Hay algo profundamente contradictorio en el debate que Morena abrió sobre los nuevos lineamientos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El oficialismo dice que quiere proteger a las audiencias, combatir la desinformación y exigir responsabilidad a los medios de comunicación. Dicho así, nadie puede estar en contra de que la información pública sea veraz y objetiva, de que los errores se corrijan o de que las personas tengan derecho a defenderse cuando son señaladas injustamente.
El problema empieza cuando esas reglas sólo se aplican a quienes piensan distinto a ellos, porque mientras Morena impulsa lineamientos que le darían a una autoridad dependiente del propio gobierno facultades para revisar contenidos periodísticos, pedir rectificaciones e incluso abrir procedimientos que pueden terminar en sanciones, la conferencia mañanera sigue funcionando como si estuviera por encima de cualquier límite. Ahí no hay obligación efectiva de corregir, de probar lo que se acusa ni de conceder el mismo derecho de réplica que el gobierno exige a los demás. Ahí el poder habla y los demás escuchan. Eso es exactamente lo que queremos cambiar.
Junto con los coordinadores, el senador Ricardo Anaya y el diputado Elías Lixa, presentamos en la Comisión Permanente una serie de iniciativas para proteger la libertad de expresión y garantizar condiciones de equidad frente al poder público. No estamos proponiendo cancelar la mañanera, ni se está planteando censurar a la Presidenta, mucho menos impedirle defender a su gobierno o expresar opiniones políticas.
Lo que proponemos es mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más democrático: si desde un espacio oficial se acusa a una persona, a un periodista, a un medio, a un empresario, a una organización o a un partido, esa persona debe tener derecho de réplica en el mismo espacio donde fue señalada.
En los últimos años hemos visto cómo desde Palacio Nacional se construyen culpables, se exhiben datos personales, se desacredita a periodistas, se descalifica a organizaciones civiles y se destruyen reputaciones con una facilidad preocupante. El caso reciente de Ernesto Ruffo Appel volvió a recordarnos una pregunta que no podemos seguir ignorando: ¿qué pasa cuando el gobierno se equivoca? ¿Quién repara el daño cuando una acusación lanzada desde el micrófono presidencial resulta falsa, incompleta o tendenciosa? La respuesta, hasta ahora, ha sido desalentadora: nadie.
Lo curioso es que el propio gobierno ya ejerce su derecho de réplica. Tiene espacios oficiales para responder a periodistas, medios y ciudadanos cuando considera que una información es incorrecta. Basta ver el programa “Derecho de réplica”, donde se presentaron de manera temeraria listas con nombres y apellidos de periodistas, medios de comunicación, políticos y ciudadanos concretos como parte de un supuesto “ecosistema de desinformación”. Se nos exhibió públicamente desde una plataforma financiada con recursos públicos, pero ninguno tuvimos la posibilidad de responder en ese mismo espacio y con ese mismo alcance. El poder sí puede defenderse. Lo que no acepta es que los ciudadanos puedan defenderse del poder. A eso se le llama fascismo y ya sabemos hacia dónde lleva este camino.
Nuestra propuesta parte de un principio muy simple: la misma regla debe aplicarse a todos. Si Morena quiere que los medios distingan entre información y opinión, que corrijan errores y respeten el derecho de réplica, entonces el aparato de comunicación más poderoso del país también debe sujetarse a esas obligaciones. No hay razón para que una estación de radio o un canal de televisión tenga más responsabilidades que una conferencia oficial organizada por la Presidencia de la República y financiada con recursos públicos.
La mañanera no es una conversación privada ni un programa de opinión cualquiera. Es un acto oficial del Estado mexicano elaborado con recursos de todos los mexicanos y transmitido todos los días con una capacidad de difusión que ningún ciudadano tiene. Cuando desde ese espacio se presenta un dato, una cifra, un documento o una acusación, el impacto es inmediato. Precisamente por ese poder extraordinario debe existir una responsabilidad extraordinaria.
Lo que proponemos es que las afirmaciones factuales hechas desde la mañanera tengan sustento comprobable, que la información falsa o inexacta se corrija oportunamente y que cualquier persona directamente señalada pueda responder con oportunidad, relevancia y una difusión equivalente. No sirve de nada publicar una aclaración días después en una página de internet si el daño se hizo frente a millones de personas en una conferencia transmitida por todo el aparato del Estado.
Mientras el gobierno pretende convertirse en una especie de ministerio de la verdad para decidir qué pueden decir los periodistas y los medios, guarda silencio cuando los cuestionamientos alcanzan a los suyos. El caso de Andy López Beltrán es ilustrativo. La revocación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, por presuntos vínculos con organizaciones delincuenciales, obliga a las autoridades de nuestro país a realizar investigaciones serias. Además, al ser hijo de un expresidente y él mismo un personaje público, debe informar las causas del retiro de su documento migratorio.
Si el gobierno exige verificaciones, rectificaciones y responsabilidades para periodistas, opositores y ciudadanos, ¿por qué, cuando las preguntas se dirigen hacia el círculo más cercano del poder, la respuesta suele ser la victimización, el silencio o la descalificación de quien pregunta?
No puede haber investigaciones de primera y de segunda dependiendo del apellido. La democracia no consiste en que el gobierno tenga siempre la razón. Consiste en que el gobierno también pueda ser cuestionado, contradicho y obligado a corregir cuando se equivoca. Si creemos en el derecho a una información veraz, también debemos creer en el derecho de defensa frente al poder público. No estamos proponiendo un privilegio para la oposición; estamos proponiendo una garantía para cualquier ciudadano.
Presidente del Partido Acción Nacional
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