De acuerdo con el Informe de Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), publicado en mayo de 2026, la violencia familiar se confirma como el delito de género de mayor incidencia en México: solo ese mes se registraron más de 25,470 hechos, lo que representa un incremento del 3.9% respecto al año anterior.
La erradicación de estas agresiones es un reto histórico que evidencia la necesidad urgente de reformar un sistema de justicia penal, focalizado en dicho ilícito, el cual, recurrentemente ha sido incapaz de proteger a las víctimas. En este escenario, las estadísticas son alarmantes y los relatos de las mujeres suelen ser desestimados por la falta de evidencias materiales, perpetuando una cultura de impunidad estructural.
Cuando una mujer denuncia hechos ocurridos en la intimidad, donde a menudo no hay grabaciones ni testigos presenciales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la jurisprudencia de la Suprema Corte imponen a las autoridades aplicar un enfoque con perspectiva de género, que otorgue a la declaración de la víctima un valor probatorio relevante.
Las instituciones deben dictar órdenes de protección inmediatas y no condicionarlas a la existencia de pruebas físicas; deben, asimismo, recabar de oficio indicios contextuales para neutralizar las asimetrías de poder y evitar la impunidad. No obstante, los operadores jurídicos frecuentemente desestiman las denuncias por ausencia de vestigios tangibles, generando un entorno hostil que desalienta la denuncia por temor al escepticismo o la revictimización.
Son muchos los testimonios en los que se da cuenta de los obstáculos institucionales y trabas que se presentan ante las autoridades ministeriales para formalizar las agresiones, lo que impide procesar de inmediato el historial delictivo y registrar legalmente un patrón continuo de abuso físico, económico y emocional.
El enfoque excesivamente formalista invisibiliza la realidad de muchas víctimas y sienta un precedente peligroso: la violencia de género queda oculta cuando ocurre fuera del alcance de pruebas materiales accesibles; subordinar la justicia a pruebas físicas alimenta un círculo de silencio y complicidad que favorece al agresor, por lo que es imperativo impulsar reformas legislativas y capacitación transversal y obligatoria en materia de género para el personal ministerial y judicial.
La evaluación del sistema de justicia debe avanzar hacia un modelo empático, integral y garantista, que reconozca la complejidad del abuso doméstico y asegure la dignidad de las mujeres. Esta transformación estructural, respaldada por reformas y capacitación con perspectiva de género, es la única vía para neutralizar las asimetrías de poder y asegurar la dignidad de las mujeres. Es tiempo de mujeres.
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