¿En qué momento permitimos que el derecho a denunciar se transformara en una licencia para extorsionar? Los marcos jurídicos actuales, diseñados bajo la premisa de proteger, han dejado flancos abiertos que permiten abusos sistemáticos.
Hoy, una acusación sin sustento puede arrebatarle a un hombre la custodia de sus hijos, a una mujer su carrera profesional o a un profesor su prestigio, todo antes de que un juez siquiera abra el expediente. Todos recordamos casos como el de Lady Uber: “¡El señor me viene acosando!” ¿Qué habría sido del pobre taxista si no hubiera tenido prendida su cámara?
En tiempos de redes y donde el nuevo diseño social pareciera más apegado a seguir narrativas políticas e ideológicas, nos enfrentamos irónicamente a un fenómeno sombrío que retrocede años de avances y que crece bajo el amparo de la supuesta buena fe procesal, pero con narrativas impuestas. Es ahí donde las denuncias falsas tienen tierra fértil para convertirse en una herramienta destructiva que daña y juzga, bajo la lente de hacer embonar discursos en agendas establecidas.
No es un tema cómodo, pero ignorarlo es permitir que el sistema de justicia se convierta en un mercado de venganzas. El abogado experto David Torres Cadena afirma que, si bien la violencia y la injusticia deben tratarse con un rigor absoluto, existe un reverso tenebroso: "esas acusaciones se convierten en armas que destruyen vidas, distorsionan la verdad y dejan heridas difíciles de sanar".
Recientemente el especialista escribió un libro al respecto: Denuncias falsas, donde menciona ejemplos que vemos a diario en las fiscalías, pero de los que poco se habla en los titulares: la madre que instrumentaliza a los hijos en un divorcio para obtener ventajas económicas, la empleada que, tras un despido justificado, lanza una acusación de acoso como medida de presión, o incluso la figura política que, ante el cuestionamiento de su incapacidad, utiliza la violencia política de género para silenciar a la prensa.
Es especialmente doloroso el caso de las trabajadoras del hogar denunciadas por patrones despechados o el de hombres atrapados en rivalidades románticas y que hacen uso de una denuncia falsa. La maldad, como bien señala el autor, "no tiene una línea exclusiva", no distingue género, clase social ni nivel económico. Es una pulsión humana que encuentra en la lentitud y la opacidad de nuestro sistema judicial el caldo de cultivo ideal.
El peligro más grave de esta tendencia no es solo el calvario del inocente, sino el daño que se le hace a las víctimas reales. Como bien reflexiona el abogado: "Cuando alguien falsea una acusación, pone en jaque la seriedad del sistema legal y en consecuencia, cercena la confianza de quienes saben que necesitan acudir a las autoridades para buscar ayuda".
Cada mentira judicializada es un golpe a la credibilidad de las mujeres que sí sufren violencia y de los niños que sí son abusados. La mentira contamina el pozo de la justicia para todos.
La justicia mexicana, menciona David Torres Cadena, necesita urgentemente una mirada más humana y ética, una que priorice la evidencia sobre el estereotipo. No podemos seguir operando bajo un sistema donde la denuncia falsa se utiliza como una estrategia de extorsión para obtener acuerdos monetarios o beneficios procesales.
El cúmulo de factores estresantes derivados de una denuncia falsa puede incluso exacerbar problemas de salud o desencadenar otros en personas vulnerables en las que la vergüenza, el miedo, la desesperación y la sensación de injusticia pueden ser abrumadoras y llevar a la persona a creer, en caso extremo, que el suicidio es la única salida a su sufrimiento.
En este sentido, expone que la denuncia falsa no debe ser vista como un acto individual, sino como una amenaza que puede desintegrar comunidades, corromper instituciones y minar la confianza en la justicia. La fabricación de delitos es uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema judicial moderno. La evidencia clara, sólida y oportuna, es la mejor arma que tienen los inocentes para vencer esa estrategia de manipulación y para reestablecer la verdad, la justicia y la confianza en nuestro Estado.
Ligado a esto, escribe que la presunción de inocencia no es una mera declaración de buenas intenciones, sino una regla jurídica sólida. Se define como la convicción inicial de que toda persona es inocente de un delito hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable, en un juicio justo y con todas las garantías y respeto a los derechos humanos.
Lo cierto es que en un México donde a menudo se fabrican culpables, se nos olvida que ninguna persona debe ser tratada como tal sin una sentencia firme. Este principio, recogido en el Pacto internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio europeo de Derechos Humanos, es vinculante para los estados que han ratificado estos tratados, porque cuando una denuncia se formula sin pruebas o cuando una autoridad se refiere a alguien como culpable antes de concluya el juicio, se viola directamente este principio.
“A quienes hoy se encuentran bajo el fuego cruzado de una calumnia, les queda un camino difícil pero digno. La recomendación de quienes han estudiado este fenómeno es clara: mantener la calma, actuar con inteligencia emocional y no permitir que la rabia dicte la respuesta. En un mundo de pantallas y juicios sumarios en internet, la rectitud de carácter sigue siendo el escudo más sólido”, afirma el abogado.
Al final del día, el proceso judicial terminará, pero la integridad es lo que queda. Como bien agrega David Torres Cadena "Que tu reputación siempre grite más fuerte que cualquier denuncia falsa". Es hora de que el Estado garantice que así sea, protegiendo la verdad con la misma fuerza con la que busca castigar el delito.
homerobazanuniversal@gmail.com
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