Escribí hace algunas semanas que siempre, salvo cuando formamos parte del momento histórico como protagonistas reales, opinamos y reflexionamos con base en la información que conocemos y con aquellos datos que contamos, que pueden o no ser verdaderos sin que lo sepamos. Por tanto, nos guste o no, opinamos desde la suposición del orden de las cosas en nuestro mundo, desde la apariencia en sí. Dicho lo anterior, el tema de las últimas semanas que, en lo personal me parece sospechoso, es el de la censura, “sin serlo”, en México. De la nada se tornó en el tópico de urgencia luego de darse a conocer los diversos audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, además de las acusaciones en contra de otros gobernantes del partido Morena. De pronto la llamada narrativa de consolidación del proyecto de nación actual se fracturó. Respecto a esto, vale la pena el énfasis: las críticas en contra del gobierno y sus protagonistas no se dan por generación espontánea sino por los errores propios de la embriaguez del poder.
Sin embargo, el control por la libertad de expresión siempre es un tema relevante que se lleva al paredón cada dos o tres años. En lo personal, argumentaría, ya que estamos en tiempos de absurdos, que la negación y clasificación de todo tipo de tema incómodo que se resguarda de la opinión pública por cinco o más años atenta no solo contra la transparencia sino también contra nuestra libertad de expresarnos de las ocurrencias o procederes perniciosos del gobierno. ¿Quién censura qué? La pregunta no es retórica: es la que el debate mexicano evita porque su respuesta incomoda a todos los bandos por igual. Ahora bien, el 27 de julio de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, y el lenguaje del anuncio fue, como suele ocurrir en estos casos, impecable. Hay, además, una forma de censura que no requiere regulación ni defensor de audiencias: la que opera desde el símbolo, desde lo que el poder elige celebrar públicamente. Lo expongo más adelante.
Conviene empezar por lo que olvidamos del debate. Los derechos de las audiencias no son una invención del gobierno actual: están en la Constitución desde 2013, se desarrollaron en la ley de 2014, fueron reformulados por una reforma de 2017 que eliminó las disposiciones que sostenían al defensor y a los códigos de ética, y restaurados después de que la Suprema Corte invalidara ese recorte. Por tanto, presentar la consulta actual como si inaugurara un mecanismo desde cero es impreciso. Y comento: es un debate innecesario respecto a otros temas medulares para el momento de crisis económica que atraviesa el país, desde el turismo hasta el consumo.
Lo verdaderamente distinto, pues, no es el derecho que se invoca sino quién queda a cargo de operarlo. La CRT que hoy lo regula sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo, y quedó adscrita a una agencia del Ejecutivo cuya función ha sido señalada por diversos medios como opaca. Sin embargo, todo esto en sí no demuestra intención alguna de censurar nada. Lo que sí describe, con suficiente precisión, es lo que la ciencia regulatoria denomina riesgo de captura: cuando una agencia gubernamental, creada para proteger a los ciudadanos, favorece o se favorece.
Así pues, el argumento con que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida a favor de las audiencias no resiste el escrutinio lógico. Sostuvo que si el gobierno quisiera censurar ya lo habría hecho, poniendo a TV Azteca como ejemplo de una crítica sin consecuencia alguna. No obstante, que un gobierno no use hoy una herramienta que está construyendo no prueba que sea inofensiva, sino únicamente que hoy no le conviene usarla. Recordemos que en abril de 2025, ante críticas al artículo 109 de la misma ley por la censura digital, ofreció modificar la redacción en lugar de precisar sus alcances. Pareciera que el gobierno busca el momento de asestar prohibiciones pero no logra enmarcar el momento preciso.
Para entender por qué el malestar mexicano no es paranoia, vale la pena observar lo que ocurrió en otras democracias que transitaron el mismo camino con vocabularios similares. Los instrumentos jurídicos son distintos en cada caso; el ciclo que producen, en cambio, guarda una similitud que incomoda y que bien valdría que figuras como Arturo Ávila, vocero de Morena, entendieran antes de defender estas regulaciones aludiendo a que en Europa han funcionado, argumento que los hechos desmienten con precisión.
En el Reino Unido, la policía realizó 12,183 arrestos en 2023 por presuntas publicaciones ofensivas, un 58 por ciento más que en 2019, mientras que en el mismo periodo las condenas caían de 1,995 a 1,119. Ese desfase documenta su aplicación en la práctica. El escritor y director inglés Graham Linehan fue arrestado por sus publicaciones críticas contra el activismo trans; meses después, la policía admitió fallas en la investigación e indemnizó al escritor con 25,000 libras. Lo que ese caso revela es la ausencia de freno del poder: el Estado corrige después del escándalo.
En resto Europa, esto es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó una multa contra una mujer austriaca por declaraciones sobre el profeta Mahoma, considerando que incitaban a la intolerancia religiosa, mientras que esa misma jurisprudencia protege sistemáticamente la caricatura satírica de políticos bajo el artículo 10 del Convenio Europeo, reconociendo la exageración y la provocación como elementos esenciales del debate público. Esa asimetría es la misma con la que hoy la Unión Europea desea moderar las plataformas sociales. Si Europa es la medida que propone el vocero de Morena, conviene preguntarse qué nos espera: no un modelo de equilibrio sino uno donde la definición de daño depende de quién la aplique y cuándo.
