Somos México —el proyecto en el que confluyen personalidades como Cecilia Soto, Guadalupe Acosta Naranjo o Emilio Álvarez Icaza— ya cuenta con registro como partido político nacional. Lo que no tiene, por increíble que parezca, es permiso para llamarse Somos México. En una decisión inexplicable en términos jurídicos, el Consejo General del INE le otorgó el registro y, acto seguido, le ordenó cambiar de nombre. Se trata, como intentaré mostrar, de una decisión ilegal, arbitraria y absurda. Las tres cosas —y en ese orden—.
Comencemos por lo más elemental: ¿qué dice la ley sobre el nombre o denominación de los partidos políticos? La Ley General de Partidos Políticos señala que es obligación de los partidos “[o]stentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes” (artículo 25, numeral 1, inciso d).
La disposición es tan clara como acotada: prohíbe a los nuevos partidos usar un nombre “igual” o “semejante” al de un partido existente. ¿Tenía el INE, por tanto, la facultad de negarle a Somos México el uso de esa denominación? Por supuesto que sí. Pero para ejercerla debía hacer una de dos cosas: o demostrar que hoy existe otro partido político con el nombre de “Somos México”, o demostrar que hoy existe un partido con un nombre semejante a “Somos México”.
Sucede, sin embargo, que el INE hizo otra cosa. Según se lee en el proyecto de resolución, el Consejo General razonó que el nombre “Somos México” podía “incidir en el electorado a considerar [sic] que la organización representa o encarna a México en su conjunto, excediendo la función meramente distintiva que debe cumplir el nombre de una organización política y proyectando una idea de representatividad nacional, lo que probablemente favorecería indebidamente a quien la ostenta, en contravención de los principios de equidad electoral [sic]”.
Dicho en términos llanos —traduciendo el abigarrado abogañol y pasando por alto los tropiezos de redacción—: para el INE, la denominación “Somos México” vulnera el principio de equidad porque transmite la idea de que este nuevo partido representa a “la totalidad de la nación mexicana”, lo cual podría reportarle un beneficio indebido. Y de ahí, sin más escalas, concluyó que se vulneraba el inciso d) del numeral 1 del artículo 25 de la Ley de Partidos.
Es una decisión insostenible por donde se le mire. Es ilegal, en primer lugar, porque el precepto invocado prohíbe dos cosas —los nombres iguales o semejantes a los de partidos existentes— y el INE jamás demostró, porque no podía demostrarlo, que existiera un partido llamado “Somos México” o algo que se le parezca. La propia resolución lo confiesa sin querer: enumera cinco partidos que llevan la palabra “México” en su nombre y, al no encontrar semejanza con ninguno, tuvo que cambiar de regla a mitad del camino. El problema para el INE no fue la existencia de un nombre parecido, sino lo que “Somos México” proyecta —o lo que el INE dice que proyecta—.
Es arbitraria, en segundo lugar, porque el INE no explica en ningún momento cómo, a partir del principio de “equidad electoral”, es posible derivar una norma que prohíbe los nombres que proyectan “una idea de representatividad nacional”. Pueden gustarnos o no las ideas de pertenencia que evoca el nombre de un partido —llámese Somos México, Morena, Movimiento Ciudadano o Acción Nacional—. Pero una cosa es que un nombre no nos guste y otra, muy distinta, que sea ilegal o inconstitucional.
Y es absurda, por último, porque destila un paternalismo insufrible: el que supone que hay que proteger a la ciudadanía de peligros tan temibles como un partido que se llama “Somos México”. Como si las personas no supieran evaluar candidaturas y partidos más allá de un nombre. Como si el árbitro electoral, en vez de enfocarse en los verdaderos problemas de la democracia, pudiera darse el lujo de jugarle al aprendiz de semántica.
Ilegal, arbitraria y absurda. Eso es. Una decisión que debería revertirse sin mayor trámite en la impugnación que Somos México seguramente presentará para defender el nombre con el que nació y con el que la ciudadanía lo conoce. Pero no soy ingenuo. Sé que la última palabra la tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), un órgano que decide más por criterios políticos que jurídicos. Nada garantiza, por tanto, que la impugnación revierta esta burda chicanada. Ojalá me equivoque.
Javier Martín Reyes. Investigador en el IIJ-UNAM y en el Instituto Baker.
X: @jmartinreyes.
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