“En México, la política industrial volvió, pero casi nadie se ha dado cuenta”. Se habla de nearshoring, de semiconductores, de autos eléctricos; se multiplican los foros sobre transición verde y desarrollo regional. Sin embargo, la pregunta de fondo es ¿qué producimos? ¿Cómo, para quién y a costa de qué? Temas que siguen ausentes del debate público.
El pasado 25 de mayo se realizó el foro Nuevas Fronteras para la Política Industrial en México: innovación, gobernanza y transición verde, organizado por el Taller del Oxford-Mexico Co-Lab (iniciativa conjunta entre la Universidad de Oxford y FuturoLab), en el que INEFAM tuvo la oportunidad de participar junto a académicos, exfuncionarios y especialistas de América Latina y que tuvo como sede Ciudad Universitaria (UNAM).
Dicho espacio de diálogo cerró con un conversatorio en el que se abordó, lo que rara vez se discute con franqueza: ¿es posible una política industrial democrática, ecológica y duradera en países como México, Colombia o Brasil? ¿O estamos condenados a repetir ciclos de entusiasmo, documentos brillantes y resultados magros?
La política industrial existente (aunque nadie la haya votado)
En pregunta abierta el público se cuestionó si los ciudadanos votarían por un candidato que proponga una política industrial. El consenso fue claro, no parece tener popularidad un tema tan relevante en un proceso electoral (tal y como ha sucedido en México donde “la salud no genera votos” al no ser de las principales prioridades entre la población).
En la conversación, una de las intervenciones más reveladoras vino de una exviceministra de industria de Colombia, María Fernanda Valdés. Al llegar al gobierno con el encargo de diseñar una nueva política industrial, descubrió algo que en México nos resultaría familiar: ya había una política industrial en marcha, aunque nadie la llamara así.
Regímenes fiscales especiales, zonas francas, incentivos a la inversión extranjera, marcos regulatorios hechos a la medida de ciertos sectores, y una red de intereses empresariales y políticos que orbitaban alrededor de ese arreglo. Todo apuntaba en una dirección muy distinta a la que el nuevo gobierno decía buscar.
La conclusión es incómoda: en América Latina, la política industrial no empieza cuando un gobierno publica un plan con ese nombre. Empieza mucho antes, en los privilegios acumulados, en los incentivos tributarios, en las infraestructuras que se construyen (o no), en los tratados que se firman.
Por eso, la tarea no es solo "diseñar" una nueva política industrial, sino algo mucho más difícil: desmontar la vieja; que es lo que la exviceministra llamó la economía política del desmontaje: quitar privilegios, reorientar apoyos, enfrentar a sectores que han vivido cómodamente del orden anterior, lo que genera resistencias y desfases. En una democracia, eso no se construye por decreto. Se hace —o fracasa— en el terreno pantanoso de la negociación política.
La paradoja democrática
Los datos presentados en el taller son contundentes: si uno mira los últimos cien años de historia económica, más del 70% de los episodios de transformación productiva sostenida ocurrieron en regímenes no democráticos. No es casual que los ejemplos de manual (Corea del Sur en su fase autoritaria, Taiwán, China) provengan de contextos donde el Estado podía imponer prioridades y sostener una estrategia durante décadas sin preocuparse por elecciones o congresos fragmentados.
Las democracias, en cambio, tienden a producir episodios cortos que se interrumpen con cada cambio de gobierno. Cada administración quiere su propia "gran estrategia", desconfía de lo que hizo la anterior y, con frecuencia, desmantela instituciones que apenas empezaban a dar frutos.
Sin embargo, los participantes insistieron en que esta constatación no debe llevar a la nostalgia por el autoritarismo. La pregunta no es si la democracia es más lenta (lo es), sino cómo construir dentro de ella las condiciones para sostener políticas de largo plazo.
Se discutieron tres mecanismos clave: a) consensos básicos entre partidos (como Irlanda, donde fuerzas de derecha e izquierda comparten pilares que no se tocan con cada gobierno); b) coaliciones sociales amplias que vuelvan políticamente ineludibles ciertas demandas; y c) agencias técnicas con autonomía, capaces de ejecutar políticas más allá del ciclo sexenal. En México, la ausencia de una agencia de política industrial con ese perfil es notoria: los esfuerzos están dispersos entre las Secretarías de Economía, Ciencia y Tecnología, Energía, Hacienda, sin un centro de gravedad claro.
Participación: más allá del ritual
La palabra "participación" se ha vuelto omnipresente. El taller fue particularmente crítico con esta moda, y, en este sentido, Sabrina Fernandes, investigadora brasileña lo resumió con crudeza: "consulta" muchas veces significa "te escucho, tomo nota... y sigo con lo que ya estaba decidido".
