Los proyectos de infraestructura suelen ser impecables, hasta que el territorio deja de ser un plano en blanco.
Durante años, la lógica fue clara: diseñar bien, cumplir con la norma y avanzar. En ese esquema, las Evaluaciones de Impacto Social se incorporaron en 2014 como un requisito más para proyectos energéticos dentro de un proceso estructurado, técnico y, en apariencia, suficiente.
Hace apenas unos meses, las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE) irrumpieron con un alcance amplio y un nivel de exigencia técnica inédito, orientadas a transformar la manera en que se entienden los proyectos en el territorio. El territorio no es solo el espacio donde ocurre el proyecto. Es el conjunto de personas que lo habitan, lo usan, lo disputan y le dan sentido.
Las nuevas disposiciones profundizan el nivel de detalle con el que se analiza el entorno social, incorporando lecturas más finas de las poblaciones y ampliando el análisis con información financiera y esquemas de beneficios sociales compartidos orientados al desarrollo de capacidades locales.
Pero, una vez pasado el primer impulso, conviene plantear una pregunta más compleja: ¿qué tanto puede lograr un instrumento, por sí mismo, en la construcción de la viabilidad de un proyecto?
Hay algo que conviene decir con claridad: la viabilidad no se define en el documento de impacto social. Se construye, o se pierde, en el territorio.
Las nuevas disposiciones representan evaluaciones más integrales, estratégicas y mejor ancladas en las dinámicas socioterritoriales. Pero incluso el documento más completo, más riguroso y mejor estructurado, sigue siendo eso: un documento.
El problema no está en lo que se pide, sino en lo que esperamos que ese documento resuelva por nosotros. Sigue ocurriendo con frecuencia que los proyectos se diseñan, se modelan y se evalúan sin haber preguntado a quienes forman parte de ese territorio. Se estudia el espacio, pero no siempre se escucha a la gente.
Los proyectos se diseñan en entornos controlados, sobre planos limpios, coherentes y técnicamente impecables. En ese lienzo, cada trazo responde a una lógica precisa. Pero el territorio no es una hoja en blanco: no es vacío, no es neutral, no es técnico. Es profundamente humano.
Cuando los proyectos se encuentran con dinámicas sociales, intereses diversos y condiciones que no siempre coinciden con la lógica del diseño es donde enfrentan sus mayores desafíos: no por fallas técnicas, sino por haber asumido que el diseño era definitivo.
Incorporar la dimensión social implica aceptar algo que no siempre resulta cómodo: que el diseño del proyecto no es un punto de llegada, sino un punto de partida.
Adicionalmente, el trabajo en campo que exige la MISSE permite entender cómo las comunidades interpretan los proyectos desde sus experiencias y referencias culturales. A través de estos procesos se hacen visibles las asimetrías de información, las ideas que no siempre se construyen a partir de información completa y el grado de preparación con el que se enfrentan a consultas previas. Esto no descalifica esas posturas; por el contrario, evidencia la necesidad de procesos más sólidos de gestión social. Porque si bien la MISSE permite entender estas condiciones, es en la gestión social donde se construyen las bases para un diálogo mejor informado.
La aceptación social de un proyecto no se obtiene mediante diagnósticos exhaustivos. Se construye a través de procesos sostenidos de gestión social: en la forma en que se dialoga, negocia y ajusta el proyecto a lo largo del tiempo. La viabilidad ya no puede leerse únicamente en términos técnicos, financieros o regulatorios.
En este contexto, la MISSE por sí misma corre el riesgo de convertirse en una planeación sólida en papel, pero desconectada de la realidad operativa. Su verdadero valor está en su capacidad de activar procesos de gestión social que permitan adaptar el proyecto en el tiempo. Es en esa capacidad de ajuste donde realmente se construye, o se pierde, la viabilidad.
Sin embargo, persiste una paradoja relevante: mientras el sector energético está obligado a incorporar estos enfoques, otros sectores de infraestructura continúan operando bajo esquemas donde la gestión social sigue siendo reactiva, fragmentada o, en el mejor de los casos, limitada a una dimensión reputacional.
La norma existe, pero solo para algunos. Y, sin embargo, el territorio no distingue sectores ni perdona omisiones.
Los conflictos sociales, la oposición comunitaria y los retrasos por falta de aceptación local no son exclusivos del sector energético, sino parte de una realidad transversal a cualquier proyecto que transforma el espacio.
En un entorno donde la certidumbre operativa es cada vez más sensible a factores externos, la MISSE no debería verse solo como una obligación del sector energético. Puede ser una referencia para otros proyectos de infraestructura como una herramienta de anticipación y gestión de riesgos que, si no se atienden, pueden comprometer tiempos, costos y continuidad operativa.
Desde esta perspectiva, la gestión social deja de ser un componente discrecional para consolidarse como un elemento estructural de la planeación. En la práctica, la MISSE genera información crítica, pero es la gestión social la que determina si esa información incide o no en el proyecto. Ahí, los diagnósticos dejan de ser discurso y se transforman en acción: los diseños cambian, las decisiones se tensionan y la viabilidad se pone a prueba.
La diferencia no está en quién cumple mejor con la Manifestación de Impacto Social. Está en quién entiende, a tiempo, que el momento incómodo del proyecto es también el más revelador.
Integrante del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad