No hay mucho que decir respecto a la manipulación de la masa a lo largo de la historia desde el nacimiento de los medios de comunicación masivos hace un par de siglos. Lo novedoso es la forma de exponer cómo se mueve la opinión pública de un eje a otro, de extremos políticos y sociales en sí. Recientemente vi la película “Loro” de Paolo Sorrentino y Umberto Contarello, que narra la vida de Silvio Berlusconi, personaje más que interesante retratado por el director italiano, en su ficción. De esta obra rescato una escena particular en la que el abuelo Berlusconi le da a su nieto una cátedra de manipulación que aquí parafraseo:
Después de que Berlusconi pisa excremento en el pasto, su nieto lo interrumpe y le dice que ha pisado “caca” con su peculiar acento italiano, a lo que el abuelo responde: no he pisado nada. El nieto reafirma, y el viejo político exclama con una pregunta: ¿sabes lo que el gran Isaac Newton decía?, que las apariencias solo engañan a los mediocres y tú, refiriéndose a su nieto, no eres ningún mediocre. Continúa: tu abuelo nunca ha pisado el excremento y jamás le sucederá; los jardineros que han trabajado la tierra hicieron que brotaran más pedazos de tierra parecidos a la “caca”. Luego de esto, pregunta al nieto si entendió la lección, a lo que el niño responde que sí: que la tierra se parece al excremento. Berlusconi remata: no, la moraleja es que las cosas son lo que tú deseas que sea verdad y depende de tu capacidad de persuasión. Quizá Isaac Newton ni siquiera mencionó esas palabras pero tú me creíste. El niño se queda pensativo, y así las audiencias.
El debate del momento respecto a los derechos de las audiencias que he visto y analizado radica en el escenario pleno del gobierno federal y de los medios de comunicación masiva, sin tener clara cuál es la postura de las audiencias en sí. ¿Dónde están? Por tanto, este debate reproduce un problema clásico y, a fuerza de repetirse, casi invisible: las personas y sus comunidades no participan de él en ninguno de los tres niveles donde en realidad se decide su destino.
Para empezar, no participan en el debate interno del gobierno, donde funcionarios y asesores discuten tanto la redacción de las regulaciones como los alcances de sus propuestas a puerta cerrada. Tampoco participan en el debate a ras de tierra, ese que ocurre entre la gente misma, en la sobremesa o en el grupo de WhatsApp del trabajo, sencillamente porque la mayoría ni siquiera sabe que existe una consulta abierta. Y no participan, por último, salvo como cifra citada, en el debate que se libra en los medios de información, que hablan de las audiencias con una autoridad que nadie les otorgó directamente, error en el que yo mismo incurro. Se supone, sin embargo, que una sociedad sana se reconoce justo por lo contrario. Por el roce cotidiano entre posturas distintas, por la fricción visible del desacuerdo, porque ahí donde relumbra el debate hay, según ha sugerido alguna vez la mejor tradición liberal en voz de Salman Rushdie, la prueba más clara de que la libertad sigue viva. Aquí no hay chispa. Hay tres conversaciones paralelas que casi no se tocan.
Veamos con toda franqueza que puede no ser amigable ni bien recibida: el gobierno (todos los gobiernos) observa un problema y decide por la masa sin preguntarle en la gran mayoría de las veces, bajo la premisa de que gobernar es, entre otras cosas, decidir en nombre de la masa. Por otra parte, los medios masivos actúan conforme a sus propios intereses, comerciales, políticos o de simple supervivencia, que no siempre coinciden con los de quien los escucha o los ve, aunque se presenten como su representación natural. Y la masa se informa por dos vías, la oficial y la mediática, pero vive desinformada de todas formas, porque nunca llegó a enterarse de que el problema, un problema cualquiera, existía o, cuando se enteró, el problema, cualquiera, que se discute en las alturas no es el que a ella le importa. Se puede debatir durante semanas sobre criterios de veracidad informativa, sobre qué distingue una opinión de una nota periodística, mientras la persona a quien esos criterios dicen proteger sigue sin saber que la discusión ocurre, y seguirá sin saberlo incluso después de que termine. El pueblo sabe qué le afecta de forma directa de la misma forma que sabe cuándo le mienten, ese “empirismo” es irrefutable.
