El incidente del alcalde de Metepec, Fernando Flores, ha hecho chisporrotear las redes como esas brujas redondas de garbanzo y pólvora plateada que en otras décadas se hacían estallar en las celebraciones. Nos han llegado decenas de correos donde las palabras prepotencia, soberbia, leyes, cárcel y hasta México fallido, son las que más abundan.
Incluso nos llamó la atención el comentario de una lectora Ana N. que se pregunta si al Fofo Márquez lo condenaron a 17 años de prisión por una golpiza en un estacionamiento, por coherencia de nuestra presidenta y nuestros fiscales, ¿se le debería dar la misma condena al mencionado alcalde y a su cómplice por entrar a golpear a un espacio público con guaruras y armas largas a un ciudadano? En caso de no ser procesados, entonces, menciona nuestra lectora, el Fofo Márquez también debe ser indultado y puesto en libertad, dentro de la lógica de un México con leyes fallidas.
Pero hay algo en este nuevo caso que también ha destapado lo que muchos llaman un “Guarura-Gate”, ¿Cuánto derecho tienen esos sujetos que acompañan a funcionarios y personas de poder estar por encima de las leyes? ¿Quién les otorga esos poderes? ¿Pueden entrar a un espacio público con metralletas a ayudar a su jefe a golpear a un hombre? ¿En qué se diferencian del comando que irrumpió en la vivienda de la periodista Roxana Guzmán para privarla de su libertad delante de su familia?
“A sólo horas, prácticamente, de que secuestraran en Veracruz a la periodista, hecho que ha indignado a todo México, ¿a este sujeto se le ocurre hacer eso en un club deportivo? La presidenta Claudia debe poner cartas en el asunto si quiere que los ciudadanos sigamos creyendo en ella y la apoyemos en el Estado de derecho que tanto pregona”, menciona la lectora Patricia M.
Detrás del absurdo incidente de Metepec se esconde una radiografía bastante tétrica de la seguridad en México. La figura del "guarura" opera en una de las zonas grises más convenientes y peligrosas de nuestro sistema jurídico.
Para entender la gravedad del problema que destapó Metepec y su alcalde entrando con escoltas con armas largas de asalto a un espacio público para golpear y “reestablecer el orden entre ciudadanos”, primero hay que entender qué derechos tienen los alfiles de traje negro que lo acompañaban para envalentonarse así.
Los Escoltas Públicos (del Estado): en teoría asignados para la protección de funcionarios de alto nivel debido al riesgo de su cargo. Sus armas están amparadas por la Licencia Oficial Colectiva (generalmente la No. 41 para el Estado de México) otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a las corporaciones policiales. El problema es que se usan como choferes, mensajeros, paseadores de perros, cargadores de bolsas de compras y, como vimos en Metepec, como brazo ejecutor de prepotencia en conflictos entre particulares.
Los Escoltas Privados: regulados por la Ley Federal de Seguridad Privada y las leyes estatales vigentes. Deben pertenecer a empresas registradas ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sus armas dependen de licencias particulares que, sobre el papel, exigen requisitos estrictos.
El mito del "permiso para matar" no existe según las leyes mexicanas. Ningún escolta, ni público ni privado, tiene derecho legal a atentar contra la vida de otra persona, ni goza de fuero especial ante la comisión de un delito común. La ley mexicana solo reconoce la legítima defensa (con los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad de la fuerza). Si un escolta balea a alguien porque le recordó a su mamacita o golpea a un ciudadano en un club deportivo, comete exactamente los mismos delitos de lesiones, homicidio en grado de tentativa o abuso de autoridad que cualquier mortal. El problema no es el derecho, es la impunidad.
Las lagunas que alimentan la prepotencia en México a menudo nos hacen preguntarnos ¿Por qué estos trabajadores de la seguridad actúan como si la calle fuera su propiedad privada? Porque el marco regulatorio actual es un chiste para ellos y crean su propio ecosistema de creencias y de autoridad.
