En los últimos meses el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo asestaron duros golpes a los derechos humanos de todos los mexicanos.
Primero construyeron una mayoría artificial en las cámaras que les permitió reformar al Poder Judicial y luego apoderarse de éste -mediante una supuesta elección popular plagada de irregularidades, que le permitió a muchos personajes afines al régimen integrar el “nuevo Poder Judicial”-, luego eliminaron instituciones autónomas clave para ejercer contrapesos al poder y sostuvieron a una militante del partido oficialista como titular en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -aún cuando su desempeño al frente de dicha institución ha sido señalado en reiteradas ocasiones como ineficiente y sumiso al poder-.
Todo ello permitió aprobar reformas y resolver controversias constitucionales que en otro momento hubiesen sido consideradas inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Cuáles son esas reformas y qué implicaciones tienen para la libertad y los derechos de todos los mexicanos? La reforma a la prisión preventiva oficiosa, la reforma a la ley de amparo y la suspensión de la garantía constitucional de que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, al otorgar la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas ante la simple sospecha de movimientos irregulares y sin algún control judicial.
Expresado de otra manera, en un contexto donde una parte importante de los jueces, magistrados y ministros se someten a los intereses de régimen y -no a la búsqueda de protección de los derechos ciudadanos-, donde la norma ahora permite primero arrestar y bloquear el capital de una persona, sin necesidad de presentar evidencias, sin necesidad de alguna autorización judicial, para luego averiguar si este es inocente o culpable, cualquier ciudadano corre el riesgo de perder su libertad y/o su patrimonio, por la simple voluntad de algún poderoso.
Ante los cuestionamientos por dichas reformas, la presidenta Sheinbaum llamó a la calma y aseguró que tales medidas tienen como objetivo combatir al crimen organizado y no perseguir a algún adversario político.
Sin embargo, un análisis cuidadoso y objetivo permite entender que la suma de las decisiones y acciones que este gobierno implementó, sí son una franca violación a nuestros derechos.
El Estado en su conjunto configuró un escenario donde un adversario político, un ciudadano incómodo, quede indefenso ante cualquier acusa.
Tomemos como ejemplo un caso en donde una persona haya sido sometida a alguna medida cautelar y no pueda acceder a sus recursos económicos para contratar a un abogado ¿qué podría hacer? A mayor razón cuando el sistema se encuentra colapsado y no hay suficientes defensores de oficio -y muchos de los que hay tienen exceso de cargas de trabajo o carecen de los conocimientos necesarios-.
¿Cómo intentar frenar un exceso del Estado si la reforma a la ley de Amparo restringe la capacidad de los jueces para suspender normas generales con efectos generales y limita la suspensión del acto reclamado en casos de bloqueo de cuentas por la UIF?
¿A quién acudir si la CNDH ha demostrado defender las acciones y decisiones de los poderes -cualquiera estas sean- en vez de intentar proteger a los ciudadanos?
Si bien es fácil suponer que la mayoría de los ciudadanos difícilmente podríamos vernos en dicho dilema, lo cierto es que el riesgo es real y posible para cada uno de nosotros.
A lo largo de la historia institucional de nuestro país sobran casos de negligencia que han terminado por destruir vidas, casos que en la mejor de las hipótesis se les ofrece un “disculpe usted”.
Hemos registrado por décadas la fabricación de chivos expiatorios con el fin de encontrar culpables y validar el trabajo de la procuración de justicia.
Por años se ha documentado la persecución política -esa que la presidenta niega y que la Ministra María Estela Ríos, confirmó con un simple “… se da y ni modo…”.
¿Debemos entonces tener miedo de nuestras autoridades? ¡Absolutamente sí! El conjunto de reformas nos pone directa e inmediatamente en riesgo, al tiempo que puede favorecer un ambiente económicamente adverso para el país.
En un país donde se ha perdido completamente la certidumbre jurídica, donde se eliminó el principio de inocencia, donde la carga probatoria ahora queda en el denunciado y no en el denunciante, donde han desaparecido las instancias e instrumentos de protección ¿quién querrá invertir? ¿Quién querrá mantener sus recursos económicos? ¿Quién está dispuesto a correr riesgos?
Recordemos que cualquier empresa necesita liquidez, que ante un posible bloqueo puede rápidamente colapsar -con la subsecuente pérdida de empleos-, a mayor razón si consideramos la ineficiencia y lentitud de los tiempos de la justicia mexicana.
Por ello, debemos decirlo con toda claridad: el camino que el oficialismo y sus huestes emprendieron es el del autoritarismo y ello también generará pobreza y subdesarrollo.
Si queremos retomar el camino de la democracia y alejarnos del diagnóstico hecho por el prestigiado Instituto V-Dem, que define a nuestro país como “una autocracia electoral”, debemos insistir en derogar normas y decisiones de la SCJN, restablecer la autonomía del Poder Judicial, incentivar los contrapesos institucionales y políticos y acotar el poder del Ejecutivo.
Tales acciones parecen muy lejanas hoy, no obstante son posibles, los mexicanos merecemos vivir en un país donde la igualdad ante la ley sea un hecho, donde ningún poderoso pueda abusar y doblar las normas a su conveniencia y donde el principio de inocencia se respete plenamente.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
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