Para quienes servimos desde la procuración de justicia, la reciente firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Fiscalía General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) el pasado 9 de julio, representa la cristalización de una convicción que he sostenido con claridad desde hace mucho tiempo: las instituciones del Estado mexicano se fortalecen cuando dialogan, no cuando se aíslan.
Durante años, se malinterpretó la autonomía constitucional como sinónimo de distancia o incluso de confrontación. Sin embargo, como he señalado insistentemente, ser autónomos no implica vivir encerrados en nuestras propias trincheras. La independencia que nos otorga la Constitución en cada uno de nuestros ámbitos, es el piso firme desde el cual podemos tender puentes, compartir conocimientos y sumar esfuerzos sin diluir nuestras responsabilidades. Todo ello porque trabajamos para la misma gente, nos debemos al mismo pueblo; es precisamente esa unidad de propósito la que nos exige la coordinación de nuestras capacidades.
Quiero ser enfática en un punto que considero medular: la justicia no comienza en una audiencia ni termina en una sentencia. Comienza mucho antes, en la formación de quienes tenemos el honor de servir al Estado. Por eso me llena de optimismo que este convenio coloque en el centro la investigación jurídica y el intercambio de buenas prácticas. Si queremos juzgados y fiscalías más humanos, debemos empezar por aulas y centros de estudio más rigurosos, con un profundo sentido humanista que ponga siempre a las personas en el centro de la actuación institucional.
El optimismo, sin embargo, debe ir acompañado de una mirada seria a los desafíos que nos aquejan. La inteligencia artificial, la delincuencia organizada trasnacional, los delitos financieros complejos, el doloroso fenómeno de las desapariciones y la violencia sistemática contra las mujeres son monstruos de muchas cabezas. Ninguna institución, por poderosa que sea, cuenta por sí sola con todas las respuestas. Frente a esta realidad, la coordinación no es un lujo, es una necesidad operativa y ética. La firma de este convenio nos da el andamiaje para generar proyectos académicos conjuntos e investigaciones que nos permitan estar un paso adelante.
Desde la FGR, asumo este compromiso con la certeza de que la confianza pública se edifica día a día. La sociedad observa y exige resultados; pero también valora cuando nos ve cooperar con responsabilidad para enfocarnos en lo que realmente importa: la seguridad y la justicia que merecen las y los mexicanos. La coordinación con la SCJN, el OAJ y el Inacipe es una estrategia de Estado para consolidar un sistema de justicia más eficaz y humano.
Hoy doy la bienvenida a este pacto de colaboración. Mañana, el verdadero reto estará en traducirlo a resultados verificables. Estoy convencida de que, con preparación permanente, ética y voluntad, estamos sembrando las bases para que la justicia en México sea más fuerte, más ágil y, sobre todo, más cercana a quienes más la necesitan. La ruta es compleja, pero el rumbo es claro y en ese camino, no caminamos solos.
Fiscal general de la República
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