Por novena ocasión, el Institute for Economics and Peace (IEP) presenta los resultados del Índice de Paz México (IPM). Este informe producido anualmente, nos permite comprender de manera integral el conjunto de violencias que vivimos en México y su intensidad, además de dar seguimiento a la evolución de las principales tendencias en materia de paz y violencia en nuestro país.
Los resultados no son alentadores. A pesar de registrarse una mejora marginal de 0.2% en los niveles nacionales de paz, impulsada por una reducción de 4% en los homicidios; otros indicadores como la violencia de género, las desapariciones y los desplazamientos forzados alcanzaron máximos históricos durante 2021.
Algunas tendencias complementan este adverso escenario, como una alta concentración territorial de la violencia, sobre todo derivada de las disputas entre grupos de delincuencia organizada y cambios en los mercados de drogas ilegales. Además de una clara apuesta del gobierno federal por recurrir a las fuerzas armadas para combatir la inseguridad, mientras las instituciones de seguridad pública y justicia ven reducir sus presupuestos cada año.
Así, en México observamos cómo existen múltiples violencias sucediendo simultáneamente en nuestros entornos. Algunas de ellas se interrelacionan y alimentan mutuamente, pero otras tienen naturalezas y dinámicas distintas. Algunas violencias son claramente perceptibles, como los homicidios y las desapariciones, mientras que otras parecen haberse normalizado, como el machismo, la corrupción y la impunidad.
Una de las claves para superar la crisis que enfrentamos, es lograr una verdadera comprensión de cada una de estas formas de violencia. Esto implica reconocer, por ejemplo, a aquellas que tienen orígenes culturales muy arraigados, pero también las suceden gracias a la debilidad institucional y a la ineficacia de nuestros gobiernos. Similarmente, es necesario distinguir cuáles violencias deben atenderse mediante policía y fuerza pública, y cuáles otras deberán prevenirse desde las escuelas, la economía y la reducción de vulnerabilidades sociales.
Hasta ahora, la mayoría de las respuestas por parte de las autoridades e instituciones se han concentrado en atender (ineficazmente) los efectos inmediatos de las violencias más visibles. Sin embargo, hacen falta abordajes multidimensionales y articulados, que asuman la complejidad de los fenómenos que buscan resolver.
Han transcurrido ya más de 15 años desde que estalló la brutal violencia en nuestro país. Durante este tiempo nos hemos acostumbrado progresivamente a observar formas cada vez más macabras de hacer daño, a ser testigos del dolor ajeno o a lidiar con el propio. También nos hemos acostumbrado a vivir con miedo. Hemos aprendido a vivir en medio de la violencia, pero poco hemos comprendido acerca de ella.
Por eso no sorprende la falta de respuestas efectivas, ya que ni siquiera nos hemos planteado las preguntas que nos acercarían a una comprensión más profunda: ¿Quiénes son las víctimas de las violencias y por qué? ¿Quiénes son los victimarios y qué procesos sociales los generan? ¿Cómo es que México ha producido una generación de hombres que odian a las mujeres, y las golpean, las violan y las matan? ¿Cómo evitamos contagiar a la siguiente generación? ¿Puede el gobierno resolver el gran conjunto de violencias que enfrentamos? ¿Qué efectos de corto y largo plazo tendrán los niveles de victimización que vivimos en México?
Las respuestas a estas y muchas otras preguntas fundamentales favorecerían el diseño de estrategias y políticas públicas que nos permitirían aspirar a condiciones de vida más pacíficas. Sin embargo, y a pesar de identificar la violencia y la paz como desafíos principales para nuestro país, no existen suficientes especialistas, programas académicos, investigaciones o becas, que fomenten un entendimiento más amplio e interdisciplinario de estos fenómenos.
La paz en México solo será posible si se convoca a los diversos sectores sociales, económicos y políticos a colaboraciones que definan rutas claras con objetivos comunes mínimos. Pero ¿quién puede hacer esta convocatoria en el contexto nacional actual de encono y división?
Quizás exista mayor viabilidad en la construcción de agendas locales, convocadas desde liderazgos comunitarios, pero acompañados por instancias nacionales. En varios puntos de la República destacan ejemplos que vale la pena replicar. Diversos espacios de trabajo multisectorial convocados desde las iglesias, la sociedad civil, colectivos de víctimas o el sector privado. Todos tienen en común la práctica del diálogo, la reconstrucción de confianza y la resistencia a la polarización.
El enfoque de Paz Positiva promovido por el IEP fomenta el trabajo vinculado de actores y el fortalecimiento de la resiliencia social como respuesta a las múltiples violencias en un contexto. Esta resiliencia permite a las sociedades y países reponerse más rápido y mejor de las afectaciones por una crisis, ya sea de violencia, económica, por un desastre natural o una pandemia.
¿Cuál es, entonces, la ruta para construir la paz en México? La ruta son muchas rutas, múltiples esfuerzos desde sectores diversos que colaboran y construyen la paz de forma sistémica. Dado que los factores que alimentan nuestra crisis se han desarrollado a lo largo de décadas, los procesos de recuperación tomarán un tiempo similar.
No existen soluciones simples ni rápidas, y en México aún nos faltan muchas cosas por comprender, definir y nombrar.
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El reporte completo puede ser consultado en www.indicedepazmexico.org y www.economicsandpeace.org.
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