Por más de una década el presidente López fue un ferviente vocero del respeto de la ley y el combate a la corrupción. En su discurso López insistió en que quien gobierna -sea este el presidente, un gobernador o un alcalde- debe ser ejemplo de honestidad y apego a la norma.
El discurso de “honestidad valiente”, junto con su promesa de ver por los sectores socioeconómicos menos favorecidos, le permitió ser el presidente con la mayor legitimidad electoral de los últimos 30 años.
Sin embargo, desde el inicio de su administración, la realidad ha sido otra: en poco menos de tres años ha aumentado el porcentaje de delitos que quedan en la impunidad, ha empeorado la corrupción, se han erosionado las instituciones, se han debilitado los procesos, ha crecido la opacidad, mermado la rendición de cuentas y se han puesto en marcha políticas públicas que violan normas y tratados internacionales, es decir, ha debilitado el Estado de Derecho.
Con base en los reportes de operaciones de las fuerzas armadas en contra de la delincuencia organizada -donde se muestran menores decomisos, menores aseguramientos, menores detenciones de delincuentes que en sexenios anteriores- y con datos de la Fiscalía General de la República (FGR) -donde vemos disminuir año con año el número de carpetas de investigación iniciadas por delitos federales, menos sentencias condenatorias obtenidas y un aumento en el número de personas en penales por uso de la prisión preventiva, que no cuentan con una sentencia-, podemos confirmar que en este sexenio ha aumentado la impunidad.
Tanto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como el World Justice Project (WJP) coinciden en que desde que comenzó el gobierno del presidente López la corrupción ha aumentado. INEGI ha exhibido que la corrupción aumenta en México año tras año, mientras que el WJP presenta un documento anual en el que se evidencia cómo nuestro país ha empeorado en el ranking internacional de corrupción desde que inició esta administración federal.
En el Observatorio Nacional Ciudadano, como en muchas otras organizaciones civiles hemos publicado estudios e investigaciones como “La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024)”; “Un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas”; “Delitos Electorales Y Violencia Política en el contexto de pandemia y crisis sanitaria por covid - 19 en México”, que ponen en manifiesto cómo, a la mitad de este sexenio, nos encontramos con instituciones menos capaces, procesos menos claros -o que de plano no se cumplen-, menor transparencia y con una impartición de justicia a modo.
Asimismo, en 35 meses de gobierno se han puesto en marcha un gran número de políticas públicas que fomentan conductas ilícitas o contravienen lo ratificado en acuerdos internacionales como los “Tianguis del Bienestar” y el “Acuerdo para regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”.
Si bien en el discurso ambas políticas prometen ayudar a las clases más vulnerables del país, se olvida que con ello se incumple lo establecido en acuerdos internacionales como el T-MEC, el Tratado de Paris, las normas de la Secretaría de Salud o del SAT.
¿Qué implicaciones tiene que el gobierno federal debilite -aún más- nuestro Estado de Derecho? Las normas sirven para garantizar que los derechos individuales y colectivos se respeten, para acotar el poder del Estado.
Por lo contrario, si en un país ni el gobierno respeta la ley, los delitos crecen, se impone la ley del más fuerte, la participación ciudadana se ve mermada, la recaudación fiscal disminuye y el país pierde todo atractivo para ser destino de inversión nacional e internacional, es decir, empeora sustancialmente la vida de los ciudadanos.
López y su gobierno debilitan el Estado de Derecho cuando distribuyen productos apócrifos o con partes pirata en los Tianguis del Bienestar. Con ello ponen en juego la salud de los ciudadanos y violan el principal tratado comercial de nuestro país -el que expresamente establece que todo producto pirata asegurado debe ser destruido-.
Cuando el gobierno federal acuerda regularizar los carros que ingresaron ilegalmente al país debilita el Estado de Derecho ya que este acuerdo permite el crecimiento del contrabando, incrementa los riesgo para la seguridad vehicular, la salud pública, el bienestar del medio ambiente, al tiempo que ataca un sector clave para la economía nacional e incumple con tratados internacionales.
Es un retroceso del imperio de la ley toda vez que los fuerzas federales dejan de actuar contra el narcotráfico; de igual manera lo es cuando la FGR deja de investigar la interferencia de la criminalidad en las pasadas elecciones o los casos de corrupción de familiares del presidente. Este ataque al Estado de Derecho lo único que logra es fortalecer a la delincuencia organizada, favorecer el crecimiento de la delitos y corrupción, debilitar las instituciones, aumentar la opacidad, poner en peligro la seguridad de los ciudadanos y la gobernanza del país.
López y su administración recorren un camino peligroso: al debilitar aún más nuestro Estado de Derecho, al desmantelar instituciones y violar la ley, veremos aumentar la pobreza, la marginación, la desigualdad, la delincuencia y la violencia.
Al debilitar aún más el Estado de Derecho el gobierno federal impulsa que el pacto social se rompa, que crezca la corrupción, que impere la ley del más fuerte y que los más vulnerables queden en la total indefensión. Cabe recordar que todo ello es exactamente lo que López, por más de una década, prometió combatir.
@frarivasCoL
