En la Ciudad de México se acaba de consumar un delito donde una serie de acciones negligentes y corruptas pueden impedir el acceso a la justicia para toda una familia.
El pasado 15 de abril Edith, una joven de 21 años acudió -presuntamente- a una entrevista de trabajo que parece, se había acordado mediante redes sociales.
Al llegar Edith envió la ubicación del inmueble donde se llevaría la entrevista a su familia, para después desaparecer.
Pasadas las horas y tras no saber de ella, la familia acudió a la fiscalía capitalina a reportar la desaparición, lamentablemente allí decidieron no actuar, argumentaron que había que esperar 72 horas -algo que es falso según la ley en materia-, les recetaron la famosa frase de “se habrá ido con el novio” e incluso llegaron a solicitarles una dádiva - es decir intentaron extorsionarles- si querían “agilizar el trámite”.
La familia tuvo que bloquear calles y hacer presión ante los medios de comunicación para que finalmente la fiscalía actuara. Tal y como habían informado los familiares, en el lugar encontraron a Edith, sin vida, víctima de feminicidio.
La fiscalía al momento ha continuado cometiendo errores y posibles abusos. Primero intentó declarar haber estado cerca de los familiares de Edith en todo momento, algo que los familiares desmintieron; luego señaló a un joven de 24 años, Juan Jesús, el guardia de seguridad del edificio, como el presunto responsable, con base en evidencias de ADN tanto de la víctima como del presunto responsable; por último anunciaron posibles sanciones administrativas en contra de los funcionarios que entorpecieron la investigación, en vez de actuar contundentemente en contra de funcionarios corruptos.
Si bien podía parecer un caso de mala praxis por parte de la FGJ, donde la justicia llegó tardíamente pero llegó, todo apunta a que el asunto se complicará aún más.
En la primera audiencia, la defensa de Juan José señaló que la fiscalía había voluntariamente omitido pruebas que podían llevar a diferentes líneas de investigación -y por ende a identificar a otros posibles responsables-, que habían torturado al joven guardia con el fin de fabricar un chivo expiatorio y cerrar rápidamente el caso.
Entre las pruebas que la defensa argumenta que fueron ignoradas por la FGJ, se encuentra un video donde aparentemente se puede observar que en el edificio donde ocurrieron los hechos es usado para reclutar forzadamente a jóvenes.
Más allá de dichas evidencias, si la defensa logra demostrar la tortura, todo el caso se vendría abajo por fallas en el debido proceso y si Juan José es verdaderamente el culpable, debería ser liberado y la familia de Edith nunca obtendría justicia.
En resumen, todo mal. En un solo caso, el de Edith, podemos encontrar a una joven que presuntamente estuvo a punto de ser reclutada forzadamente por delincuentes, aparentemente un joven de 24 años cometió un feminicidio en contra de una chica de apenas 21 años; las autoridades mintieron, fueron negligentes, corruptas y puede que hayan cometido tortura, entorpeciendo aún más el posible acceso a la justicia para las víctimas.
¿Qué se debería hacer para que algo así no vuelva a ocurrir? Primero es fundamental emprender un programa que identifique posibles anuncios/ofertas falsas que sirven para reclutar, trata, extorsionar o defraudar. Ello implica el uso de tecnología, una buena captación de información y un sólido trabajo de inteligencia.
Segundo, fomentar y atender las denuncias. En reiteradas ocasiones las autoridades se excusan bajo el argumento “que antepongan su denuncia”, en este caso se asentó la evidencia de que una víctima puede acudir a denunciar y nadie la atiende.
Tercero, construir instituciones sólidas, capaces de investigar, efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
Para ello se debe crecer el personal, mejorar su capacitación, sus condiciones laborales, los insumos e instrumentos que se les otorgan.
Pese a que nada justifica el mal desempeño de una autoridad, lo cierto es que nuestros funcionarios operan con malos salarios, mala capacitación, pobre supervisión, malos tratos, exceso de cargas de trabajo y sin insumos. ¡Claro que ello favorece el mal desempeño y la corrupción!
Cuarto, contrapesos sociales que impidan la mala actuación institucional. Si la familia de Edith hubiese sido menos aguerrida y los medios de comunicación no hubiesen cubierto exhaustivamente el caso, probablemente nadie hubiese hecho algo ante tal caso.
Es triste decirlo, pero probablemente nadie pudo haber evitado la terrible pérdida para la familia de Edith, ella fue víctima de criminales sin escrúpulos que actuaron antes de que cualquiera hubiese podido salvarla. Sin embargo, lo que sí se pudo evitar era la desesperación de una familia que sabía perfectamente cuáles habían sido los movimientos de su hija, que ante la denuncia y solicitud de apoyo no fue escuchada, fue revictimizada y extorsionada.
También se pudo haber sido más cuidados en señalar culpables, en investigar a fondo, respetar los derechos del imputado para así tener un caso sólido, sin vicios.
Me gustaría cerrar afirmando que el caso de Edith es un grave error aislado, pero no puedo. Casos como el de Edith son muchos, ocurren a diario y hacen parte de ese terrible fenómeno que desde el poder se niega e invisibiliza constantemente.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano. @FraRivasCol
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