El pasado seis de septiembre de 2026, el partido Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 43,8 por ciento de los votos en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, convirtiéndose en la primera fuerza del estado y produciendo lo que varios medios europeos describieron como un shock continental. Esto, dicho sea de paso, es la culminación de un proceso sociopolítico que lleva al menos una década desarrollándose a la vista de todos, y que la clase política europea prefirió llamar populismo antes que leerlo como lo que es: el síntoma de una sociedad que siente que le están cambiando el país sin pedirle permiso.
Ahora bien, recordemos que en las elecciones federales alemanas de febrero de 2025, la AfD obtuvo el 20.8 por ciento de los votos y 152 escaños, duplicando prácticamente su resultado de 2021 y convirtiéndose en la segunda fuerza del país, detrás de la Unión Democrática Cristiana y la Unión Social Cristiana; y lo que escandaliza al establishment alemán es en la práctica el reconocimiento implícito de que ese partido representa a una porción del electorado que no pueden ignorar y, sobre todo, que no saben dónde enmarcarlo debido a la historia alemana de la Segunda Gran Guerra.
La comparación aquí con el ascenso del nacionalsocialismo en los años treinta es comprensible y en parte legítima, pero requiere matices que perdemos de vista o que pierden de vista algunos columnistas. Lo que comparten ambos fenómenos es el contexto: una sociedad que siente que sus instituciones ya no la representan sino que se degeneran, que el orden que conocía está siendo reemplazado por uno que nadie le consultó, y que los partidos tradicionales son cómplices de ese reemplazo. Lo que distingue al fenómeno actual de los años treinta es que no hay una crisis económica del calibre de la Gran Depresión como detonante único. El malestar de hoy es más difuso y, por eso, difícil de desactivar: alimentado por la percepción de pérdida de identidad, por convertirse en extranjero en el propio país.
Esa percepción tiene una base innegable, el 13 de febrero de 2025, el solicitante de asilo afgano Farhad Noori, de 24 años, embistió con un Mini Cooper a una multitud de manifestantes sindicales en el centro de Múnich, matando a dos personas e hiriendo a 43. Fue sentenciado a cadena perpetua en agosto de 2026. El ataque intensificó el debate político sobre la inmigración y la seguridad pública, y llegó dos meses después del apuñalamiento de Aschaffenburg, en enero de 2025, también protagonizado por un solicitante de asilo afgano, y del atropello del mercado navideño de Magdeburgo, en diciembre de 2024, cometido por un saudí con estatuto de asilo cuyo perfil no era el islamista de los otros dos casos era, de hecho, un activista antislámico con simpatías hacia la propia AfD. La secuencia, con todo, alimentó a la AfD con más fuerza porque era el único partido que confrontaba de manera sistemática los posicionamientos del gobierno alemán sobre inmigración y seguridad.
En ese contexto, Josep Borrell, exministro de Exteriores de Pedro Sánchez y exrepresentante de la Unión Europea, insistió en entrevistas recientes en una idea que ha repetido con distintas formulaciones: Europa no es consciente de hasta qué punto necesita inmigrantes; necesita gente porque (Europa) no se reproduce; y que quien salga a la calle en España compruebe qué ocurriría si todos los inmigrantes tuvieran que irse. La declaración irritó a amplios sectores de la sociedad española y revela con precisión el problema central del debate europeo sobre migración: quienes la administran la justifican exclusivamente en términos económicos y demográficos, como si la pregunta fuera de mano de obra y no de convivencia. Borrell tiene razón en el diagnóstico económico pero no gira hacia el problema político identitario. Europa necesita trabajadores. También necesita saber cómo integrar culturas que en varios aspectos son antagónicas a los valores que el continente dice defender. Que ambas cosas sean verdad es exactamente lo que el debate político progresista se niega a admitir.
El caso del Reino Unido, guste o no, es el espejo en el que miran las sociedades continentales europeas conservadoras. Ciudades como Bradford, Leicester o partes de Birmingham exhiben una transformación demográfica tan acelerada que las poblaciones nativas de mediana y tercera edad sienten literalmente que el barrio, amén de su propia religión y fe, que conocieron ya no existe. Pero ese sentimiento, que las élites académicas (sobre todo) y mediáticas califican de incomodidad irracional, produce votos hacia la derecha para Nigel Farage, para la AfD, para Marine Le Pen, para Giorgia Meloni.
Ese malestar electoral tiene, además, un giro de tuerca: la disputa por el relato en las instituciones que forman opinión pero que intenta alejar al mundo árabe del problema en su protagonismo. Por ejemplo, las escuelas y universidades estadounidenses recibieron más de 1.100 millones de dólares de Qatar y más de 285 millones de Arabia Saudita en 2025, según datos publicados por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Contrario a lo que podemos pensar, esos números no son pura filantropía. Entre 2001 y 2023, recuentos de esa ventana sitúan las donaciones qataríes a universidades angloamericanas en torno a 4.700 millones de dólares, con destinatarios como Georgetown, Carnegie Mellon, Harvard, el MIT, Texas A&M, Yale y Johns Hopkins. Esa financiación está condicionada, en buena parte, a la creación de centros de estudio, cursos y maestrías dedicadas a la promoción de la cultura islámica y a la contratación de profesorado favorable al islam.
