El artículo 1 de nuestra Carta Magna dice que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Lo anterior lo debemos entender de una manera muy sencilla, los derechos humanos, todos ellos, son y deben ser para toda la ciudadanía, no son excluyentes unos de otros, el gozar y ejercer de un derecho humano no nos puede condicionar a prescindir de otro, son interdependientes e indivisibles.
En este sentido, las autoridades de nuestro país tienen, ante la pandemia provocada por el COVID-19, el gran reto de encontrar la fórmula para proteger y garantizar a la ciudadanía el poder ejercer en los próximos meses el derecho a la salud y el derecho político electoral a votar e incluso el de ser votado.
Pero no nos confundamos, no es responsabilidad de una sola autoridad, se tiene, por el bien de la ciudadanía y de la democracia que trabajar de manera coordinada. A nivel federal el INE y la Secretaria de Salud como órganos rectores tendrán que definir y dictar los procedimientos y protocolos generales, los cuales se deberán de replicar en lo local por los Institutos Electorales en coordinación con las secretarias de salud estatales.
El INE ya conformo un grupo de trabajo de primer nivel del cual seguramente saldrán lineamientos y recomendaciones como resultado de la gran experiencia de sus integrantes, no dudo que también estudien las diversas opciones que propone la OEA en su “Guía para Organizar Elecciones en Tiempos de Pandemia”.
El reto y a su vez objetivo es el de garantizar que el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país, se realice de una manera ejemplar, que se den las condiciones para la participación ciudadana no solo el día de la jornada electoral en las urnas, la participación empieza desde antes, por poner un ejemplo, con la integración de las mesas directivas de casilla.
En las recientes elecciones del País Vasco en España, se dio el caso de que las autoridades tuvieron que prohibir el que algunas personas acudieran a votar por haber dado positivo a Covid-19, so pena de cometer un delito contra la salud.
Lo anterior no puede llegar a pasar en México, no lo podemos permitir si queremos tener unas elecciones confiables y que cuenten con legitimidad, no vaya a ser que los afines a uno u a otro partido político sean los únicos que den positivo o a los únicos que les “detecten” riesgos infecciosos.
Quizá una posible solución que valdría la pena analizar sean las casillas especiales e instalar casillas gemelas, una para ciudadanos en tránsito y otra para casos delicados o especiales por presentar algún síntoma de Covid-19.
El reto es garantizar ambos derechos, el de la salud y el de votar o ser votado, pero, así como ciudadanía tenemos derechos, también tenemos obligaciones, constitucionales y jurídicas, pero sobre todo responsabilidad moral.
Estamos a tiempo de seguir cuidándonos y mantener los nuevos hábitos de cuidado e higiene personal, el reto es también para nosotros como sociedad, no se puede poner el pretexto del Covid-19 para no participar, pero tampoco en sentido contrario, participar poniéndose a uno mismo y a los demás en riesgo, ya es hora de madurar.