La semana pasada, desde el Poder Ejecutivo, se dijo que diversos medios de comunicación no recibían apoyo gubernamental. En términos estrictos, ningún gobierno debería apoyar a un medio para que lo ataque ni para que lo defienda; lo que un gobierno debe apoyar es el trabajo general de información-difusión de logros y avances, de errores y mejoras (a eso corresponden las pautas publicitarias), sin condicionarlo al tono con que ese medio lo trate. Ahora bien, lo digo con algo de experiencia propia: como excoordinador de asesores en una secretaría de Estado, como exdirector de comunicación social de una fiscalía estatal y en un municipio, conozco de cerca cómo operan tanto los medios establecidos como los llamados independientes y los pasquineros de circulación mínima. Todos, sin excepción alguna, presionan para recibir apoyo, unos con más elegancia que otros agresivos a ultranza, algunos con oficios formales y otros con llamadas directas, pero ninguno queda exento de buscar que su medio sobreviva. Quien crea que la prensa mexicana se divide limpiamente entre oficialista e independiente no ha estado del otro lado del escritorio cuando llega la solicitud de publicidad, el reclamo por una nota no publicada o la advertencia velada de que cierto trato editorial podría cambiar si cambia el apoyo. No hay inocentes.
Por otra parte, existe en paralelo otro conflicto que rara vez se nombra con claridad: el que enfrenta al gobierno con la iniciativa privada. El gobierno necesita a la IP para difundir sus logros, porque los canales de comunicación propios del Estado, tanto de televisión como de radio, resultan insuficientes y de frente al tamaño del país y la fragmentación de sus públicos entre plataformas, horarios y regiones. A menos que el Estado construya sus propias redes sociales con alcance real y su propia inteligencia de medios capaz de medir audiencias con precisión, seguirá atado a la iniciativa privada, con la desventaja estructural de solo poder empujar su agenda hasta cierto punto y nunca de forma completa ni en sus propios términos. Esa dependencia es la que explica buena parte de la tensión entre ambos actores: no se trata solo de ideología, como suele presentarse en el discurso público, se trata, de manera mucho más prosaica, de quién controla el canal por el que la información efectivamente llega a la gente. En este sentido, la verdad es maniquea en su usufructo. El gobierno necesita una verdad, una sola vertiente del pensamiento porque ante sus ojos el proyecto de país lo rige todo, pero si esa forma de comunicar se arraiga sin contrapesos ni crítica dialógica el discurso fuera de las huestes del poder gira hacia el autoritarismo.
Ahora bien, dejemos la inocencia fuera de la discusión: la autorregulación, por su parte, arrastra su propia trampa, quizá la más difícil de detectar de todas las que aparecen en este debate. La censura se presenta ahí como un poder suave, casi invisible, cuando un medio o una institución sabe de antemano que existen temas sensibles que conviene no pronunciar, o pronunciar solo a medias. No hace falta, en ese sentido, una orden de tajo para suavizar la escritura o la exposición de un asunto incómodo; basta con el criterio propio, aplicado por adelantado y sin que nadie lo pida en voz alta. Si se cuenta con dos dedos de frente, tanto la IP como el gobierno sabe qué temas torales deben permanecer sino acallados si apacibles para el funcionamiento orgánico de la aparente verdad y la paz sociopolítica. Y es, precisamente, lo que George Bernard Shaw identificó como el propósito último de toda censura, no ya la prohibición ruidosa sino el bloqueo silencioso a cualquier idea capaz de incomodar lo ya establecido, de ahí que él mismo sostuviera que el primer paso de cualquier progreso real fuera, sin más rodeos, retirar esa censura de en medio. En la mayoría de los casos mexicanos de hoy, ese criterio autoimpuesto es, en la práctica, sinónimo de la misma censura que Shaw describía, aunque nadie lo llame así ni figure en ningún expediente. No conviene, entonces, engañarnos con los matices. La censura ha existido, existe y es autoflagelo por temor o instrumentalismo.
