Gilberto Bátiz García | 09-09-26 | 01:31 |

Pericles desconfiaba de que las palabras pudieran hacer justicia por sí solas a los hechos. Veinticinco siglos después, la evidencia sigue siendo necesaria.

Un año no puede cerrar el juicio sobre una transformación institucional, pero sí permite someterla a prueba: observar su dirección, revisar resultados y reconocer lo que falta por hacer.

A doce meses del nuevo Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral rendimos cuentas.

En ese sentido, la independencia y la rendición de cuentas no se contradicen: se corresponden y fortalecen. Juzgar exige apego a la Constitución y la ley, al margen de presiones o coyunturas.

La independencia tampoco puede significar distancia. Desde sus competencias, los órganos del nuevo Poder Judicial han buscado acercar la justicia a las personas. La Suprema Corte fortaleció su presencia territorial; el Órgano de Administración Judicial abrió 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural; y el Tribunal de Disciplina Judicial instaló seis visitadurías con cobertura nacional.

En el Tribunal Electoral esa orientación tiene un nombre: justicia cercana. Para el TEPJF, una justicia real y verdadera debe escuchar, orientar, explicar y reducir barreras para ejercer los derechos político-electorales.

Entre abril y agosto de 2026, la Defensoría Pública Electoral realizó cinco jornadas itinerantes en cuatro entidades, donde 529 personas recibieron atención más cerca de sus comunidades. Los seminarios Diálogos sobre nuestra democracia, con la ANUIES, reunieron a 1,646 participantes en 24 sesiones en seis regiones del país sobre elección judicial, pueblos indígenas, mecanismos alternativos, inteligencia artificial y plataformas digitales. En esa misma lógica, la Escuela Judicial Electoral cumple una función estratégica al articular formación, investigación y pedagogía pública, y tender puentes con la academia y la ciudadanía.

También avanzamos en vías complementarias para ciertos conflictos. La mediación, la conciliación, la reparación y el diálogo, como ya hemos dicho, no sustituyen a la sentencia ni relativizan derechos; cuando el caso lo permite, amplían las vías para construir soluciones legítimas.

La elección de personas juzgadoras planteó un desafío inédito. El TEPJF resolvió 8 mil 276 asuntos del proceso y construyó criterios sobre voto, candidaturas, neutralidad, paridad y organización judicial. La experiencia dejó una distinción: el voto otorga legitimidad de origen; la función judicial debe construir legitimidad de ejercicio mediante decisiones independientes y técnicamente sólidas.

La inclusión fue otra dimensión sustantiva. La Defensoría especializada registró 78 asuntos tan solo de violencia política en razón de género y la Defensoría Pública Electoral atendió a 929 personas. En sede jurisdiccional, se recibieron 521 asuntos sobre violencia política contra las mujeres y 257 vinculados con elecciones regidas por sistemas normativos internos.

El horizonte será más exigente, desde luego. En 2027 enfrentaremos un proceso electoral de gran dimensión y después continuará la renovación judicial. La inteligencia artificial y las redes sociales elevan la exigencia de explicar mejor nuestras decisiones y actuar a tiempo.

La justicia se vuelve real cuando los derechos pueden ejercerse; cercana cuando disminuyen las barreras para defenderlos; e independiente cuando ninguna presión desplaza a la Constitución. También debe explicar sus razones y someter sus resultados al escrutinio público.

A un año del nuevo Poder Judicial, ese es el estándar con el que debemos medirnos y el que debe orientar lo que sigue.

Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

IG: @gilberto_batiz / X: @gbatizg

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