De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice un refrán popular y nada más claro para definir lo que ocurre con los lineamientos de la nueva Ley de Telecomunicaciones impulsada desde el Ejecutivo. Algunos quieren presentar esta discusión como si únicamente se tratara de procedimientos administrativos, códigos de ética o reglas para los medios de comunicación en aras de proteger a sectores de la población. Pero no nos equivoquemos. Lo que realmente está en juego es algo mucho más profundo: la libertad de expresión de millones de mexicanas y mexicanos.
Y aquí es importante recordar que la siempre frágil democracia nunca se rompe de un solo golpe. Se va debilitando poco a poco, con decisiones que parecen razonables, con argumentos que suenan bien y con normas que prometen proteger derechos mientras, en los hechos, lo que implican es la reducción y eliminación de libertades. Así es como se empieza casi siempre.
Nadie puede estar en contra de que existan medios responsables. Tampoco de que las audiencias tengan mecanismos para defenderse cuando se publica información falsa o inexacta. El derecho de réplica existe precisamente para eso y Acción Nacional siempre lo ha respaldado. Lo que resulta inaceptable es utilizar esa bandera para construir un sistema donde una autoridad termine decidiendo qué información puede difundirse, qué opinión resulta aceptable o cuándo un medio merece ser sancionado.
Porque cuando desde el gobierno se comienza a definir dónde termina la verdad y dónde empieza la mentira, la libertad deja de ser un derecho para convertirse en un permiso. Y los derechos nunca deberían depender del permiso del poder. Además, no está de más recordar que la principal fuente de información falsa en este país es el Ejecutivo federal que se atreve a decir mentiras tan ridículas como que el dólar costaba 14.40 pesos o que el 15 de noviembre del año pasado no se gaseó ni golpeó a ningún joven en el Zócalo, cuando hay miles de videos que muestran lo contrario. Ahora resulta que quien dice estas mentiras se va a encargar de definir qué es verdad y qué no lo es.
Los nuevos lineamientos abren la posibilidad de que una autoridad administrativa tenga capacidad para valorar contenidos periodísticos, revisar criterios editoriales y determinar si determinada información cumple con estándares establecidos desde el propio aparato gubernamental. Eso no fortalece la democracia; la debilita y la termina.
Una prensa libre nunca será cómoda para quien gobierna; los periodistas investigan corrupción, exhiben abusos de poder, cuestionan decisiones equivocadas y documentan aquello que muchos preferirían mantener oculto. Esa incomodidad forma parte del equilibrio democrático. Precisamente por eso los gobiernos democráticos protegen a los medios críticos, incluso cuando no coinciden con ellos.
Quien solamente acepta los aplausos termina rechazando cualquier crítica. Y cuando un gobierno empieza a incomodarse con las preguntas, normalmente también comienza a buscar mecanismos para controlar las respuestas.
No se necesita prohibir un periódico para censurar. Tampoco cerrar una estación de radio o retirar una concesión de inmediato. Basta con generar incertidumbre, crear procedimientos ambiguos, permitir interpretaciones discrecionales o enviar el mensaje de que una autoridad estará observando permanentemente los contenidos. Muchas veces la autocensura aparece antes que la censura formal.
Por eso esta discusión no pertenece únicamente a periodistas, comunicadores o concesionarios. Le pertenece a toda la sociedad. Porque el día que se limita el derecho de informar, también se limita el derecho de cada ciudadano a conocer distintas versiones de la realidad y a formar su propio criterio.
México necesita exactamente lo contrario: necesita más información, más transparencia, más investigación periodística y más voces independientesy valientes. Necesita instituciones fuertes que rindan cuentas, no gobiernos que pretendan convertirse en árbitros de aquello que los ciudadanos pueden leer, escuchar o ver.
Desde Acción Nacional hemos sido claros desde el primer momento. Defendemos los derechos de las audiencias, el derecho de réplica y el ejercicio responsable del periodismo, pero también defendemos algo que está por encima de cualquier gobierno: la libertad.
Creemos que cualquier regulación debe garantizar plenamente la autonomía editorial de los medios, fortalecer la independencia de los órganos reguladores y evitar que cualquier autoridad administrativa tenga facultades para convertirse en juez de la verdad. También sostenemos que cualquier cambio debe construirse escuchando a periodistas, especialistas, organizaciones civiles y concesionarios, porque las mejores leyes nacen del diálogo y no de la imposición.
La historia ofrece demasiados ejemplos de gobiernos que comenzaron regulando la información "por el bien de la sociedad" y terminaron utilizando esas herramientas para proteger al poder de las críticas. México no debe recorrer ese camino.
En Acción Nacional no vamos a acompañar ninguna medida que coloque al gobierno por encima del derecho de los ciudadanos a informarse libremente y a expresarse libremente, porque defender la libertad de expresión no significa proteger privilegios de los medios; significa proteger el derecho de cada mexicano a escuchar distintas voces, contrastar opiniones y decidir por sí mismo.
Presidente del Partido Acción Nacional