Conviene recordar la magnitud del proceso que se avecina. En 2027 se elegirán los 500 escaños de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y más de mil cargos municipales, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México. A ello habría que sumar, de mantenerse el calendario actual, la segunda etapa de la elección judicial federal —la mitad del total de cargos— y 13 elecciones judiciales locales.

Esta acumulación inédita de procesos no reduce gastos: los multiplica de forma exponencial. Las razones son contundentes.

1.⁠ ⁠Imposibilidad de aprovechar los mismos recursos materiales. Es un error suponer que puede emplearse la misma infraestructura electoral para ambas elecciones. Al tener naturalezas jurídicas distintas, no pueden compartir materiales ni espacios; existen, además, impedimentos legales expresos. Tendrían que instalarse mesas y casillas diferentes, con funciones y reglas de cómputo divergentes. Lejos de ahorrar, ello obliga a duplicar la logística de organización y distribución, así como a ampliar las bodegas para la recepción y custodia de un volumen sin precedentes de papelería electoral.

2.⁠ ⁠Costos de capacitación que no admiten reducción. Tampoco existe ahorro posible en el factor humano. El volumen de trabajo impide que un mismo cuerpo de capacitadores atienda procesos de naturaleza tan distinta. En 2024, el INE contrató a 50 mil personas como CAES y supervisores; en 2025, otras 50 mil para la elección judicial. Para 2027, tendrían que contratarse capacitadores por separado para ambos procesos, lo que proyecta una contratación mínima de 100 mil personas operando bajo presión simultánea.

3.⁠ ⁠Gastos descomunales en material electoral e instalación de casillas. En la elección judicial de 2025 se ejercieron 6,329 millones de pesos, de los cuales 1,055 millones se destinaron a imprimir 600 millones de boletas. Para 2027, sólo la elección política demandará más de 400 millones de boletas adicionales. En conjunto, ambos procesos requerirían al menos mil millones de boletas. La pregunta se impone con fuerza: ¿existe en el país capacidad real de proveeduría para abastecer tal volumen de manera simultánea y con márgenes objetivos de seguridad? La respuesta honesta es que no está garantizada. A ello se suma la instalación de casillas: 170 mil para la elección federal de 2024 y 84 mil para la judicial de 2025. La concurrencia obligaría a montar al menos 240 mil casillas en una sola jornada.

4.⁠ ⁠Costos operativos y administrativos en zona de riesgo. El INE tendría que sesionar bajo dos modalidades irreconciliables: una con representación partidista para las elecciones ordinarias y otra sin partidos para las judiciales. Esa dualidad obligaría a los vocales distritales a recibir, simultáneamente, paquetes electorales de naturaleza distinta, multiplicando la necesidad de personal adicional para garantizar la cadena de custodia y el procesamiento de resultados sin contaminación entre procesos.

5.⁠ ⁠Duplicación presupuestaria sin precedentes. La elección ordinaria de 2024 superó los 8,800 millones de pesos. La judicial de 2025 rebasó los 6,300 millones. Las proyecciones para 2027, en escenario de simultaneidad, arrojan un estimado conjunto superior a 16,900 millones de pesos: prácticamente el doble de cualquier ejercicio reciente, concentrado en un solo día y bajo una sola estructura operativa.

Las cifras hablan por sí solas, y su mensaje es inequívoco: celebrar elecciones paralelas no implica ahorro alguno. Por el contrario, configura un riesgo mayúsculo para nuestra democracia. Compromete la certidumbre del proceso, erosiona su eficacia, amenaza con desincentivar la participación ciudadana y coloca a las instituciones electorales al borde de una tormenta perfecta sin precedentes en la historia democrática del país.

No estamos ante un debate técnico serio sobre una falsa idea de ahorro presupuestal, sino ante una decisión que puede definir si México conserva o dilapida el patrimonio institucional electoral construido a lo largo de tres décadas.

Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

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