Así, la paradoja que esos datos nos presentan es que los regímenes que financian esa penetración académica son los mismos que aplican en sus territorios leyes que la izquierda occidental consideraría medievales en materia de derechos de la mujer, homosexualidad y libertad de expresión. Al Jazeera, controlada por Qatar, produce lo que analistas describen como una propaganda astuta contra los enemigos de Qatar disfrazada de retórica liberal occidental, combinando documentales sobre los males de Israel con cobertura de campañas de derechos transgénero y llamamientos emocionales por los solicitantes de asilo. La incoherencia es usar el vocabulario del progresismo occidental para avanzar una agenda que en sus países de origen lo destruiría en una tarde.
El llamado marxismo cultural, que les recomiendo entender bajo el contexto actual, término que la academia progresista descarta como teoría conspirativa de la derecha, tiene una genealogía verificable. La Escuela de Frankfurt, con pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse, desarrolló en los años treinta y cuarenta la idea de que la emancipación no podría lograrse solo mediante la transformación económica sino que requería una transformación cultural previa. Marcuse, en El hombre unidimensional de 1964, argumentó que la cultura occidental estaba diseñada para producir conformidad y que liberarla requería subvertir sus valores desde dentro.
Esa tesis migró desde la filosofía crítica hacia los departamentos universitarios de humanidades a lo largo de los años setenta y ochenta, produciendo lo que se conoce como teoría crítica aplicada: feminismo interseccional, estudios poscoloniales, teoría queer, deconstrucción de las identidades normativas. Nada de eso es, en sí mismo, ilegítimo como proyecto intelectual. El problema surge cuando esas categorías dejan de ser herramientas analíticas y se convierten en dogmas que no admiten cuestionamiento. Como cuando señalar tasas de criminalidad en ciertos grupos se vuelve racismo antes de que nadie examine los datos. Cuando la academia produce egresados entrenados para detectar opresión en cualquier parte pero incapaces de jerarquizar problemas reales. Cuando señalar la migración como un error es abominable porque prima el sentimiento y no la crítica educada.
Por tanto, ese adelgazamiento del pensamiento crítico es lo que la derecha europea sabe capitalizar. La AfD, el Reagrupamiento Nacional francés, el Partido de la Libertad holandés de Geert Wilders: funcionan como válvulas de escape para una frustración ciudadana acumulada por años por no ser escuchada. La agenda anti-woke de la AfD incluye la promesa de privilegiar la bandera alemana estándar en las escuelas públicas frente a la simbología del orgullo LGBTQ+ y modificar la enseñanza de la historia para reducir el énfasis en el Tercer Reich. Más allá de lo que eso revela sobre el partido, refleja algo sobre su electorado: hombres de todas las edades que sienten que el proyecto cultural dominante los define principalmente por sus fracasos históricos colectivos.
La cultura progresista que impulsó la apertura migratoria en Europa es la misma en su velo político que desarrolló el lenguaje del patriarcado como categoría de denuncia sistemática del comportamiento masculino. Para millones de hombres europeos sin capital cultural suficiente para navegar esos matices, el mensaje que reciben es simple: eres el problema. Y así, la respuesta que dan en la urna no es ideológica sino emocional.
El contraste con América Latina es revelador precisamente porque la diferencia desconfigura la narrativa; esto es, el resurgimiento de la derecha en Europa responde a una defensa de la identidad nacional amenazada por la migración. El de América Latina, con Javier Milei en Argentina como caso paradigmático, responde a la disfuncionalidad económica del Estado y a la rabia contra las élites de izquierda que administraron los recursos públicos durante décadas. Son dos fenómenos que, al confundirlos, produce análisis inútiles para ambos contextos.
Lo que subyace en ambos casos, es la crisis del Estado-nación como formato de organización política. Así, el conflicto Israel-Gaza, la guerra de Rusia contra Ucrania, la tensión en el estrecho de Taiwán y la presión migratoria en Ceuta, todos confluyen en la misma pregunta que el siglo XIX y el XX también se hicieron antes de sus grandes guerras. ¿Quién decide qué territorios pertenecen a qué comunidades, bajo qué valores y con qué autoridad? Hace un siglo esa pregunta produjo dos guerras mundiales. Hoy produce migraciones masivas, nacionalismos reactivos y una desesperanza por la pérdida de identidad regional y nacional. La derecha seguirá avanzando, prestemos atención a sus matices.
La diferencia, en todo caso, con los años treinta, es que hoy la amenaza al orden liberal no viene solo de adentro. Viene también de actores externos que han aprendido a usar el vocabulario del liberalismo para desmantelarlo. Eso hace el problema más complejo. La derecha, que a veces llaman extrema, tiene razón en su diagnóstico de manera parcial: algo está cambiando que nadie pidió cambiar (por ejemplo: ¿quién decidió emascular al hombre?), y quienes debían administrar ese cambio con inteligencia decidieron en cambio llamar fascista a quien lo señalaba. El problema, como siempre, es pensar a contracorriente so pena de ser llamado mediocre porque, en principio, se juzga al hombre entero en lugar de las ideas. Y está en juego, también como siempre, una libertad vuelta absurda pues en aras de ese derecho se torna depravado el disentir político y social. A propósito, el islam ya está en México, hay que prestar atención a su desarrollo y contraste primero como religión, después como identidad social.
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