Por: Juan Escobedo Vielma
Secretario del Comité de Energía del CICM
En los últimos años, la política económica de México ha modificado de manera sustancial la administración, generación y distribución de sus recursos energéticos. La reforma del año 2013 permitió la participación directa de empresas privadas, pero a partir de los cambios constitucionales de 2024 y con la legislación reglamentaria aprobada a principios de 2025, el país adoptó un esquema con mayor intervención y control estatal.
Hoy en día, el modelo público-privado implementado, opera bajo directrices legales que devuelven a la CFE y a Pemex la categoría de Empresas Públicas del Estado. Esta reestructuración tiene consecuencias directas y medibles para las finanzas públicas, la captación de inversión nacional y extranjera, así como para la estabilidad del suministro eléctrico en todo el territorio nacional. Los efectos técnicos y económicos de esta nueva ley pueden ser interpretados de acuerdo con la óptica de los grupos de interés involucrados en el sector energético: población, industriales, empresarios del sector energético e instituciones estatales.
Para comprender el sistema energético vigente en 2026, es fundamental revisar la cronología de las modificaciones legales recientes. La reforma energética promulgada en 2013 transformó a la CFE y a Pemex en la figura jurídica de Empresas Productivas del Estado, obligándolas a competir en un mercado abierto. Dicha ley fragmentó la estructura de la CFE en múltiples empresas subsidiarias independientes para incentivar la inversión privada y reducir la participación del Estado en la generación de energía. Sin embargo, la administración pasada inició la reversión de este diseño argumentando que el sistema debilitaba a las instituciones públicas y transfería el control de un sector de seguridad nacional a corporaciones privadas. Con las reformas constitucionales de 2024 y las leyes secundarias de marzo de 2025, se estableció formalmente un nuevo marco normativo. La CFE recuperó su estatus de Empresa Pública del Estado y se eliminó la obligación legal de mantener separadas a sus subsidiarias, lo que le permitió reintegrar de inmediato todas sus áreas operativas.
De igual manera, los procesos de suministro y distribución de electricidad dejaron de considerarse monopolios legales, clasificándose ahora como funciones de responsabilidad social exclusivas del Estado. A la par, los órganos reguladores con autonomía técnica, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), fueron disueltos. La Secretaría de Energía (Sener) asumió todas sus atribuciones, centralizando las labores de regulación y planeación del sector.
La ley vigente establece que el Estado mexicano, a través de la infraestructura de la CFE, tiene la obligación de generar al menos el 54 por ciento de la electricidad que se consume en el país. En consecuencia, la participación del sector privado queda limitada a un máximo del 46 por ciento del mercado de generación. Durante los primeros meses de 2026, el gobierno ha canalizado esta inversión privada a través de los Grupos de Desarrollo Mixto. En este esquema de asociación, las empresas privadas aportan capital financiero y tecnología, principalmente en la construcción de proyectos de energías renovables, sin obtener concesiones de propiedad exclusiva sobre las instalaciones o el control de la red. El sector privado y la CFE operan los proyectos de forma conjunta bajo la administración del gobierno. Este mecanismo asegura la construcción de nueva infraestructura para la transición energética manteniendo la titularidad de los proyectos en la jurisdicción del Estado.
El principal beneficio técnico y económico señalado por el gobierno federal es la recuperación de la capacidad de decisión del Estado sobre la planeación y operación del sistema eléctrico nacional. Al garantizar la generación mayoritaria de energía y mantener la operación exclusiva de las redes de transmisión, el gobierno busca que el abastecimiento no dependa de políticas de inversión o fluctuaciones financieras de corporaciones internacionales.
Otro beneficio destacado en la legislación es el enfoque prioritario en la accesibilidad del servicio. La CFE tiene actualmente la instrucción legal de garantizar el suministro en zonas rurales y de establecer tarifas estables para los sectores de la población con menores ingresos. Las licitaciones iniciadas en 2026 concluyeron con la adjudicación de 37 proyectos renovables que suman 7,411 megawatts (MW), equivalentes a una cobertura de 114 por ciento de la capacidad solicitada por la Secretaría de Energía de capacidad de generación renovable al Sistema Eléctrico Nacional, mediante esquemas de inversión mixta, demuestran que el Estado intenta coordinar proyectos de gran escala atrayendo capital privado, pero aplicando sus propias reglas operativas para cumplir con los compromisos ambientales de reducción de emisiones.
Por el contrario, la aplicación de esta normatividad presenta perjuicios y riesgos económicos severos. El impacto negativo más directo es la reducción de las condiciones de libre competencia. La instrucción legal de despachar primero la electricidad generada por la CFE hacia la red, independientemente de su costo de producción, desincentiva a las empresas privadas a instalar nuevas plantas. Al centralizar la generación, existe una alta probabilidad de que la CFE opere con costos de producción elevados e ineficiencias administrativas, cuyas pérdidas tendrían que ser cubiertas mediante impuestos o subsidios públicos. Además, la exclusividad del Estado para modernizar la red de transmisión exige un presupuesto alto; si la CFE no invierte al ritmo del crecimiento industrial, el país enfrentará apagones. En el ámbito internacional, estas reglas exponen a México a demandas comerciales bajo el T-MEC que igualmente presenta infinidad de retos por la política impuesta por Donald Trump de negociaciones duras, afectando la confianza de los inversionistas.
En conclusión, la viabilidad financiera de este modelo dependerá de la capacidad de la CFE para actualizar su infraestructura y generar electricidad sin requerir fondos extraordinarios. El éxito de la política se medirá objetivamente en la calidad del servicio, la disponibilidad y el costo de las tarifas. Si el país incrementa su capacidad eficientemente, el modelo cumplirá su propósito; de lo contrario, la insuficiencia técnica limitará el crecimiento económico nacional.