Esta semana, Claudia Sheinbaum explicó cómo distribuye su gobierno la publicidad oficial. Primero aseguró que los recursos se asignan de acuerdo con las audiencias y que no entrega dinero a periodistas para que hablen bien de su gobierno. Luego vino la confesión: “Hay algunos a los que no les damos: TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, EL UNIVERSAL tampoco. Abiertamente lo digo”. Minutos antes había atribuido las críticas de medios y comentaristas a que ya no reciben “chayote”. La contradicción cabe completa en una mañanera, pues afirma que el dinero público no compra líneas editoriales, pero presume que excluye a tres medios críticos y sugiere que quienes cuestionan al poder lo hacen porque dejaron de cobrar. No fue un desliz, sino una declaración de principios. Para Sheinbaum, la publicidad oficial sigue siendo un premio a la obediencia y su retiro, un castigo a la crítica.
Esa doctrina tiene historia. La frase que mejor la resume, “No pago para que me peguen”, no fue de Luis Echeverría, aunque le habría quedado a la medida, sino de José López Portillo, quien la pronunció en 1982 para justificar el retiro de publicidad oficial a Proceso. Echeverría había aportado el método unos años antes, cuando promovió el boicot contra Excélsior y orquestó el golpe que expulsó a Julio Scherer del periódico en 1976. Uno convirtió el dinero público en premio y castigo; el otro utilizó al Estado para doblegar a un medio. Sheinbaum recuperó ambas tradiciones del viejo régimen priista en una sola conferencia.
No todos los medios tienen derecho a recibir contratos gubernamentales, pero la publicidad oficial tampoco pertenece a la Presidenta ni puede repartirse según la docilidad de cada redacción. Son recursos de los mexicanos y deben asignarse con criterios objetivos, transparentes y verificables. Si el parámetro es la audiencia, como afirma Sheinbaum, debe aplicarse a todos; si TV Azteca tiene adeudos fiscales, que la autoridad los cobre conforme a la ley. Convertir la pauta oficial en una herramienta de presión equivale a usar la Tesorería como garrote editorial.
La cínica declaración de Sheinbaum aparece justo cuando su gobierno impulsa un nuevo esfuerzo por controlar los contenidos de los medios. Ya lo había intentado con la maltrecha reforma a la ley de telecomunicaciones y con su fallida reforma electoral; ahora lo hace mediante sus Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El proyecto obliga a los concesionarios de radio y televisión a tomar medidas para no difundir información “falsa” o “descontextualizada”, faculta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para vigilar su cumplimiento y contempla multas de hasta uno por ciento de sus ingresos acumulables. El gobierno asegura que no evaluará contenidos, aunque redactó las categorías, controla al regulador y conserva la capacidad de sancionar. Resulta curioso ese modelo de autorregulación en el que cada medio puede autorregularse libremente, siempre que lo haga como ordena el gobierno. La verdad periodística no se decreta desde una oficina pública; se contrasta, se discute y se corrige. La censura rara vez llega con ese nombre; suele disfrazarse de protección, ética o seguridad.
El apetito censor del régimen en lo que va del sexenio ya ha surtido efectos en los estados gobernados por Morena y sus aliados. En Sonora, Karla Estrella fue multada, inscrita en el registro de personas sancionadas y obligada a disculparse durante 30 días por un tuit en el que cuestionó la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”, esposa de Sergio Gutiérrez Luna. En Campeche, Layda Sansores denunció al periodista Jorge Luis González y consiguió que un tribunal ordenara someter a revisión judicial previa cualquier publicación de sobre ella. En Puebla, el gobierno de Morena impulsó el delito de ciberasedio, que amenazaba con cárcel a quien insultara u ofendiera en redes. En San Luis Potosí, la llamada Ley Serrano permitió encarcelar a comunicadores mediante delitos ambiguos relacionados con la inteligencia artificial.
En Guerrero, el Tribunal Electoral sancionó al director de Acapulco Trends por supuesta “violencia política de género” contra la alcaldesa, todo por señalar un quebranto al erario cercano a mil millones de pesos. También destaca el caso de Héctor de Mauleón y EL UNIVERSAL. Después de que el columnista escribió sobre los nexos criminales de Tania Contreras, hoy magistrada en Tamaulipas, el tribunal local ordenó retirar el texto y prohibió nuevas publicaciones sobre ella.
Veracruz completa el cuadro. Rafael “Lafita” León fue encarcelado tras una acusación de terrorismo. Ángel Camarillo fue sancionado por informar sobre las redes de nepotismo en el estado y ahora la gobernadora Rocío Nahle respalda un padrón de periodistas para evitar “excesos” y poner orden en el gremio. Es el mismo reflejo autoritario, primero se decide quién merece ser llamado periodista, después qué información merece publicarse y finalmente quién debe ser castigado por difundirla.
Reporteros Sin Fronteras alertó que siete periodistas fueron asesinados en México durante los primeros siete meses de 2026, la cifra más alta registrada para ese periodo en quince años. La organización advirtió que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, debido a la violencia criminal, las amenazas de autoridades locales, la falta de mecanismos efectivos de protección y una impunidad casi absoluta.
La degradación alcanza su punto más grave con los asesinatos recientes. En Oaxaca, Francisco Alejandro Leyva, crítico de Salomón Jara, fue ejecutado después de denunciar amenazas y responsabilizar públicamente al gobernador y a otros funcionarios por cualquier daño que sufriera. En Veracruz, Roxana Guzmán fue secuestrada y asesinada; la Fiscalía señala como autor intelectual al alcalde de MC en Ixhuatlán del Sureste, ya desaforado, y cuatro policías municipales fueron detenidos por su participación. Son los dos casos más recientes de la violencia que enfrentan los periodistas en medio de un ambiente de hostilidad, estigmatización e impunidad.
Sheinbaum asegura que no hay censura, sólo reglas, derechos de las audiencias y una distribución responsable de la publicidad. Eso mismo decía el viejo régimen priista mientras premiaba obediencias y castigaba críticas. El obradorismo no inventó ese sistema, lo desenterró, le colocó una pantalla y ahora lo transmite todas las mañanas. La publicidad oficial no compra aplausos y el erario no es la cartera personal de la Presidenta. Si una investigación le pega al gobierno, que responda con hechos. Para eso está el poder, no para escoger quién puede hablar, quién merece cobrar y quién debe callarse.
Diputado federal