Mtro. Rafael Guerrero Flores
Coordinador Adjunto del Comité del Agua
Colegio de Ingenieros Civiles de México
En México nos estamos acostumbrando a hablar de la escasez de agua como algo normal, e inevitable; lo atribuimos al Cambio Climático, y la realidad es que periódicamente se presentan ciclos de lluvias y sequías que en ocasiones son severas.
El recurso hídrico del cual se dispone en este país se extrae de fuentes superficiales y subterráneas. La administración del recurso agua a nivel superficial se lleva a cabo a través de 757 cuencas hidrológicas y 51 ríos principales, y a nivel subterráneo mediante 653 acuíferos. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), México recibe anualmente 1,464 miles de millones de m3 de agua en forma de lluvia, el 71.7% regresa a la atmósfera mediante evaporación, el 22% escurre por ríos y el 6.3% restante se infiltra de forma natural al subsuelo y recarga los acuíferos. La diferencia entre las entradas y salidas permiten que el país cuente con 451,585 millones de m3, lo que da una disponibilidad per cápita de 3,569 m3/habitante/año, valor de tipo medio bajo si tomamos en cuenta que el promedio mundial es de 5,390 m3/habitante/año.
México extrae más agua dulce que casi cualquier nación del mundo, ocupando el séptimo lugar a nivel global. Del volumen total extraído, el 76% se emplea en agricultura, sector que destaca por el elevado uso de agua y por su baja eficiencia en materia de riego; el 4.7% se usa en energía eléctrica y el 4.9% en industria autoabastecida. El 14.4% restante se emplea para el abastecimiento público, y es el agua con la que contamos para atender las necesidades de los 133.5 millones de habitantes que vivimos en el país; y a pesar de que el derecho humano al agua está reconocido constitucionalmente desde 2012, millones de personas reciben servicios de agua y saneamiento con bajos estándares de calidad, o bien, carecen de los mismos.
Los diagnósticos de los responsables de los sistemas de agua y saneamiento identifican problemas persistentes como la intermitencia en el suministro de agua (tandeos), baja presión, mala calidad del agua suministrada y servicios de saneamiento insuficientes. Perdemos entre 40% y 50% del agua en fugas como consecuencia de la obsolescencia en las redes primarias y secundarias, y como resultado de la falta de inversiones en la materia; y se estima que solo el 14% de la población recibe agua las 24 horas los 7 días de la semana. Además, México cuenta con un marco legal robusto para regular la prestación de los servicios de agua, sin embargo, aún existe una parte considerable de la población, especialmente en periferias urbanas y zonas urbanas no regularizadas, que recurren a la compra de pipas y de agua embotellada, lo cual tiene un costo muy alto y afecta a los sectores más vulnerables.
Lo anterior pone de manifiesto que la crisis en los servicios de agua y saneamiento no solo es producto de la naturaleza; es consecuencia también de la gobernanza de los mismos. Durante más de dos décadas el país ha repetido el patrón: se reconoce el problema, se anuncian prioridades, se elaboran planes y los avances son insuficientes.
Por mandato constitucional los responsables directos de prestar el servicio de agua y saneamiento son los municipios, y lo hacen a través de los Organismos Operadores. La función de éstos es de gran importancia pagua ara llevar a cabo el complejo ciclo del agua que consiste en la extracción, conducción, bombeos, potabilización, distribución, desalojo mediante la red de alcantarillado, tratamiento de las aguas residuales, y en el mejor de los casos, su reutilización. Realizar lo anterior tiene un costo elevado, y son pocos los casos en que puede ser cubierto con las tarifas que cobran los prestadores de servicios a la población, ya que las mismas responden en buena medida a las condiciones sociales de los usuarios, y no logran reflejar el costo real por operar y mantener los sistemas de agua.
Adicionalmente, los periodos de tres años con los que cuentan las administraciones municipales constriñen el desarrollo de acciones con un mínimo de planeación, y el desempeño de los prestadores del servicio se da inmerso en una alta rotación de mandos directivos, y una limitada capacidad técnica. El resultado es un círculo vicioso en el cual se tienen tarifas insuficientes, organismos operadores financieramente insostenibles, infraestructura con nulo mantenimiento, limitadas inversiones en activos, incremento en fugas, mala recaudación, deterioro del servicio y menor disposición al pago.
México ha destinado miles de millones de pesos al sector hídrico a lo largo de los años, y en el periodo comprendido entre 1999 y 2022, de acuerdo a la información de CONAGUA, en promedio, el 38.6% se ha destinado al rubro de agua potable, el 26.9% al alcantarillado, el 15.9% al saneamiento y el 6.9% en otros aspectos, y solo alrededor del 11.7% al mejoramiento de eficiencias mediante el desarrollo de acciones como detección y reparación de fugas, medición de consumos, facturación, modernización de redes y sectorización.
Destacan 2003 y 2020; en ambos años se invirtieron en el sector agua y saneamiento alrededor de 15 mil millones de pesos a precios constantes. Montos similares, 17 años de diferencia y 22 millones más de habitantes, lo que pone de manifiesto el rezago que existe en materia de inversiones.
México cuenta con enormes áreas de oportunidad, expertos con conocimiento técnico y diagnósticos sólidos y suficientes. El problema de los Organismos Operadores está muy estudiado e identificado. Lo que falta es reconocer los altos costos de los servicios, destinar mayores recursos financieros públicos y privados y construir una gobernanza ad-hoc con la que se preserve el recurso hídrico, se regulen y se garanticen los servicios en beneficio de los millones de personas que aún no tienen agua todos los días.
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