La militarización y colapso del sistema migratorio en México

José Manuel Préstamo López

Desde los operativos de la Guardia Nacional a lo largo del Río Suchiate, Chiapas. Hasta los desbordados centros de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. El gobierno mexicano ha sido partícipe de la crisis humanitaria que se vive en nuestras fronteras al ignorar deliberadamente las devastaciones que miles de migrantes sufren en nuestro país tras ser deportados de Estados Unidos. Entendiendo únicamente a la migración como una distracción más en la consolidación de su proyecto político nacional.

En los últimos 2 años, hemos visto como la diplomacia humanitaria y el liderazgo regional de nuestro país han sido remplazados por políticas punitivas que nos han acercado a la militarización total de nuestras fronteras. Al día de hoy, las fuerzas armadas controlan gran parte del accionar del Estado mexicano. De esta manera, la política y el sistema migratorio no han podido quedar de lado.  

Desde su creación, la Guardia Nacional ha desplegado 27’000 efectivos encomendados a detener la “amenaza” migratoria, contando en 2020 con 11’000 activos en el sur del país. De esta manera, el ejército ha sobrepasado la influencia de instituciones especializadas como los Consulados de México en Centroamérica o el Instituto Nacional de la Migración en Chiapas. Donde la Guardia Nacional les ha subordinado y hecho partícipe de operaciones militares que violan derechos humanos en la frontera sur. 

Por otra parte, el gobierno mexicano ha decidido unilateralmente negar el acceso a toda ONG a los centros de refugiados en esta zona, decisión que llega tras múltiples reportes que dichas instalaciones operan al 300% de sus capacidades, con carentes protocolos de salud, limitado acceso a atención médica y ayuda legal. A pesar de las preocupaciones generalizadas, el Estado mexicano continúa evadiendo el escrutinio del cumplimiento de sus obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos.

El colapso del sistema migratorio también ha llegado a la COMAR, donde a partir de 2019 ha disminuido la aceptación de solicitudes de asilo y expedición de visas humanitarias, registrando en 2020 un decremento del 40% respecto a las solicitudes del año anterior. De igual forma, la austeridad impuesta a la agencia es profundamente alarmante, en 2019 solicitó un presupuesto de 124 millones para responder a los retos que demanda la región, sin embargo, solo se aprobaron 47 millones, mientras que para 2021 al ya precario presupuesto se le redujo un 17%. Cifras que merman el actuar de la agencia y le dejan comprometida a la espera de ayuda internacional de agencias como el ACNUR, quién para nuestro país cuenta con un presupuesto 25 veces mayor que el de la COMAR, o como su contraparte del norte, el Departamento de Seguridad Nacional con un presupuesto de 47 mil millones.

En la frontera norte, el panorama continúa siendo desolador. Albergues en Ciudad Juárez y Hermosillo se encuentran lejos de contar con el mismo apoyo gubernamental que sus homólogos en Estados Unidos. Organizaciones como Save the Children y Amnistía Internacional, han informado que, tras ser deportados, los migrantes son víctimas de detenciones arbitrarias y brutalidad por parte de la Guardia Nacional, así como secuestros, violaciones y homicidios a manos de actores no estatales. Autoridades en Chihuahua han señalado que los refugios se encuentran desbordados, registrando incrementos del 70% en niños deportados y 100% en niños repatriados. Al día de hoy, Ciudad Juárez cuenta con 16 albergues con capacidad de refugiar a 1000 migrantes, sin embargo, en promedio, 100 son deportados al día, creando caos y hacinamiento en dichos centros. 

Lamentablemente, los abusos institucionales no terminan en los refugios. De acuerdo con la CNDH las denuncias contra las fuerzas armadas mexicanas han aumentado en un 80% de 2018 a 2020. Encontrando al menos 219 denuncias sobre la Guardia Nacional desde su creación en 2019, hasta agosto de 2020. Incluyendo 51 detenciones arbitrarias, 28 casos de tratos crueles o degradantes, 3 casos de tortura, 2 homicidios extraoficiales y 2 desapariciones forzadas. 

Más allá de las cifras de “encuentros” en la frontera norte, o del sensacionalismo causado por registros, sin contexto alguno, referentes al aumento de la migración mexicana a Estados Unidos. La verdadera crisis humanitaria en las fronteras ha sido causada y fomentada por el nulo interés del gobierno federal en brindar la más mínima asistencia humanitaria a los migrantes dentro de su territorio. Dejando de lado los discursos y las reuniones bilaterales, se ha llegado al punto que la única respuesta que el Estado mexicano puede dar al colapso de nuestro sistema migratorio ha sido encontrada en los cuarteles de las fuerzas armadas del país. 

 

@ManoloPrestamo

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