En materia de narcopolítica, a Sheinbaum y a Morena se les están acabando los pretextos. El caso de Rubén Rocha es un buen ejemplo. Fue Morena quien lo postuló y lo hizo gobernador. Fueron Morena, López Obrador y Sheinbaum quienes lo defendieron a capa y espada durante toda su gestión.
Hoy, frente a las gravísimas acusaciones en su contra, quienes pueden (y deben) dar una respuesta son órganos controlados por Morena. Quien debería investigarlo con seriedad es la Fiscalía General de la República, encabezada por la morenista Ernestina Godoy. Quien podría congelar sus cuentas es la Unidad de Inteligencia Financiera, que también controla Morena. Quienes podrían retirarle el fuero constitucional son el Congreso federal y el Congreso sinaloense, ambos en manos de Morena. Quienes podrían hacerle juicio político son las dos cámaras federales, controladas por Morena. Y quien podría enjuiciarlo es un poder judicial cada vez más capturado y amenazado por Morena.
Y lo que vale para la impunidad del pasado y del presente, vale también para la del futuro. Si para las elecciones de 2027 existe el temor (por demás justificado) de que haya candidatos ligados al narcotráfico, quienes pueden evitarlo tienen nombre y apellido: las instituciones que hoy controla Morena. Controlan los servicios de inteligencia, controlan las fiscalías y controlan los poderes judiciales. Si el Estado mexicano tiene información que sugiere que se han cometido delitos y, aun así, decide no actuar, la responsabilidad recaerá en Morena. De nadie más.
Pero sucede que Morena se está quedando sin pretextos. Y por eso ahora quiere inventar uno nuevo. El nuevo pretexto se llama “Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas”. La lógica es sencilla: como cada vez es más difícil culpar a Calderón, a Peña Nieto o a la era neoliberal, el nuevo chivo expiatorio será el Instituto Nacional Electoral.
La propuesta de la presidenta Sheinbaum es un compendio de absurdos. Pretenden que una comisión integrada por cinco consejeras y consejeros del INE realice un “análisis de riesgos”. Para ello, los partidos políticos podrán enviar al INE el listado de sus aspirantes. Luego, el INE remitirá esa lista “a las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera” (es decir, a órganos que hoy controla Morena). Esas instituciones determinarán entonces si existe o no “un riesgo razonable” (lo que sea que eso signifique) sobre “posibles actividades delictivas”. Eso sí: en un absurdo sorprendente incluso para los estándares legislativos de la 4T, la iniciativa prohíbe expresamente “señalar el asunto del que se derive el riesgo”. Con esa información (que dice que hay riesgo, pero no por qué) los partidos decidirán si postulan o no a sus candidatos.
La trampa es tan obvia como grotesca. Ahora resulta que el INE deberá ser responsable de hacer “análisis de riesgos” a partir de información incompleta y, peor aún, que ya está en manos de órganos que Morena controla: la UIF, la FGR, la Guardia Nacional, etc. Así, si se cuelan candidatos con vínculos con el crimen organizado, ya no será responsabilidad de las policías que controla Morena, ni de las fiscalías que controla Morena, ni del aparato de inteligencia a cargo de Morena, ni del poder judicial que controla Morena. Será culpa del INE y los partidos.
Más que una Comisión de Verificación, lo que urge es que Morena asuma su responsabilidad y deje de evadirla. Ya tuvieron siete años para construir un sistema a su medida; ahora les toca rendir cuentas con él. Porque la narcopolítica no se combate inventándole tareas al árbitro electoral, sino con las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia que ya controla Morena. Si no pueden (o no quieren) usarlas, que por lo menos tengan la decencia de no echarle la culpa al INE. Que no inventen nuevos subsidios a su incompetencia.
Javier Martín Reyes. Investigador en el II-UNAM y en el Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
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