La crisis de los polinizadores no sólo es un drama ecológico; constituye un vacío en nuestro sistema jurídico. Como sociedad, hemos construido un andamiaje legal robusto para proteger la propiedad privada y el comercio, pero seguimos dejado en la indefensión al trabajador más eficiente del planeta: la abeja.
Las abejas habitan una zona gris del derecho, por una parte se les clasifica como ganado cuando están en colmenas, pero como fauna silvestre cuando vuelan libres. Esta dicotomía complica la responsabilidad ante daños masivos. Si una colonia perece por el uso de pesticidas, el apicultor se enfrenta a un laberinto probatorio casi infranqueable, ante un sistema de responsabilidad civil obsoleto frente a la toxicidad ambiental.
A nivel internacional, el éxito ha radicado en la integración de marcos preventivos. La Unión Europea, mediante la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, implementó evaluaciones de riesgo estrictas que prohíben usos fitosanitarios con efectos inaceptables sobre las abejas, mientras que países como Costa Rica avanzan hacia el principio precautorio, restringiendo neonicotinoides (insecticidas químicos sintéticos) ante la incertidumbre científica.
En México, aunque contamos con la NOM-002-SAG/GAN-2016, ésta se limita a aspectos de sanidad animal, dejando un vacío crítico en la protección frente a la contaminación por agroquímicos y pérdida del hábitat; en LXIV del Congreso de la Unión, se discutió un proyecto Ley Federal Apícola que no prosperó porque, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, quedó congelado en el Senado de la República debido a la falta de consenso presupuestal y a la intensa presión de la industria agroquímica contra la regulación de pesticidas.
La nueva Ley de Fomento Apícola y Conservación de Polinizadores de la CDMX, legaliza la apicultura y protege a especies clave como abejas, mariposas, colibríes y murciélagos para la seguridad alimentaria; sin embargo, su alcance real choca con las facultades federales.
Es necesario transitar hacia la responsabilidad objetiva en el uso de agroquímicos. Si una sustancia es letal para los polinizadores, su uso debe regirse por mecanismos de responsabilidad directa, sancionando con costos de restauración a quienes contaminen ecosistemas compartidos. Esto debe hacerse elevando la protección de los polinizadores a rango de interés público superior, conectando la apicultura con el derecho constitucional a la alimentación y a un medio ambiente sano.
Salvar a las abejas es, en última instancia, un ejercicio de justicia intergeneracional; si el Derecho es un instrumento que regula la sana convivencia y el desarrollo sustentable, no puede seguir ignorándose que nuestra propia supervivencia está ligada a un zumbido que, de silenciarse haría surgir una crisis ecológica y alimentaria global que alteraría profundamente la vida humana y los ecosistemas naturales. Es momento de legislar con la urgencia que la naturaleza nos exige, antes de que el silencio en los campos sea el veredicto de nuestro fracaso.
Es tiempo de mujeres.
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