Hay algo profundamente extraño en la escala de prioridades de nuestro gobierno. Estados Unidos persigue agresivamente a migrantes mexicanos, nos impone presiones comerciales, amenaza sectores productivos y genera incertidumbre sobre inversiones y empleos, y Claudia Sheinbaum responde con una tibia cautela y con llamados al diálogo. Pero Estados Unidos captura a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los criminales más buscados del mundo, y entonces sí aparecen la indignación, los reclamos, las acusaciones de engaño y las amenazas de llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias.
El 25 de julio de 2024, Zambada aterrizó en Texas acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Días después, a través de una carta difundida por su abogado, el Mayo aseguró que había sido engañado para acudir a una reunión en una hacienda cercana a Culiacán, donde esperaba encontrarse con el gobernador Rubén Rocha Moya y con Héctor Melesio Cuén. Según su versión, ahí fue sometido y trasladado contra su voluntad a territorio estadounidense. Tiempo después, Guzmán López admitió su participación en ese secuestro.
Dos años más tarde, el caso vuelve a estallar. La exhibición de la aeronave utilizada para trasladarlo, nuevas fotografías y las revelaciones sobre la participación del FBI desataron la furia del gobierno mexicano. La FGR acusa a las autoridades estadounidenses de haber entregado información falsa, parcial e insuficiente; Sheinbaum sostiene que Ken Salazar mintió, mientras el exembajador insiste en que Estados Unidos no proporcionó el avión ni el piloto y tampoco organizó la operación para sacar al Mayo de México.
La exigencia de explicaciones es legítima. Si una agencia extranjera actuó ilegalmente en territorio mexicano, debe investigarse y denunciarse. La soberanía nacional no puede defenderse solamente cuando resulta políticamente conveniente. Pero una cosa es la participación de autoridades estadounidenses en la detención después del aterrizaje y otra, muy distinta, que agentes del FBI hayan ejecutado o coordinado un secuestro dentro de México. Eso, hasta ahora, no está demostrado.
El problema es que el gobierno quiere reducir toda la discusión a una sola pregunta: ¿cómo salió el Mayo de México? Es importante saberlo, pero hay otras bastante más relevantes. ¿Qué relación construyó el Cártel de Sinaloa con las autoridades durante los gobiernos de Morena? ¿Qué ocurrió en Sinaloa bajo Rubén Rocha Moya para que la violencia se desbordara hasta convertir al estado en territorio de guerra entre facciones criminales? ¿El gobernador con licencia recibió apoyo del narcotráfico? ¿Qué otras campañas fueron financiadas con dinero criminal? ¿Qué acuerdos permitieron al cártel ampliar su poder político y territorial? ¿Y por qué el gobierno dedica más energía a reconstruir las circunstancias de la captura del Mayo que a investigar las redes de protección política construidas bajo sus propios gobiernos?
Hay, además, un episodio que Sheinbaum y López Obrador preferirían borrar del expediente. El encuentro mencionado por Zambada involucraba directamente al gobernador morenista Rubén Rocha Moya y a Héctor Melesio Cuén. Ese mismo día, Cuén fue asesinado. La primera versión de la Fiscalía de Sinaloa sobre su muerte fue cuestionada después por la investigación federal y la fiscal estatal terminó renunciando. Nada de esto prueba por sí mismo la responsabilidad de Rocha Moya, pero sí obliga a investigar a fondo, algo que claramente no ha ocurrido.
A ese expediente se suma otra coincidencia difícil de ignorar. En junio se conocieron adelantos de las memorias de Ken Salazar. El exembajador relata que un empresario cercano a López Obrador le transmitió que el expresidente estaba preocupado por la información que Estados Unidos pudiera obtener del Mayo sobre políticos de Morena y sus nexos con el narcotráfico. Salazar no afirma haber tenido pruebas de vínculos personales de López Obrador con el crimen organizado, pero sí narró ese supuesto temor.
La secuencia política resulta reveladora. Primero aparecen los adelantos del libro, después Sheinbaum endurece sus ataques contra Ken Salazar y finalmente el exembajador se convierte en el principal blanco de la ofensiva por el caso Zambada. Tal vez sea una coincidencia. Tal vez no. Por eso es legítimo preguntar si la Presidenta busca esclarecer todo lo ocurrido o también desacreditar al hombre que reveló el supuesto temor de López Obrador por lo que el Mayo pudiera contar.
Mientras el obradorismo convierte al capo en causa diplomática, Zambada ya se declaró culpable en Estados Unidos de dirigir una organización criminal y enfrenta cadena perpetua. El escándalo para México no debería ser que uno de los criminales más poderosos de nuestra historia esté finalmente frente a la justicia, sino que haya tenido que ser Estados Unidos quien lo llevara ante ella.
No hay que aceptar la falsa disyuntiva de Morena. México debe exigir que Estados Unidos explique qué sabía, desde cuándo lo sabía, qué agencias participaron y en qué momento comenzó su intervención. Pero también debe investigar a sus propios narcopolíticos, esclarecer definitivamente el asesinato de Cuén, transparentar todo lo relacionado con Rocha Moya y agotar cualquier línea de investigación sobre financiamiento criminal de campañas y redes de protección institucional.
Soberanía no significa aislamiento, mucho menos impunidad. Se puede exigir respeto a Estados Unidos y, al mismo tiempo, investigar a los políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado. Se puede denunciar una operación ilegal y celebrar la captura de un narcotraficante. Se puede defender al país sin convertirse en abogado defensor del Mayo.
El problema de López Obrador, Sheinbaum y Morena es que, frente al narcotráfico, siempre parecen indignarse con el enemigo equivocado. Guardan silencio ante los políticos señalados, protegen a los suyos, desacreditan las investigaciones y reservan toda su furia para quienes capturan a los capos o preguntan por sus vínculos con el poder. No les preocupa lo que hizo el Mayo, sino lo que pueda contar. El régimen le teme más a las revelaciones de un narcotraficante que a los crímenes que debería combatir. La sospecha dejó de ser una exageración para convertirse en una obligación.
Diputado federal