Rocha, nuevo depositario de la soberanía nacional. Seguro nunca se imaginó Rubén Rocha que su defensa a cargo de la Presidenta llegaría tan lejos: que se fundiría con la defensa de los mexicanos a la libertad, la independencia y la soberanía. Así pareció sugerirlo Sheinbaum en la conmemoración del cinco de mayo y en el marco de una serie de reacciones presidenciales a la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para la detención con fines de extradición del gobernador morenista de Sinaloa y otros nueve políticos del régimen, presuntos cómplices del Cártel de Sinaloa. A lo más que llegó López Obrador, enchilado por la extracción del Mayo Zambada, fue a atribuir a ese hecho la violencia sinaloense, con lo cual se erigía al capo de todos los capos en garante de la estabilidad y la gobernabilidad perdidas del Estado.
¿Cuestionar es respaldar presiones externas? Tampoco nuestra Presidenta soñó que, en su defensa de Rocha, se investiría idealmente en Juárez. Ni que exaltaría a Trump equiparándolo con Lincoln, en su invocación de una relación deseable con Estados Unidos. Pero ni en nuestras peores pesadillas los mexicanos del presente siglo temimos que la libertad de cuestionar al régimen equivaldría a respaldar presiones externas en favor del injerencismo y de la subordinación de México. Cargos tan graves que críticos y opositores sólo pueden presagiar un endurecimiento del régimen para liquidar el resto de los derechos y las libertades sobrevivientes tras el desmantelamiento del estado de derecho.
¿Autoincriminación? Pero igual que López Obrador se autoincriminó al reconocer que dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán en aquella cruenta toma de Culiacán por el mismo Cártel de Sinaloa —por allí debe andar un expediente al respecto—, la Presidenta, su fiscal y su partido se pueden estar acercando también al filo de la autoincriminación en su defensa al grupo gobernante de su partido en Sinaloa, una vez indiciados sus más altos exponentes en Estados Unidos por delitos equiparables al terrorismo internacional. Sólo el temor de las élites del régimen al fincamiento de responsabilidades en EU a otros altos personajes del poder político mexicano imbricados con los cárteles parecería explicar este abrupto, peligroso apertrechamiento desproporcionado del régimen en torno a presuntos criminales bajo el manto de la soberanía nacional.
¿De qué lado queda la Presidenta? Antes de estos desvaríos, la Presidenta llegó a extremos peligrosos de sinrazón. Trazó una falsa línea de continuidad entre el accidente en que murieron dos agentes de la CIA tras participar presumiblemente en un operativo de la policía estatal de Chihuahua —para destruir un laboratorio de producción de drogas— con las acusaciones fincadas por el sistema de justicia de Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa y otros nueve implicados con el Cártel que instala los laboratorios narcos que los chihuahuenses destruyen. ¿De qué lado quiere quedar la Presidenta?
Artificios y mentiras. Al artificio grotesco de ese supuesto paralelismo, la Presidenta agregó la mentira de que ambos hechos están siendo investigados por igual. Este dicho no se sostiene porque mientras la fiscal de Palacio ya ha llamado a declarar a 50 policías estatales de Chihuahua que destruyeron el laboratorio narco en la sierra, la misma fiscal declaró que no hay pruebas para investigar al gobernador cuyo cártel siembra esos narcolaboratorios a lo largo y a lo ancho del país.
Académico de la UNAM