Durante la dictadura franquista en España, la Ley 26/1967 introdujo la figura de los procuradores familiares en las Cortes, cuya particularidad radicaba en que su elección dependía exclusivamente de los ciudadanos registrados en el censo como cabezas de familia y mujeres casadas.
De manera paralela, en la Sudáfrica de 1936, se promulgó la Ley de Representación de los Nativos, la cual excluyó a los votantes africanos de la provincia del Cabo de los padrones electorales comunes en los que participaban desde 1854; en su lugar, se confinó a la población negra a un registro segregado para elegir únicamente a tres representantes blancos ante la Cámara de la Asamblea. Esta medida catalizó una tendencia estructural de segregación racial orientada a consolidar el dominio de la minoría blanca y a instrumentalizar el control demográfico.
Ambos casos históricos demuestran que el mito jurídico de un respeto automático y absoluto —supuestamente derivado del derecho natural y de una dignidad humana universal e intemporal— resulta políticamente insostenible. Esta narrativa es promovida a menudo por sectores que ignoran —o instrumentalizan— las profundas asimetrías sociales derivadas de los sistemas políticos y económicos. La historia evidencia que los retrocesos en materia de derechos fundamentales pueden ser sumamente acelerados y fragmentandos.
En efecto, los derechos fundamentales no emanan de abstracciones idealistas, sino de necesidades humanas concretas y vigentes. Su reconocimiento institucional no depende de las teorizaciones aisladas de académicos, sino de las dinámicas de la lucha social. Bajo esta premisa, cuando el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el sufragio universal, libre, secreto y directo, y simultáneamente ordena el establecimiento de un sistema de medios de impugnación para garantizar la constitucionalidad, legalidad y protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, no configura una concesión graciosa del Estado o de las élites oligárquicas. Por el contrario, representa una conquista histórica e institucional del pueblo de México frente al poder.
Fortalecer el paradigma educativo es indispensable para garantizar el ejercicio eficaz de este derecho fundamental, bajo esta premisa, la estrategia debe centrarse en el fomento de la educación cívica desde la infancia. Resulta indispensable que tanto educadores como profesionistas adopten un claro compromiso social; su participación es clave para retribuir a la nación y consolidar de manera permanente el tejido sociocultural de México.
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) @FFuentesBarrera