Cómo suele ocurrir entre países vecinos, México y los Estados Unidos han mantenido una larga colaboración en materia de seguridad.
A partir del crecimiento de los grupos delictivos en nuestro país y la consecuente penetración de su actividad criminal en suelo estadounidense, el gobierno de los Estados Unidos fortaleció dicha colaboración mediante acuerdos y una importante transferencia de recursos a nuestro país.
Gracias a ello se profesionalizaron las policías y procuradurías, -ahora fiscalías-, se adquirió tecnología y equipamiento, se impulsó el empoderamiento ciudadano, se construyeron sistemas de transparencia y rendición de cuentas.
Como toda relación, ésta no era exenta de retos, bondades y dificultades. La indudable desigualdad entre nuestros países favoreció que del lado estadounidense se le exigieran cada vez más resultados a nuestro país -más detenciones, más aseguramientos, más desmantelamientos de grupos delictivos-, sin que de aquel lado de la frontera se trabajase suficientemente para reducir la demanda de drogas o de tráfico de armas hacia nuestro país.
No obstante, la relación fue fructífera y positiva, permitió avances en México por sí solos, no hubiéramos logrado.
A partir del sexenio pasado las cosas se complicaron. La política de seguridad denominada “abrazos, no balazos” favoreció el crecimiento de los grupos delictivos en México, aumentó la impunidad, mermó las capacidades institucionales, debilitó la colaboración entre ambas naciones y permitió el aumento del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
Al arranque de este sexenio las cosas parecían haber cambiado, gracias al nombramiento de expertos en las áreas de seguridad y un evidente cambio en la política de combate a los delitos, se podía suponer que la relación entre México y los Estados Unidos regresaría a ser de colaboración y respeto.
Sin embargo, día a día podemos sumar evidencias que dicha relación se encuentra en una profunda crisis.
Si bien tanto el presidente Trump como la presidenta Sheinbaum se declaran mutuamente una alta estima y afirman que ambas naciones colaboran mejor que nunca, los gestos y otras declaraciones, evidencian lo contrario.
Desde los Estados Unidos se repite que México se encuentra controlado por los narcos, que nuestro gobierno no puede o no quiere combatirlos y que por eso ellos mismos actuarán para frenarles.
Ejemplos puntuales de ello, son la inclusión de 6 grupos delictivos mexicanos en la lista de organizaciones terroristas o el no haber invitado a nuestro país a integrar la alianza regional "Escudo de las Américas" donde 17 países americanos acordaron combatir a los cárteles del narcotráfico y las redes del crimen organizado.
Asimismo, la inédita solicitud de extradición de un gobernador, un alcalde, un senador en funciones y 7 funcionarios más -que pertenecen al partido de la presidenta- parece confirmar que en los Estados Unidos no confían en la voluntad de nuestro país de desarticular las redes que permiten el trasiego de drogas.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum repite una y otra vez que desde los Estados Unidos se intenta influir en “las decisiones soberanas de México” -aunque en la mañanera de este lunes afirmó que ella cree que esa no es la voluntad del presidente Trump, sino de “otras personas”-; convoca a manifestaciones por la unidad nacional; retrasa la entrega de los 10 morenistas solicitados por los Estados Unidos; se suma a un bloque de países anti Trump e incluso mantiene el apoyo a Cuba, pese al rechazo de Washington.
Aún más, desde nuestro legislativo se intentó promover una norma -por demás ambigua- que permitiría anular elecciones en caso de intervencionismo extranjero.
La buena relación entre México y los Estados Unidos es fundamental para ambas naciones -aunque lo es más para nuestro país-.
Una mala relación en materia de seguridad puede afectar la inversión extranjera en México, el envío de remesas o el acuerdo comercial más importante que tenemos, el T-MEC.
Si bien desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se mantiene vigente la colaboración, las declaraciones y acciones de ambos mandatarios, de altos funcionarios de ambos gobiernos y de los legisladores de ambas partes de la frontera, demuestran que la relación no se encuentra en un buen lugar.
Con base en el principio de que es más importante evaluar las acciones de las personas, respecto a sus declaraciones, podemos afirmar que hay una evidente ruta de colisión entre Palacio Nacional y la Casa Blanca que si no se corrige, puede generar un sin fin de consecuencias negativas para ambas poblaciones y ambos gobiernos.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
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