, sus dichos políticos son insuficientes para minar la independencia de los juzgadores que hacen su trabajo con apego a la Constitución.
Bajo una comprensión prudente y amplia del Estado de Derecho , habrá que recordarle a López Obrador que por más popular que sea y aunque cuente con el respaldo de la mayoría de los diputados y los senadores, su persona no se encuentra por encima de la ley. Pero si así lo cree, que sepa que su falta de conocimiento en temas jurídicos será contraproducente, que tarde que tempano le saldrá más caro el caldo que las albóndigas.
