El oficialismo publicó este martes sus últimas tres reformas. Se trata de tres decretos que siguen una misma lógica: dar más poder al poder. Gracias a estas reformas, Morena tendrá más control político sobre los poderes judiciales, más herramientas jurídicas para anular triunfos de la oposición y más pretextos institucionales para seguir evadiendo su responsabilidad de combatir la narcopolítica.
Todo en tres decretos. Todos aprobados en fast track. Todos publicados el mismo día.
La reforma a la reforma judicial es gatopardismo puro y duro. Las condiciones que hicieron posible que el acordeón fuera el gran elector siguen intactas. Y peor aún, hay cambios que empeoran la situación. Se crea, por ejemplo, una Comisión Coordinadora de tres personas con facultades, según la reforma al artículo 96 constitucional, para “verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos”. Dicho de otro modo, ahora serán tres (y no quince) las personas que decidirán quién podrá (y quién no podrá) llegar a la Suprema Corte o a cualquier cargo judicial.
El Tribunal de Disciplina acumula más atribuciones. Además de evaluar y sancionar, ahora aplicará “programas de capacitación y actualización permanente”. Tal cual: la formación judicial en manos del órgano inquisidor. Y por si no bastara el centralismo que ya padecemos, las entidades federativas pierden todavía más margen para innovar, pues deberán sujetarse “a las mismas bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, modalidades, requisitos, duración de los cargos y demás disposiciones” que rigen para la judicatura federal.
Los cambios son variados, pero el problema de fondo es el mismo. La captura de la judicatura continúa y se refuerza con esta reforma.
La causal de nulidad por “intervención extranjera” es una herramienta para la arbitrariedad. De acuerdo con la nueva redacción del artículo 41 constitucional, el Tribunal Electoral podrá anular una elección cuando “[s]e acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”. La reforma, por supuesto, no define qué es una “intervención” o una “injerencia” extranjera. Y ello no es un error involuntario, sino una indeterminación deliberada.
Así, se abre la puerta para que actos legítimos sirvan de pretexto para una nulidad: un reportaje del New York Times, un informe de Amnistía Internacional, una resolución de un comité de la ONU. Casi cualquier cosa podría usarse para anular los triunfos legítimos de la oposición. En manos del tribunal electoral que Morena capturó, donde rige la política y no el derecho, la lógica parece clara: o Morena gana por las buenas, o Morena no pierde por las malas.
Finalmente, la “Comisión de Verificación” es un subsidio a la incompetencia y la irresponsabilidad de Morena. El INE no tiene facultades constitucionales ni capacidades institucionales para realizar o coordinar evaluaciones que determinen si un aspirante tiene nexos con el crimen organizado.
Y, sin embargo, la reforma a la ley electoral le ordena recibir los listados de aspirantes para que, “en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera”, se realice “un análisis de riesgo sobre sus perfiles”. Peor aún, el INE recibirá esa información “sin señalar el asunto del que se derive el riesgo”. Sabrá que hay riesgo, pero no por qué.
Es obvio, pero hay que repetirlo: si hay indicios de que candidatos han cometido delitos, quienes tienen que actuar son órganos controlados por Morena: las policías, incluida la Guardia Nacional; la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda; y la Fiscalía General de la República, hoy en manos de la morenista Ernestina Godoy.
Se trata, en suma, de tres reformas distintas que persiguen un mismo fin: dar más poder al poder.
Javier Martín Reyes. Investigador en el II-UNAM y en el Instituto Baker.
X: @jmartinreyes.
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