Si bien aproximadamente el 40% de nuestra energía depende del gas fósil estadounidense, apostar por el fracking no es una decisión soberana. Al contrario, invertir en fracking implicaría agravar la desigualdad y el imperialismo energético. Esto, porque el 60.6% de la energía es consumida por la industria (0.9% de los usuarios), gran parte por la industria exportadora y la maquila. En otras palabras, si gran parte de la demanda energética es para producir productos que se consumen en EE.UU., entonces la apuesta por el fracking es en gran medida una demanda extranjera, no necesariamente una necesidad del pueblo de México.
¿De verdad los mexicanos se beneficiarían de estas inversiones? ¿Qué no la gente ya había votado por una promesa de prohibición? ¿Debemos dejar que un comité científico nombrado por el gobierno decida por todo el país? ¿Qué pasó con la democratización energética?
Además, hoy solo el 8.6% del gas se usa para generar energía en sectores distintos al industrial: el 16.8% del gas es consumido directamente por la industria, 22.6% del gas es consumido directamente por PEMEX y el 52% restante es utilizado para la generación energética que consume la misma industria. Por tanto, si el gas es para la industria, el fracking también.
Por si esto fuera poco, el fracking no podría cubrir la demanda de gas, la cual asciende a 10.8 miles de millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) para 2030. Siendo optimistas, el fracking sólo produciría 1.1 MMpcd para el mismo año, es decir, aproximadamente el 10% de la demanda de gas, del cual aproximadamente solo el 6% se utilizaría para la generación de energía (principalmente para el consumo industrial). Además, se estima que la producción decline drásticamente a partir de 2036 por agotamiento. En otras palabras, el beneficio energético del fracking es mínimo.
En contraste, solo el 18.8% de la energía se genera con fuentes renovables. Esto a pesar de que los costos de los proyectos solares y eólicos son, en promedio, 41% y 53% menores a la alternativa fósil más barata, respectivamente. Es decir, invertir en el fracking tiene un costo de oportunidad directo en renovables que el gobierno de México parece estar dispuesto a asumir, a pesar de tener compromisos climáticos que requieren la desfosilización pronta de la economía.
Esto nos lleva a hablar sobre la insostenibilidad del fracking pues, a cambio de su ínfimo potencial energético, el pueblo de México paga con altos impactos climáticos, atmosféricos, hídricos, sanitarios y otros impactos ambientales.
El fracking tiene niveles de emisiones mayores a los generados por la infraestructura de gas convencional. Se estima que cada pozo de fracking emite entre 348 y 438 toneladas de CO2e. Principalmente, estas emisiones son de metano, un gas de efecto invernadero (GEI) con un potencial de calentamiento 86 veces mayor al del CO2 en un periodo de 20 años. Por lo mismo, para cumplir con las metas climáticas del Acuerdo de París, se ha estimado necesario prohibir el fracking a nivel global.
Aunado a lo anterior, el metano es precursor del ozono troposférico, gas relacionado con medio millón de muertes prematuras anuales a nivel global. En ese sentido, por cada megatonelada de metano evitada, se evitan también 1,430 muertes prematuras. Más de 110 estudios demuestran que el fracking contamina el aire con más de 200 químicos, de los cuales, 61 son considerados peligrosos por representar riesgos sanitarios, como patógenos cancerígenos, benceno y formaldehídos.
Sobre el impacto hídrico, el fracking supone el riesgo de contaminación de los acuíferos con 173 químicos tóxicos, tanto a nivel subterráneo, como superficial. Los riesgos están relacionados con derrames, la perforación directa de pozos de agua, el manejo inadecuado del agua producida y el tratamiento inadecuado del agua tóxica residual.
Además, requiere enormes cantidades de agua para funcionar. En EE.UU. la cantidad promedio de agua utilizada para fracking por cuenca era de entre 3 y 5 millones de galones de agua. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías que permiten mayor profundidad (Monsterfracks), el uso puede llegar a ser de entre 10 y 20 millones de galones por cuenca. De 2011 a 2023, se calcula que en EE.UU. se han utilizado hasta 1.5 trillones de galones de agua para fracking en total. A pesar de ello, se planea llevar a cabo en regiones con un grado de presión hídrica medio (Golfo Norte) y alto (Río Bravo), regiones que ya se han pronunciado en contra del fracking y que tienen un derecho irrestricto a ser consultadas sobre sus recursos hídricos.
Respecto a los impactos sanitarios, más de 120 estudios confirman la relación entre el fracking y problemas de salud pública como cáncer, asma, enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares e incluso, mentales. Se ha documentado que estos impactos han afectado desproporcionadamente a grupos vulnerables como mujeres, personas gestantes e infantes.
Por si esto no fuera suficiente, el fracking ocasiona contaminación del suelo, repercusiones al paisaje, terremotos inducidos, radiación y desmonte. Incluso al término de sus operaciones, los pozos abandonados representan una posible vía de contaminación para el subsuelo y los acuíferos. La relación del fracking con estos impactos no es una estimación personal. Existe un consenso científico en el sentido de que “no se ha encontrado evidencia de que el fracking pueda practicarse de manera que no amenace la salud humana o sin poner en peligro la estabilidad climática de la que depende. (...) La única manera de mitigar el grave peligro para la salud pública y el clima, es la prohibición completa y comprehensiva del fracking”.
Previendo estos impactos, la política energética de nuestro país debe observar los principios de prevención y precaución como garantías del derecho humano a un ambiente sano, consagrado en el artículo 4to constitucional, lo cual debería de llevarnos a prohibir definitivamente el fracking conforme al principio de mejor información científica disponible, algo ya reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que lo que está en el centro es el desarrollo de México, pero debe de ser un desarrollo sustentable y no un desarrollo a cualquier costo. Estamos muy a favor del crecimiento, el desarrollo, la inversión, y la creación de empleos en el país, pero eso debe hacerse en cumplimiento estricto del marco legal aplicable, respetando nuestra riqueza natural, así como los derechos humanos de las personas de las regiones donde los proyectos se pretenden implementar.
*Por Gustavo AlanisOrtega, fundador y director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Alberto Alarcón, Abogado Sr. del CEMDA.