A casi un año de iniciar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, no hay señales de que haya llegado a Tamaulipas la creación de Unidades Antiextorsión locales o detenciones mediante investigación e inteligencia, dos de los cinco ejes operativos de la estrategia. Todo lo contrario, la extorsión tiene de rodillas a los empresarios, mata a las micro, pequeñas y medianas empresas y provoca la pérdida de patrimonio, en palabras del presidente nacional de la COPARMEX; sin que el gobernador Américo Villarreal Anaya o el presidente municipal de Rio Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado hagan algo.
De acuerdo con el Índice de Extorsión de Coparmex (IEC), creado por la confederación patronal apenas el 11 de mayo pasado, en el primer trimestre 2026 se iniciaron a nivel nacional 2 mil 915 carpetas de investigación por extorsión; pero el 97% de los delitos quedaron en cifra negra, es decir, aproximadamente 94 mil 251 delitos de extorsión no fueron denunciados, no solo por temor a represalias del crimen organizado; sino por desconfianza en las autoridades estatales y municipales y la nula obtención de resultados con las denuncias.
En Tamaulipas, la situación es especialmente grave en Rio Bravo y Nuevo Progreso, donde no hay actividad económica o negocio que escape de la extorsión. Cualquiera que produzca, venda o comercie cualquier bien o servicio debe pagar este “impuesto criminal” para no exponer su vida o su familia: bares, tiendas de abarrotes, tortillerías, ganaderos, agricultores, carniceros, gasolineras, panaderías; así quienes forma parte del mercado del pollo, huevo, de la construcción, transportistas, entre muchas otras actividades económicas, ya no pueden operar tranquilamente si no pagan el “cobro de piso”.
En estas poblaciones fronterizas el crimen organizado “surte” a los comerciantes las mercancías para su venta y exige que solo se les compre a ellos bajo amenazas o “multas”. A la tiendita de abarrotes le surte la tortilla, el huevo y la leche con precios exageradamente altos; al del puesto de tacos, la carne, cara y de mala calidad; a las farmacias los medicamentos a precios inflados; y hasta a los dentistas el material para trabajos odontológicos, a precios caros y de pésima calidad. Muchas tiendas OXXO cerraron por no dejarse extorsionar y los laboratorios de medicamento se quejan de que nadie les compra.
En Rio Bravo y Nuevo Progreso, no falta quién se endeude para pagar las cuotas de extorsión, empeñan o venden su patrimonio; si no pagas o no dejas que te surtan mercancía, te obligan a cerrar el local, te amenazan con el secuestro o te queman el consultorio dental, como ha pasado. El comerciante que si paga, sube el precio al kilo de tortilla, al litro de leche, al corte de pelo, a los tacos, a los trabajos dentales, en una cadena interminable que perjudica el gasto de las familias.
La extorsión reconfigura el entorno económico convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para la actividad empresarial y económica. Primero porque al elevarse los costos de operación el comerciante sube sus precios buscando mantener un margen de ganancia y los productos se encarecen; segundo, se pierde el incentivo de la inversión, pues a mayor crecimiento o ganancia, mayor el pago de extorsión y si no hay inversión no hay creación de fuentes de empleo. Con este escenario muchas veces simplemente se opta por cerrar el negocio, se acepta la pérdida de capital y se migra a lugares que ofrezcan mayor seguridad.
Los casos de Rio Bravo y Nuevo Progreso, son solo dos botones de muestra de lo que pasa en muchos municipios de Tamaulipas y ciudades del país, que provoca un efecto de desaceleración económica en los mercados. Recordemos que la región norte de México ha sido históricamente una zona estratégica de la economía nacional, pues concentra una parte significativa del comercio exterior, la industria manufacturera y la inversión extranjera. Por eso, la extorsión no solo es un problema de seguridad pública, sino un factor que incide directamente en el desarrollo económico local y regional.
Para combatirla, las autoridades locales y municipales deben cumplir su obligación de garantizar la seguridad de las personas y la protección de su patrimonio, priorizando la desarticulación de redes criminales vinculadas con servidores públicos corruptos que permiten la extorsión. De otra manera, nunca acabaremos con este lastre que afecta al sector empresarial, las actividades económicas y a la sociedad en general.
Miembro de Número de la Academia Mexicana de Criminología.
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