Por Felipe Arreguín
El gobierno de México ha abierto la posibilidad de utilizar el fracking (una tecnología que permite extraer el gas y aceite atrapado en rocas del subsuelo mediante su fracturación con agua, sustancias químicas y arena), con el argumento de proteger la soberanía energética, dado que nuestra dependencia de gas de Estados Unidos es de cerca del 75 %, y una vez que en otros países se ha demostrado que la tecnología moderna es más eficiente y menos agresiva con el medio ambiente.
México cuenta con regiones con potencial para aprovechar estos recursos en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y en menor proporción en San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.
Hasta ahora el debate público se ha orientado a posturas ideológicas encontradas, cuando en realidad se trata de un tema que exige rigor técnico, visión de Estado y responsabilidad intergeneracional. Es el momento de abrir un debate sobre agua, energía, territorio, desarrollo, justicia social y soberanía energética.
Para avanzar con sensatez, el país debe estructurar una agenda con al menos diez temas fundamentales, sin los cuales cualquier decisión sería incompleta.
El primero es la seguridad hídrica. El fracking es intensivo en uso de agua, la perforación de un pozo requiere cerca de 25 o 30 millones de litros de este recurso, aunque cabe aclarar que este volumen se utiliza básicamente durante la construcción, y que no necesariamente debe ser potable, puede ser agua tratada e incluso salada, y actualmente se puede reutilizar. México enfrenta ya una crisis estructural en el uso de este recurso en muchas regiones del país. Entonces es necesario definir a nivel local y por cada pozo de dónde provendrá el agua, no puede haber concesiones sin balances hídricos regionales claros que garanticen que el consumo humano, la producción de alimentos y la conservación del medio ambiente están garantizados.
El segundo tema es el riesgo de contaminación y el manejo de residuos. La experiencia internacional muestra que las fallas de los pozos durante la construcción y operación, o la disposición de las aguas residuales de retorno pueden afectar a los acuíferos. El manejo del flujo de esta agua, que contiene sustancias que se agregan al proceso, y compuestos químicos que pueden estar alojados en el subsuelo de donde se explota el gas, exige infraestructura, regulación y capacidades plenamente consolidadas en el país.
El tercer eje es el ordenamiento territorial. Es indispensable definir zonas donde el fracking no deba realizarse, como acuíferos estratégicos, áreas naturales protegidas o zonas urbanas. La planeación del territorio es clave para evitar conflictos y daños irreversibles.
El cuarto punto es el impacto sobre el cambio climático. Durante la construcción y operación de los pozos se producen gases de efecto invernadero, y su combustión es productora de metano, lo cual tiene impacto directo sobre el cambio climático.
El quinto eje es el marco legal y regulatorio. En el año 2012 un grupo integrado por una docena de instituciones, entre ellas la Comisión Nacional del Agua, elaboraron una guía de criterios ambientales para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas; en 2017 se publicaron los lineamientos en materia de seguridad industrial y operativa, y protección al medio ambiente, para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra; y en el año 2022 se publicó un documento para el cálculo de emisiones asociadas a la utilización del fracking. Desde luego que toda esta normatividad deberá actualizarse para que sea acorde con las nuevas leyes en diversas materias relacionadas con el tema, como la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales Modificada.
El sexto tema es la evaluación económica integral. Más allá de los beneficios energéticos, es necesario considerar los costos reales —inversión, operación, tratamiento de residuos— así como las externalidades ambientales y sociales. La comparación con diferentes opciones, como las energías renovables, debe formar parte del análisis.
El séptimo aspecto es el impacto social y la aceptación pública. Los proyectos de fracking suelen generar tensiones en comunidades locales, particularmente en regiones con escasez de agua o presencia de pueblos indígenas. Sin procesos de consulta efectivos, beneficios tangibles y mecanismos de participación, la viabilidad social de estos proyectos será limitada.
El octavo tema es la capacidad técnica e institucional. Regular el fracking, construir la infraestructura, y supervisar todos los procesos (esta actividad debe ser fundamental para México) requiere personal capacitado, sistemas de monitoreo, laboratorios y transparencia en la información. Sin instituciones fuertes para desarrollar estas actividades sería muy riesgoso tomar cualquier decisión en el sentido de su aprovechamiento.
El noveno punto es el impacto energético y la seguridad nacional. El fracking podría reducir la dependencia de importaciones de gas, particularmente de Estados Unidos, y fortalecer la soberanía energética. Pero también podría generar una dependencia prolongada de combustibles fósiles, si no se articula con una estrategia de transición energética adecuada, que impulse la producción y consumo de energía no convencional.
Finalmente, el décimo tema es la experiencia internacional comparada. Países como Argentina han impulsado su desarrollo con resultados económicos importantes; otros, como Francia, han optado por prohibirlo; mientras que el Reino Unido ha impuesto restricciones. México debe aprender de estas experiencias, no replicarlas sin adaptación.
Estos diez temas no son opcionales: son el mínimo indispensable para tomar una decisión responsable. Aprobar el fracking sin este análisis sería técnicamente imprudente. Rechazarlo sin evaluarlo, estratégicamente limitado.
La verdadera discusión no es si el fracking debe permitirse o no, sino bajo qué condiciones podría, en su caso, implementarse sin comprometer la seguridad hídrica, el medio ambiente y el bienestar social. México necesita decidir, pero sobre todo requiere hacerlo con información, responsabilidad y visión de largo plazo, con una matriz energética balanceada que incluya las energías: solar, hidrocarburos convencionales, eólica, hidroeléctrica (incluyendo el rebombeo), gas natural, nuclear, geotermia, hidrógeno verde y bioenergía.
En este contexto, la decisión que México tome no debe ser el resultado de posturas aisladas, sino de un ejercicio colectivo de inteligencia nacional. El futuro energético, hídrico y ambiental del país exige la participación informada y responsable de todos: autoridades, academia, sector productivo y sociedad en su conjunto. Solo a través del diálogo abierto, la transparencia y el compromiso con el interés público será posible construir soluciones que equilibren desarrollo y sostenibilidad. Hoy más que nunca, México tiene la oportunidad de demostrar que las grandes decisiones pueden tomarse con visión, rigor y unidad, colocando siempre en el centro el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
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