El caso australiano ofrece, por su parte, el patrón más cercano al debate mexicano. La prohibición para menores de 16 años en redes sociales entró en vigor en diciembre de 2025 con una multa máxima de 49.5 millones de dólares australianos. A mediados de 2026, sin embargo, el propio gobierno admitió un impacto marginal: los adolescentes seguían evadiendo el control con VPN e identidades falsas, y el gobierno respondió duplicando la multa a 99 millones. Lo importante no es la cifra sino que ante una política fallida, la respuesta fue ampliar poderes. Ante el fracaso, más control.
Reconozcamos que los problemas que estas normas extranjeras dicen resolver también son reales. La exposición de menores a contenido dañino y la publicidad encubierta tienen historia y evidencia propia. No obstante, el riesgo más probable en México no es la censura frontal de un medio grande y visible. Es el desgaste lento de medios pequeños y regionales que carecen de recursos para sostener un defensor de audiencias y responder en veinte días hábiles bajo amenaza de sanción que puede alcanzar el uno por ciento de sus ingresos. De ahí que el argumento de la presidenta sobre TV Azteca pierda toda relevancia: la herramienta, en la práctica, rara vez se prueba primero contra quien puede litigar.
Mucho que pensar del tema. El debate debe ser abierto y frontal pero, sobre todo, pertinente, y no lo es porque la cuestión mana de la urgencia de la pérdida del discurso triunfalista del gobierno que ha perdido el foco. El control y la censura debería ser para los integrantes del partido y no para la sociedad ni los medios de comunicación. El problema es la superioridad moral… inexistente.
Ahora bien, esa censura desde el símbolo que mencioné al inicio encuentra su mejor ejemplo no en un lineamiento regulatorio sino en una conferencia mañanera. El 23 de julio de 2026, la presidenta recibió en la conferencia matutina a Armando Toledo Rosas, conocido como “el Bogueto”, figura del género urbano que el gobierno presentó como expresión de la cultura juvenil del país. El gesto dice más sobre el estado de la educación en México que cualquier lineamiento de la CRT. Por una parte, el discurso oficial combate los narcocorridos por su contenido violento. Por otra, encumbra desde el púlpito presidencial a un representante del reguetón (como historia de superación personal), género que en buena parte de su producción comercial cosifica a la mujer y reduce el horizonte aspiracional de millones de jóvenes a la ostentación y el hedonismo sin consecuencias. Existe aquí una contradicción que no es para nada menor.
Afirmo pues que no se trata de un juicio de clase ni de un argumento elitista sobre qué música merece escucharse. Lo que una presidencia elige encumbrar como símbolo de la juventud define, implícitamente, qué tipo de joven aspira a producir. Y cuando ese símbolo proviene de un género que ha construido su mercado sobre el menosprecio sistemático a la mujer, el uso de las drogas y la celebración de una vida que la mayoría de sus oyentes nunca podrá permitirse, el mensaje que llega no es de inclusión sino de conformidad con la mediocridad. El populismo, pues, necesita de esos símbolos culturales, y se entiende su lógica: apelan al pueblo, generan identificación inmediata, producen adhesión emocional. Lo que no calcula, o prefiere no calcular, es el costo de largo plazo. Porque la educación es también libertad de expresión, y esa libertad puede ser anulada, más silenciosamente que con cualquier reglamento, cuando los referentes que el Estado ofrece a las nuevas generaciones reducen el horizonte de lo posible a lo que ya existe.
Para finalizar, recuerdo que el escritor William Golding, autor de “El señor de las moscas”, escribió que la forma de una sociedad depende de la naturaleza ética del individuo y no de ningún sistema político, por más lógico o respetable que parezca. Dicho de otra manera, las instituciones valen lo que valen los sujetos que las habitan. Que desde la presidencia del país se establezca a figuras como el Bogueto como estandartes de la juventud no es un dato cultural menor, es una decisión sobre qué tipo de aspiración merece ser reconocida públicamente. Y esa decisión, en un país con el nivel educativo que tiene México, tiene consecuencias que ninguna consulta pública de la CRT podrá remediar. Adelgazar la cultura es también una forma de censurar el camino de la inteligencia (el contrargumento es que el reguetón es una expresión cultural, y lo es, solo que a decir de sus letras no edifica mucho: Bogueto …“Se pone erótica, ella es bien diabólica. Tú con esa tanguita, mami, tú te ves bien rica”. Y esa censura no necesita lineamientos. Le basta con el aplauso. Me atrevo a decir que apenas un puñado de quienes forman parte de nuestra clase política les permitiría a sus hijos formarse admirando al joven reguetonero.
Por último, no perdamos más el tiempo con la censura, los escándalos continuarán y darán de que hablar… los temas del momento son: la corrupción, el crimen organizado incrustado en la política nacional (el INE acaba de publicar como proceder en esos casos) y la urgencia económica. Los gobernadores corruptos señalados continuarán al mando, es una lástima porque retratan el verdadero cambio y rostro de México, por el momento. Y sin ánimo de censurar: valdría la pena detener tanto las campañas anticipadas como el activismo político que no ayudan a nadie… las palabras no eliminan los hechos.
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