Desde la experiencia colombiana se propusieron tres criterios para que la participación sea algo más que un ritual: amplitud (no basta con sentar a la mesa a los grandes gremios; hay que incluir a pequeñas empresas, sindicatos, mujeres, jóvenes, territorios excluidos); reconocimiento de las asimetrías de poder (el diseño de los espacios debe compensar las diferencias entre un conglomerado con abogados y cabilderos, y una cooperativa de productoras de cacao); y sustantividad (la gente debe ver qué lo que dice tiene consecuencias reales).
En México, donde la consulta se ha usado tanto para legitimar megaproyectos como para bloquear reformas, esta discusión es urgente. Pero también se advirtió: la participación no puede convertirse en excusa para la inacción.
El elefante verde en la sala
Hay un punto donde la discusión latinoamericana sobre política industrial suele quedarse corta: la ecología. Se habla de "transición verde", pero pocas veces se mira de frente el hecho incómodo: el planeta es un sistema cerrado con recursos finitos.
La investigadora brasileña lo planteó sin rodeos: incluso las tecnologías "limpias" (paneles solares, turbinas eólicas, baterías de litio) requieren minerales que se extraen de algún lugar. Esos lugares, en América Latina, tienen nombre: comunidades indígenas, ejidos, pueblos rurales que se convierten en zonas de sacrificio.
La pregunta que lanzó al aire resuena: ¿para quién son las renovables? ¿Para alimentar centros de datos de gigantes tecnológicos? ¿Para sostener industrias militares? ¿O para garantizar acceso básico a energía limpia en comunidades que hoy viven en precariedad?
México, que se asoma a una fiebre de litio y otros minerales críticos, necesita responder esto. Se propuso un concepto sugerente: soberanía ecológica: no solo producir más dentro del país, sino hacerlo sin profundizar el intercambio ecológico desigual ni crear nuevas zonas de sacrificio.
México: entre el nearshoring y el vacío institucional
Hacia el final del taller, Lorena Rodríguez, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, hizo un diagnóstico que debería preocuparnos. En nuestro país se habla del Plan México, de nearshoring, de aprovechar la relocalización de cadenas de suministro. Distintas dependencias impulsan proyectos con implicaciones productivas. Pero no existe una agencia de política industrial que coordine y dé sentido a ese conjunto de esfuerzos.
El resultado es una política industrial implícita, fragmentada y reactiva: se responde a oportunidades que llegan, se negocian incentivos caso por caso, se improvisan discursos sobre "soberanía". Pero no hay respuesta articulada a preguntas básicas: ¿Qué sectores queremos desarrollar y por qué? ¿Cómo se repartirán los beneficios y costos de esta nueva ola de inversiones? ¿Qué papel jugarán universidades, gobiernos estatales, comunidades?
Si México no formula estas preguntas pronto, otros las responderán por nosotros: corporaciones globales, gobiernos extranjeros, mercados financieros, al falta de articulación institucional como ha sido el caso en las políticas de salud, compras públicas de medicamentos y el interés declarado por el gobierno federal de promover inversión farmacéutica sin lograr aun que los componentes de este ecosistema avance con fundamentos firmes y objetivos en común, como lo hemos señalado en participaciones anteriores en este espacio.
Lo que viene…
Si algo quedó claro es que la política industrial ya no es asunto de tecnócratas encerrados con matrices de insumo-producto. Es el terreno donde se cruzan la disputa por la democracia, la urgencia ecológica, la lucha por empleos dignos y la redefinición de la soberanía en un mundo de cadenas globales fragmentadas y de coordinación interinstitucional.
En los próximos años, México enfrentará decisiones que marcarán una generación: cómo se explotará el litio, qué tipo de industria automotriz queremos en la era del vehículo eléctrico, cómo promover innovación efectiva en el sistema de salud en medicamentos u dispositivos médicos, qué haremos con las regiones que hoy viven del monocultivo o de economías ilícitas.
El Taller del Oxford-Mexico Co-Lab no fue un ejercicio académico más. Fue una invitación y una advertencia: la política industrial está de regreso, nos guste o no. La cuestión es si la dejaremos en manos de unos cuantos, o si la convertiremos en un proyecto de país que trascienda sexenios y genere una visión de país sustentada y realista.
Lo que vendría del futuro, si no hacemos nada, ya lo conocemos: más desigualdad territorial, más dependencia tecnológica, más zonas de sacrificio. Lo que podría venir, si tomamos en serio esta discusión, es otra cosa: un México que decide, con todas sus voces, qué quiere producir y para qué tipo de vida.
La ventana está abierta. No lo estará para siempre.
Director General del Instituto Farmacéutico
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