Por consiguiente, sobre la verdad, que es lo más relativo que existe hoy en día, escribí hace unas semanas en esta misma columna algo que sigo sosteniendo: opinar sobre política es, en el fondo, opinar sobre el mayor supuesto de falsedad que existe, porque se construyen argumentos sobre una realidad que nunca llega completa, sino siempre mediada y procesada por alguien más. La información con la que contamos no es la verdad, es la versión de la verdad que alguien decidió que mereciéramos recibir. La mentira, hoy, es uno de los motores del discurso político en el mundo entero, y en eso México no es una excepción sino una muestra más de un fenómeno que alcanza a todo sistema político atado a la iniciativa privada para distribuir su información. No exculpo aquí ni a uno ni a otro actor.
¿Y las audiencias? Están preocupadas por subsistir, por sobrevivir, por vivir. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI mostró que en junio de 2026 el 59.8 por ciento de la población adulta consideraba insegura su ciudad, con una brecha de género que persiste: 65.6 por ciento entre mujeres frente a 52.6 por ciento entre hombres. Los espacios donde más temor se percibe son los cajeros automáticos en la vía pública, con 70.3 por ciento, seguidos de las calles, el transporte público y las carreteras. En paralelo, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado encontró que, entre quienes tienen dificultad o mucha dificultad para cubrir los gastos del hogar, 19 por ciento reporta poca o nula satisfacción con su vida. Esas son las preocupaciones reales de la audiencia mexicana: la inseguridad cotidiana y el dinero que no alcanza, no la redacción exacta de un lineamiento sobre veracidad informativa.
Ahora bien, el gobierno informa sobre esos temas, la inseguridad y la economía, y los medios también informan sobre ellos, pero son pocos los ciudadanos que se mantienen lo bastante informados como para contrastar una versión con otra, precisamente porque están ocupados con los datos del INEGI sin saber que son datos del INEGI, es decir, viviéndolos, de forma empírica, como percepción cotidiana y no como estadística. Nadie revisa la metodología de la ENSU antes de sentir miedo en un cajero automático.
Así, que al gobierno le preocupen las audiencias por razones políticas no es, en sí mismo, un error; sería ingenuo esperar otra cosa de cualquier gobierno. La preocupación de los medios, en cambio, está ligada a la subsistencia en buena medida de la que, por supuesto, se desprende la crítica dialógica que comenté, y a lo que pueden informar sabiendo que, tarde o temprano, incomodará al poder en turno. Y lo he dicho otras veces: el propio gobierno debería, en todo caso, censurar en el sentido más literal a sus propios protagonistas, aquellos que devalúan al Estado mexicano en toda su extensión por escándalos ligados presuntamente al crimen organizado.
Algo parecido a lo que describía Shaw ocurre aquí, aunque con una vuelta de tuerca adicional: no hace falta siquiera censurar, basta con que la audiencia nunca llegue a enterarse de que había algo que leer. Y ahí conviene recordar, para cerrar, una idea de Joseph Brodsky que sí merece citarse tal cual porque nada se gana parafraseándola: “hay crímenes peores que quemar libros. Uno de ellos es no leerlos”. El crimen, en el caso mexicano, no es solamente que se discuta cómo regular a las audiencias sin ellas presentes; es que, aun si se les diera la palabra ahora mismo, buena parte seguiría sin enterarse de que hay algo que discutir.
Para finalizar, el argumento político de base de los últimos ocho años ha sido la pérdida de privilegios et al. Si no sumamos a las audiencias reales al debate ni se les informa el supuesto paradigma y problema, eso se contrapone con la libertad de nosotros los mexicanos y a la visión política del movimiento en turno.