El lanzamiento, el pasado lunes como lo habían prometido, de la Convocatoria a Editoriales Mexicanas a través de la cual la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura federal, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, destinará 50 millones de pesos para la compra de libros que “renovarán” los acervos de algunas de las más de 6 mil 400 bibliotecas públicas que tiene México, llega cargada de una larga lista de requisitos fiscales que deben cumplir las editoriales que pasen a la última ronda, pero también los editores que quieran ser beneficiados por esa “política integral del libro” deberán entregar una “declaración de integridad”, que ya muchos han leído como esa “disposición paranoica” que introdujo el INBAL en sus convocatorias para creadores con “sanidad moral”. Hasta ahora, el sector del libro había quedado fuera de esa disposición porque no recibían apoyo, pero ahora con este pequeño incentivo se impone que para concursar los editores deben comprometerse a solventar una integridad, se sobreentiende, que es moral.

¿Y el rigor de INBAL?

Hace unos días le contamos de las erratas en fichas museográficas del Museo Tamayo. Por esos mismos días, en redes sociales circuló un video sobre un caso similar en el MUNAL, donde por error identificaron que José Clemente Orozco era de Guadalajara, cuando es de Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán. Aunque el museo dijo que corregirá, nos preguntamos qué ocurre con el rigor del INBAL.

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