Aunque existe la Dirección General de Seguridad Privada para vigilar a las empresas del ramo, el control real en las calles es inexistente. Las lagunas legales permiten que policías en activo o guardias privados operen bajo el esquema de "comisiones" o "servicios especiales", difuminando la línea entre lo público y lo privado.
Además, el proceso de obtención de permisos de portación de armas de la SEDENA para empresas privadas es tan burocrático que ha fomentado un enorme mercado negro de escoltas piratas o independientes que portan armas con permisos falsos, de dudosa procedencia o bajo el cobijo de lagunas estatales.
A esto se suma la alarmante facilidad con la que este sector puede coludirse con el crimen organizado, al no haber un rastreo riguroso de quiénes son estos hombres tácticos. Se ha comprobado con numerosos casos ocurridos en CDMX y otras entidades, que las células delictivas utilizan empresas fachada de seguridad privada para blanquear a sus sicarios, dotarlos de uniformes, camionetas y permisos de portación de armas legítimos ante los ojos de cualquier retén policial. El guarura que hoy cuida a un empresario o político, puede ser mañana el jefe de seguridad de un capo. O ¿por qué no? ambos al mismo tiempo.
El caso de Fernando Flores en Metepec no es un hecho aislado, es estadística pura. De acuerdo con diversos registros periodísticos y de organizaciones civiles sobre el uso de la fuerza civil en México, los escoltas se ven involucrados frecuentemente en altercados viales, riñas en centros nocturnos y agresiones a peatones.
Un gran porcentaje de incidentes violentos protagonizados por escoltas inician por un conflicto vial. En los últimos años, las quejas ante comisiones de derechos humanos por agresiones de escoltas vinculados a funcionarios públicos han mantenido una tendencia al alza, resolviéndose en su mayoría con convenios privados o la simple remoción del escolta a otra área, dejando al funcionario intocable.
En opinión del lector Víctor N. estamos ante la urgencia de desarmar la impunidad.
El Guarura-Gate de Metepec nos recuerda que el monopolio de la violencia lo tiene cualquiera, hasta un particular amigo de un alcalde que aprovecha a su séquito armado para cometer un delito de lesiones.
“Urge una reforma profunda que deje de tratar la seguridad privada y los esquemas de protección pública como un privilegio feudal. Necesitamos un Registro Público y Unificado de Escoltas: donde cualquier ciudadano pueda verificar, mediante una matrícula visible en los vehículos o chalecos, si el personal está autorizado y a quién responde, sólo así los ciudadanos podemos tener menos miedo”, menciona nuestro lector.
Otras opiniones incluyen la necesidad de controles de confianza rigurosos y continuos. No basta con una prueba al momento de contratarlos. Se requieren exámenes psicométricos, psicológicos y pruebas antidoping periódicas y sorpresivas, para garantizar que el individuo que porta un arma de fuego no padece de arranques de ira o adicciones.
“Para evitar que estos exámenes sean absorbidos por la corrupción de las instituciones, se debería crear una especie de alcoholímetro para guaruras, es decir unas carpas en avenidas principales de acceso a zonas estratégicas como Lomas de Chapultepec, Pedregal, etcétera, para pararlos y obligarlos a hacer ahí los antidoping, todo grabado y documentado con resultados al momento”, menciona nuestro lector Luis N.
Añade que a esto se debería actualizar una Auditoría de Antecedentes Penales Blindada: Un filtro estricto que impida que personas con historial de violencia doméstica, lesiones o vínculos con el crimen organizado operen bajo el amparo de una placa o un traje oscuro.
Sin duda todas éstas son demandas legítimas que nos comparte la ciudadanía, pues mientras no se legisle y se aplique la ley con severidad, los ciudadanos seguirán a merced de alcaldes y sus comandos personales, pudiendo ser golpeados en la vía pública como lo fue el caso de Lord Ferrari o incluso muertos en separos de cantinas como ocurrió en el indignante caso de La Polar. Ya veremos si nuestra presidenta presiona para hacer de este caso un ejemplo… o si de plano, como menciona nuestra lectora, libera, por coherencia, al Fofo Márquez.
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